El compromiso de la banca para asegurar el acceso presencial a los servicios bancarios en todos los municipios españoles, independientemente de su carácter urbano o rural o de su tamaño, avanza, pero arrastra un gran retraso. Las principales patronales bancarias, AEB, CECA y Unacc, bajo la atenta mirada del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital, diseñaron una hoja de ruta para garantizar como mínimo una forma de acceder al efectivo en todo el territorio que ya debía estar cumplido, pero no es así. En concreto, el pasado mes de abril era la fecha en la que todos los municipios de más de 500 habitantes debían estar ya libres de exclusión financiera, y seis meses después, en octubre, los pueblos más pequeños. Y no hablamos de instalar una sucursal bancaria o un cajero necesariamente, sino de algún otro punto de acceso al efectivo, que también puede ser una oficina móvil, un agente financiero, oficinas de Correos o cajero gestionados por empresas no bancarias.
De los 243 pueblos de más de 500 habitanten en exclusión financiera, según el diagnóstico inicial de la banca, ahora mismo, aún quedan 85 pueblos sin acceso a servicios financieros de ningún tipo, mientras que los planes para llevar el efectivo a los pueblos más pequeños, no han comenzado.
Las elecciones municipales y autonómicas han sido el principal freno para cumplir los plazos, según el ‘Balance de la Implementación de la Hoja de Ruta para reforzar la inclusión financiera en las zonas rurales’ que ha realizado el Observatorio de Inclusión Financiera a instancias de la propia banca. Aseguran que próximamente, sin fijar una fecha concreta, esos 85 pueblos sin acceso a servicios financieros se reducirán a apenas 16. “Podemos hacer un balance muy positivo de la implementación de esta Hoja de ruta, tras los esfuerzos realizados para la puesta en marcha de licitaciones públicas, la firma de convenios de colaboración, junto con la disposición muy activa de las entidades bancarias”, valora el Observatorio.
En virtud de la hoja de ruta acordada entre las patronales bancarias y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el compromiso era tener un punto de acceso presencial a servicios bancarios en los 243 municipios de más de 500 habitantes que, cuando firmaron el compromiso, no contaban con ninguno. Estos pueblos aglutinaban una población de 211.550 personas. La fecha marcada para lograr este objetivo fue abril de 2023. Después, empezarían a trabajar con los pueblos pequeños, con un plazo adicional de seis meses.
En marzo, y a las puertas de expirar el primer plazo, los 243 pueblos grandes en exclusión financiera se habían reducido a 164 municipios (con una población de 141.992 personas). En junio (el último dato que recoge el tercer informe trimestral de seguimiento de la inclusión financiera), el número de pueblos sin acceso físico al efectivo asciende a 85 municipios, con una población de 72.793 personas.
El Observatorio es optimista puesto que para gran parte de esas poblaciones que a día de hoy no cuentan con servicios bancarios, ya hay planes para que los tengan. En concreto, dicen, hay 20 municipios en los que actualmente se están instalando cajeros. Además, otros 49 municipios contarán en un futuro próximo con un punto de acceso a efectivo, gracias a los procesos puestos ya en marcha a través de conversaciones bilaterales, convenios o licitaciones públicas.
Así, y cuando acaben estos procesos que ya están marcha, el 93% de los 243 municipios identificados en el protocolo dejarán atrás la exclusión financiera, con 195.426 beneficiados.
Cuando eso suceda, tan solo habrá 16 poblaciones sin punto físico de acceso al efectivo. “Corresponde a municipios que, tras las conversaciones mantenidas con las Administraciones públicas, han declinado el interés en estos puntos, habitualmente por encontrarse muy cercanos a localidades que sí tienen estos puntos de acceso”, dice la evaluación del Observatorio.
Torre de Santamaría, con 531 habitantes, es el municipio extremeño de Cáceres, que tiene el honor de ser la única población de toda España en la que se ha abierto una oficina bancaria en el último año, dejando atrás la exclusión financiera, dado que hace un año, no contaba con ningún servicio financiero. Se trata de una oficina de Caja de Extremadura.
Todos los municipios que, según el Observatorio, han dejado atrás la exclusión financiera, lo que ganan son cajeros automáticos, oficinas móviles que pasan por el pueblo uno o dos días a la semana, agentes financieros o una oficina de Correos donde poder hacer algunas operaciones de efectivo. Salvo el pueblo cacereño donde se ha abierto una sucursal bancaria.
