Jueves 20 de marzo de 2025
ACTUALIZADO : Jueves 20 de marzo de 2025 a las 8:25 H
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La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula en 1.700 millones de euros el coste para el Estado de las devoluciones del IRPF a mutualistas jubilados. La AIReF ha calculado que las sentencias judiciales desfavorables para los intereses del Estado han supuesto un coste medio de 1.000 millones al año en el periodo 2014-2023. La autoridad fiscal alerta de que, fuera de este periodo se han dictado recientemente otras sentencias desfavorables para las Administraciones Públicas, cuyo efecto se extenderá por el año 2024 y años posteriores. Y entre ellas, destaca precisamente la Sentencia del Tribunal Supremo que da la razón a los pensionistas que cotizaron a las antiguas mutualidades laborales. Con el coste de esta y otras sentencias, la AIReF ha recordado que existen ahora mismo litigios en marcha que pueden resultar a favor o en contra del Estado, que podrían agravar el déficit de los próximos ejercicios.
Estos cálculos aparecen en ‘Opinión sobre riesgos fiscales’, un análisis pionero en España sobre los riesgos fiscales más relevantes para las finanzas públicas, dada la vulnerabilidad de la economía ante perturbaciones inesperadas como la crisis financiera, la crisis de deuda soberana, la pandemia Covid-19, la crisis energética o los conflictos bélicos.
En concreto, la AIReF se centra en los riesgos considerados más relevantes: los macroeconómicos, que tienden a ser los más frecuentes y con mayor impacto sobre las cuentas públicas; los ambientales, cuya frecuencia ha aumentado recientemente; y los de acciones legales contra el Estado.
📢Ya puedes consultar en nuestra web la Opinión sobre los #riesgos fiscales
— AIReF (@AIReF_es) March 13, 2025
Un análisis pionero en #España sobre los riesgos más relevantes para las finanzas públicas:
🔹Macroeconómicos
🔹Ambientales
🔹Acciones legales contra el Estadohttps://t.co/yGYdHmVTsQ pic.twitter.com/640g4yQMlP
La Autoridad Fiscal ha calculado que las sentencias judiciales desfavorables para los intereses del Estado han supuesto un coste medio de 1.000 millones al año en el periodo 2014-2023. En la última década, numerosas sentencias han sido desfavorables para los intereses del Estado, afectando a figuras tributarias como el Impuesto de Hidrocarburos o el Impuesto de Sociedades. También se han planteado litigios relacionados con asuntos no tributarios, como la financiación del bono social eléctrico y la indemnización por la clausura del almacén de gas Castor.
La AIReF detecta errores recurrentes, que son responsables de la materialización de estos riesgos, como el uso "inadecuado" de instrumentos legales, especialmente el Real Decreto-ley, que ha derivado en varias sentencias de inconstitucionalidad, como el caso del Impuesto de Sociedades y la indemnización por la clausura del almacén de gas Castor. Asimismo, el organismo ha advertido de que la "extralimitación normativa" respecto a lo regulado en la ley ha dado origen a dos importantes sentencias, como la del canon hidráulico o la sentencia favorable a Endesa por la retribución de energía.
La AIReF ha alertado de que, aparte de los cálculos para el periodo 2014-2022, se han dictado recientemente otras sentencias desfavorables para las Administraciones Públicas, cuyo efecto se extenderá en los próximos años. Entre ellas, destaca esa devolución del IRPF a mutualistas jubilados, con un coste estimado de 1.700 millones; el tipo autonómico del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (6.500 millones) o la reforma del Impuesto de Sociedades (1.200 millones). Asimismo, la AIReF ha recordado que existen ahora mismo litigios en marcha que pueden resultar a favor o en contra del Estado, que podrían agravar el déficit de los próximos ejercicios.
Todo esto, según el organismo independiente, ilustra la necesidad de que el Gobierno implemente políticas fiscales "prudentes" y adopte estrategias que minimicen la exposición a estos litigios. En concreto, para prevenir conflictos legales, la AIReF ha propuesto al Ministerio de Hacienda o a la administración competente reforzar la evaluación del posible impacto financiero y legal antes de implementar cambios significativos y consultar con organismos europeos o internacionales. Además, para mitigar el impacto de las sentencias, la AIReF propone adoptar una estrategia judicial proactiva, actuando con rapidez para evitar la prolongación de litigios y el incremento de gastos. Y para mejorar la transparencia, la AIReF propone a Hacienda crear una base de datos centralizada que integre toda la información.
La semana pasada publicamos en la @AIReF_es la Opinión sobre riesgos fiscales, un trabajo pionero en #España, en el que llevamos tiempo trabajando y que resulta crucial para asegurar la #sostenibilidadhttps://t.co/nb9VA86fzQ pic.twitter.com/2gA2TMvHaL
— Cristina Herrero Sánchez (@CHerreroSanchez) March 18, 2025
Además de analizar los riesgos más relevantes, el organismo independiente ha analizado el Fondo de Contingencia como principal instrumento para la mitigación de los riesgos fiscales, y ha concluido que el 43% de las partidas financiadas a su cargo no están relacionadas con perturbaciones imprevistas, que es su cometido, "limitando en esa proporción su capacidad para atender gastos verdaderamente imprevistos”.
Según la AIReF, el uso discrecional del Fondo aumenta el riesgo de desviaciones y compromete la transparencia del presupuesto. Por un lado, reduce los recursos disponibles para afrontar riesgos fiscales y, por otro, genera una falta de transparencia en la elaboración de los Presupuestos al no dotar adecuadamente estas partidas desde el inicio.
Esta práctica, según la AIReF, debilita la eficacia del Fondo como herramienta de gestión de riesgos fiscales, restándole margen de maniobra. En este sentido, propone restringir su uso para gastos recurrentes.
