El comienzo del nuevo curso político, escenificado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, proclamando que "la dignidad salarial y laboral también llena la hucha de las pensiones" (y ratificando una vez más que los pensionistas verán sus pagas revalorizadas en 2023 en función del IPC), también trae consigo, de nuevo, el debate sobre un pacto de rentas, que el Gobierno quiere firmar a toda costa para tratar de frenar la inflación disparada, que en agosto alcanza el 10,4% anual; unos niveles de precios que no se sufrían en España desde hace décadas.
Es la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, quien ha reintroducido con fuerza en la agenda política el pacto de rentas, repudiado por los pensionistas y del que recelan empresarios y sindicatos. Lo pidió en julio, volvió a recordarlo públicamente a comienzos y a finales de agosto, y este pasado fin de semana lo ha reclamado, durante una entrevista con La Verdad. "En un contexto de inflación como el actual, la mejor receta es la moderación de los salarios y de los márgenes empresariales, porque así haremos que las tensiones inflacionistas acaben lo antes posible. Una espiral de precios y rentas puede llevar a una inflación más persistente(...). Esta tiene que ser la orientación general. En el caso de los funcionarios, ya hay una negociación en marcha entre la ministra de Hacienda y los sindicatos", ha detallado.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,instó la semana pasada a los representantes de las empresas y los trabajadores a llegar a acuerdos, asegurando que esa es la mejor forma de contener la inflación y al mismo tiempo de mejorar las condiciones de vida del conjunto de la sociedad. En todo caso, según han remachado tanto el presidente como los ministros José Luis Escrivá y Nadia Calviño, las pensiones quedarían fuera de un posible pacto de rentas, ya que el Ejecutivo en bloque ha resaltado que la revalorización de las pagas desde el 1 de enero de 2023 se hará en función del IPC, tal como marca la Ley de reforma.
El pacto de rentas y más medidas de choque se conocerán con bastante probabilidad este miércoles, 7 de septiembre, puesto que la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos comparece en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados. Lo hace a petición propia y con carácter de apremio, para informar de la situación económica de España, acuciada por la espiral inflacionista y en un contexto de máxima incertidumbre por las consecuencias de la guerra en Ucrania. Asimismo, la ministra explicará si se mantiene el cuadro macroeconómico que debe servir de base para los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.
Fuente: INE
De hecho, la presión del Gobierno para contener la inflación ya se está produciendo en varios frentes, como prueba que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, junto con el ministro de Consumo, Alberto Garzón, van a tratar de acordar precios máximos para una cesta de la compra "básica, absolutamente legal y que no vulnere el derecho de la competencia".
En concreto, se trataría de topar el coste de entre 20 o 30 productos, ya que "estamos en guerra, estamos por desgracia en una crisis y tenemos una inflación del 10,4%", ha argumentado la ministra de Trabajo.
Asimismo, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reclamado este lunes responsabilidad al sector de la distribución para que el alza de los precios sea "lo más limitada posible", si bien descarta (al menos por ahora) imponer un impuesto a esta actividad económica. "No creo que sea el caso, en estos momentos, de la distribución, al menos hasta ahora, quiero decir que todos los elementos de la cadena, incluida la distribución, se han comportado de forma correcta. Espero lo haga en un inmediato futuro también", ha señalado.
Lo que piden Banco de España, AIREF, Funcas...
La incertidumbre por la guerra en Ucrania y el alza de los precios lleva a la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) a insistir en que hace falta una política de rentas sensata, que no deteriore la competitividad de la economía. "Y hace falta una política presupuestaria prudente que no magnifique el inevitable aumento del coste de nuestra elevada deuda pública", señaló recientemente Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, mientras que Carlos Ocaña, director general de esta Fundación, advertía de que "las pensiones deberían incluirse en el pacto de rentas dado su fuerte impacto en el gasto".
Al actualizar sus previsiones macroeconómicas para 2022 y 2023, Funcas proyecta una inflación media para el presente ejercicio del 8,8%, es decir, 2,8 puntos por encima respecto a su anterior escenario, y del 5% para 2023, que supone dos puntos superior.
En idéntico sentido, el Consejo General de Economistas de España (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) piden un pacto de rentas que reparta de manera equitativa los costes que esta crisis supone. Se trata, según estos dos institutos de análisis, de llegar a "un acuerdo para limitar la subida de los salarios y los precios. Es importante que los sacrificios necesarios se repartan entre todas las rentas relevantes, incluyendo, en particular, los salarios privados y públicos, las pensiones, los márgenes empresariales y los alquileres".
También el Banco de España, por boca de su gobernador, Pablo Hernández de Cos, reclama a empresarios y sindicatos que alcancen un pacto de rentas ante los efectos de la inflación, al asegurar que la pérdida de riqueza ante este fenómeno "es ineludible". "Lo único que podemos hacer es repartirla", citando específicamente las pensiones entre los elementos que deberían entrar en un pacto de rentas.
Por su parte, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, advirtió hace meses, preguntada sobre un eventual pacto de rentas: "Si no se traslada a las pensiones, probablemente haya presiones para que tampoco se traslade (por lo menos completamente) a los salarios, con lo cual yo creo que es un escenario complejo no trasladarlo a ciertas rentas y sí a otras. Siempre podría haber una traslación más o menos completa o parcial".
Crece el temor a una recesión
En el mes de agosto, la economía española se encaminó hacia el estancamiento, según indica el índice PMI de gerentes de compras del sector servicios, elaborado por S&P Global, al igual que sucede con el índice PMI del sector manufacturero. Según estos expertos, las empresas temen que la inestabilidad y la inflación afecten a los clientes, sumándose esto a la preocupación de que la economía se está dirigiendo a un "invierno de desafíos y una posible recesión".
Pese a que el Gobierno, con Sánchez, Calviño y Escrivá a la cabeza, asegura que "no podemos caer en el miedo, la desconfianza y el desánimo", y advierte de que "lo peor que podemos hacer es dejarnos llevar por el discurso fácil de pregonar el desastre", lo cierto es que las estadísticas de empleo, afiliación y paro de agosto muestran a las claras el empeoramiento. Al frenazo laboral registrado el mes de julio se une el experimentado en agosto, ya que la Seguridad Social perdió 189.963 afiliados en el octavo mes del año (una caída del 0,93% respecto a los datos registrados en julio), lo que significa el peor dato desde 2019. Y el paro ha vuelto a superar los 2,9 millones tras subir en 40.428 personas en agosto.
Sobre el autor:
Pepa Montero
Pepa Montero es redactora especializada en temas de economía. Ha trabajado en medios como El Economista y La Gaceta de los Negocios. Es autora del libro de relatos La casa de las palmeras (Azul como la Naranja, 2013).