La hoja de ruta acordada entre la Asociación Española de Banca (AEB), CECA, la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC) y el el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital diferenciaba dos fases de seis meses cada una, en función de que los municipios con exclusión financiera tuvieran más o menos de 500 habitantes.
El sector se comprometía en la primera fase a garantizar un punto de acceso presencial a los servicios financieros en los ayuntamientos de más de 500 habitantes, mediante una oficina bancaria, un cajero automático, una oficina móvil o un agente financiero.
Las elecciones municipales y autonómicas celebradas el pasado 28 mayo afectaron al calendario previsto que fijaba abril como la fecha límite de la primera fase. Desde el propio sector financiero indicaron que muchos ayuntamientos paralizaron estas actuaciones. La cita con las urnas, la campaña electoral previa, y el cambio de interlocutores posterior ha supuesto, en muchas ocasiones, demoras en el plazo establecido.
“Instalar un cajero en todos y cada uno de los municipios no sería ni razonable ni eficiente. Entendemos que no caben soluciones únicas para todos los municipios” decía esta primavera la directora general de la AEB, María Abascal, en el Senado, ante la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico.
En las conversaciones con los diferentes ayuntamientos y administraciones públicas para el desarrollo de esos puntos de acceso presencial a los servicios bancarios, el sector financiero ha podido conocer las realidades específicas de las poblaciones rurales, de tal manera que en algunas no existía la demanda de un punto de acceso, han señalado fuentes del sector a Europa Press. Así, 16 municipios con 18.000 habitantes han declinado la oferta de colaboración público-privada para la instalación de un punto de acceso.
Por el contrario, en otras localidades, se han aprovechado los despliegues realizados para cubrir municipios de menos de 500 habitantes.
La hoja de ruta para reforzar la inclusión financiera en las zonas rurales contemplaba asegurar en un plazo de seis meses al menos un punto de acceso presencial a servicios bancarios en todos los municipios de más de 500 habitantes y, en caso de no conseguirlo en ese plazo, en instalar cajeros genéricos en un plazo adicional de seis meses.
Desde el sector financiero aseguran que para avanzar en este campo y cumplir con los compromisos es necesario el compromiso y colaboración del sector público. “La hoja de ruta firmada para la inclusión financiera recoge expresamente que dicho compromiso descansará sobre la base de la necesaria colaboración público-privada, que podrá materializarse en su caso a través de la puesta a disposición de un espacio físico adecuado, con las condiciones de seguridad necesarias y de las conexiones e infraestructuras tecnológicas requeridas, como el acceso a Internet” decía Abascal, de la AEB, en el Senado.
El proceso de adelgazamiento de la red de sucursales de la banca en España es imparable. El ritmo de cierres se ha ralentizado después de los grandes ajustes realizados tras la crisis financiera de 2008, las fusiones de entidades posteriores y la pandemia del coronavirus, que disparó la digitalización de los servicios financieros. Sin embargo, las entidades siguen bajando la persiana de sus oficinas, en un goteo constante.
Según los datos del Banco de España, a mitad de año, había en España 17.597 sucursales, 516 menos que un año antes. Es el nivel más bajo desde diciembre de 1975, cuando la red se situaba en 17.514 oficinas. Si nos fijamos en los grandes bancos españoles cotizados, tal y como recogen los resultados financieros que acaban de presentar, a cierre del mes de septiembre, contaban con 9.910 sucursales. Después de cerrar 340 oficinas en un año, el sector baja por primera vez de las 10.000 oficinas. Hablamos de cierres producidos solo en España, porque las cifras globales son mayores. Los grandes bancos españoles han cerrado 837 oficinas en todos los países en los que operan.
La banca se ha sumado a la tendencia de contar con grandes 'flagships' en el centro de las capitales, al tiempo que cierran las sucursales de barrio y de pequeños municipios. Algo que ha denunciado Carlos San Juan, el impulsor de la campaña ‘Soy mayor, no idiota’. "Lo que hacen es mantener en el centro de las ciudades una gran oficina y cerrar todas las demás. Se olvidan de su función de servicio público", señala.
