Las ayudas para acceder a residencias están fallando: estos son los motivos

Las ayudas para acceder a las residencias de mayores y centros de día llegan tarde, es difícil orientarse con la normativa, las plazas públicas en las residencias privadas se reducen y en algunas regiones no se puede elegir un residencia cerca de la casa propia o de la familia. Eso limitará las visitas de los seres queridos. Además, los recortes están dejando a muchos sin disfrutar de las ayudas y existe una profunda desigualdad entre comunidades autónomas. 

Juan Manuel Martínez, presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (@CEOMA_ong),  subraya que “los plazos para que te revisen y aprueben una solicitud de ayuda pública para facilitarte una plaza en una residencia no solo son demasiado largos, sino que a veces se cumplen cuando el beneficiario ya ha fallecido o cuando su grado de dependencia ha empeorado”. 

Es más, según Silvia Sierra (@SilviaSierraABG), coordinadora del Servicio de Información y Orientación de la Asociación Benéfica Geriátrica Ibérica (@ABG_Mayores), “los ayuntamientos, en ocasiones, tienen que poner en marcha medidas de emergencia social para personas muy vulnerables que no pueden esperar”. Algunas medidas de emergencia, como la concesión de plazas temporales en una residencia, no siempre se pueden prolongar durante más de dos meses.  

A pesar de eso, frente a los 15 días que debería extenderse la revisión y aprobación de las ayudas a la dependencia según, Juan Manuel Martínez, la administración puede tardar hasta un año. Y  a ese período hay que añadirle el tiempo que tardan los ciudadanos en que alguien les informe, les asesore y les aclare. La normativa no es, ni mucho menos, transparente. 

Según Silvia Sierra, “los servicios sociales municipales están saturados y, aunque lo hacen lo mejor que pueden, o te dan cita para informarte de las ayudas a la dependencia en uno o dos meses o, cuando te informan, apenas tienen tiempo para explicarte todas las características de los servicios y cuáles son los siguientes pasos que tienes que dar”. 

En paralelo, Sierra recuerda que existen listas de espera en las residencias y cada vez menos plazas públicas disponibles. Así, continúa, “en algunas regiones como Madrid se están reduciendo las plazas públicas concertadas en las residencias privadas, porque los operadores residenciales privados no pueden hacer frente a los gastos de sus centros con lo que les paga la administración”. 

En 2016, la administración autonómica madrileña les ofreció a los operadores privados por sus plazas un 33% menos que lo que le costó a ella misma financiar las suyas en las residencias públicas. Como incomodidad añadida, el sector público no solo paga mal, sino que también paga tarde. Los plazos no son los mismos para unos clientes privados que abonan lo que deben todos los meses y una administración que se puede demorar hasta 60 días. 

Para Juan Manuel Martínez, “la memoria económica de la Ley de Dependencia, sencillamente, no contempla el coste real de las prestaciones”. Y no solo sucede eso: los presupuestos sufrieron unos recortes en 2012 de los que todavía no se han recuperado. Según las cifras del Observatorio de la Dependencia elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, el año pasado 30.000 mayores -80 personas al día de media- murieron sin haber recibido atención.

Ayudas económicas

Muy pocos dudan de que las carencias presupuestarias de la Ley de Dependencia no solo han podido colocar en un situación difícil a las comunidades autónomas que intentan reservar plazas concertadas en las residencias públicas, sino también a la gente que recibe una ayuda económica para hacerlo. Silvia Sierra matiza que “las ayudas económicas para acceder a residencias privadas, los llamados cheques servicio, pueden oscilar desde los 300 a los 700 euros”. La consecuencia es que la suma entre las cantidades de los cheques y las pensiones que obtienen los beneficiarios no les da, muchas veces, ni para elegir una residencia que les convenga. 

Merece la pena recordar que las diferencias de calidad y atención entre unos centros y otros pueden ser sustanciales. Además, la distancia no será la misma entre la residencia, por un lado, y el domicilio del mayor y  los familiares que quieran visitarlo, por otro. Dos de los pilares de la autoestima, del bienestar emocional y de la calidad de vida de los mayores son, precisamente, el cariño y la proximidad del hogar y los suyos. 

Es verdad, advierte Sierra, “que esto no solo es un problema de los cheques servicio, sino también de las pensiones, que son, igualmente, muy bajas”. La pensión media en España no llegó en septiembre a los 1.000 euros al mes y la de jubilación se quedó por debajo de los 1.200 euros. El año pasado, el 46% de los pensionistas cobró menos de 736 euros al mes y casi cinco millones de mayores de 65 años se hallaba en riesgo de pobreza

Juan Manuel Martínez reclama más igualdad entre comunidades autónomas. Las hay, dice, “que apuestan sobre todo por ofrecer, directamente, plazas públicas y las hay que se concentran, esencialmente, en las prestaciones económicas que ayudan a acceder a las residencias”. Las primeras, normalmente, proporcionan una cobertura más completa a los ciudadanos. En algunas regiones, matiza, “las plazas en las residencias cuestan el doble que la ayuda que supone el cheque servicio”. 

Tanto Juan Manuel Martínez como Silvia Sierra creen que, a pesar de los aspectos a mejorar de la aplicación de la Ley de Dependencia, es mucho lo que se ha avanzado gracias a su promulgación en 2006. Para empezar, esta norma ha puesto el foco en los dependientes y los desafíos que afrontan. Para continuar, ha creado un marco desde el que se puede evaluar el compromiso de los líderes políticos con un colectivo extremadamente vulnerable. Y para terminar, ha dotado a las administraciones de unos medios que antes no existían para atender a unas personas que, muchas veces, no pueden cuidar de sí mismas. Esto es un comienzo imperfecto si se quiere, pero muy pocos se atreverían a llamarlo fracaso.