El número de personas que residen en municipios sin ningún tipo de acceso a dinero en efectivo asciende a 800.000 mas de dos años después de la firma de la ‘Hoja de Ruta para garantizar la inclusión financiera en las zonas rurales’ por parte de las principales patronales bancarias, que se comprometía cubrir el 100% del territorios y asegurar el acceso presencial a los servicios bancarios en en todos los municipios españoles. El 62% de estas 800.000 personas, un poco más de medio millón de personas, reside en municipios menores de 500 habitantes, mientras que casi 300.000 vivien en municipios de mayor tamaño.
La población que reside en municipios sin oficina supone 1,6 millones de personas; esta cifra se reduce si tenemos en cuenta los cajeros automáticos y sobrepasa, ligeramente, el millón de personas. El empleo de las oficinas de Correos, como punto de efectivo, tiene un efecto destacable en términos de inclusión financiera ya que consiguen reducir la cifra en un 20%, acortando la cantidad a las citadas 800.000 personas que viven en exclusión financiera.
El número de municipios en España sin acceso a servicios financieros presenciales asciende a 2.713, lo que supone una reducción del 38,4%, desde las 4.401 localidades que había antes de la firma de esta ‘Hoja de ruta’. La población excluida de los servicios financieros se ha reducido en un 71,5%.
Son algunas de las principales conclusiones del estudio 'La inclusión financiera en las áreas rurales de España ante el reto demográfico', publicado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y por el profesor y catedrático de la UNED, Luis Alfonso Camarero Rioja.
"El fuerte envejecimiento que produce el declive demográfico altera la demanda de servicios y reduce, en términos generales, aún más la accesibilidad, dadas las mayores dificultades de movilidad y de competencia telemática de poblaciones con edades muy elevadas", dice el estudio del IEE.
En las áreas rurales es donde el envejecimiento de la población se presenta de forma más pronunciada. En los municipios de tamaño inferior a los 1.000 habitantes, quienes tienen 80 o más años superan el 10%, grupo con grandes necesidades de atención y dependencia, "lo que complica el acceso a los servicios básicos, tanto físicos como digitales, dada la particularidad de los servicios que requieren", dice el estudio.
El estudio también destaca del caso español un mayor uso del efectivo, especialmente en las comunidades rurales, en comparación con la tendencia europea hacia los pagos electrónicos. A su vez, el envejecimiento de la población española podría explicar las pequeñas diferencias observadas, ya que las personas mayores prefieren un trato personalizado".
El informe señala que la prestación de servicios bancarios en áreas rurales en España se caracteriza por una "mayor proximidad", manteniendo una presencia "destacada" en muchas de estas poblaciones en términos comparativos con otros países y otro tipo de servicios públicos y privados.
En este sentido, resalta que España se posiciona como el tercer país con mayor número de oficinas bancarias por cada 10.000 habitantes, alcanzando un valor de 3,7 respecto a la densidad de población, lo que coloca al país por encima de la media europea (2,9). Este indicador refleja una mayor presencia de sucursales bancarias en comparación con otros países del continente.
Además, afirma que el acceso a los servicios financieros en las áreas rurales de España tiene una distribución "más equitativa" en comparación con otros servicios públicos esenciales. Según el informe, solo el 0,8% de la población de municipios con menos de 10.000 habitantes carece de un punto de extracción de efectivo como una sucursal, cajero, estafeta o farmacia, lo que es "tan solo ligeramente superior" a la provisión de servicios de atención primaria de salud (0,2%) y "significativamente" menor que la carencia de servicios de atención especializada (45%) o educación básica (2%).
Pone de relieve las "diversas iniciativas" que ha adoptado el sector privado mediante colaboraciones público-privadas y políticas gubernamentales, alineándose "con las mejores prácticas internacionales para combatir la exclusión financiera". En particular, destaca el compromiso con la implementación de estrategias como redes de cajeros automáticos compartidos hasta subvenciones públicas y oficinas móviles, con el objetivo de garantizar el acceso a los servicios financieros en todas las regiones. También iniciativas de "éxito" como los puntos de 'cash-back', el uso de oficinas móviles ('ofibuses') y de agentes financieros.
"Estos servicios han proporcionado soluciones bancarias esenciales en comunidades pequeñas, especialmente en municipios con menos de 500", agrega el informe, que también destaca la colaboración con Correos, que suma cerca de 4.600 puntos en áreas rurales que facilitan la retirada de efectivo y el acceso a servicios financieros básicos a más de 300.000 personas.
A pesar de los avances, el informe también resalta la necesidad de continuar abordando la brecha digital que afecta a las zonas rurales. Al respecto, explica que la cobertura de internet de alta velocidad presenta una "disparidad considerable" entre las áreas urbanas y rurales. Así, explica que mientras que en las grandes ciudades más del 85% de la población tiene acceso a internet de alta velocidad, en los municipios más pequeños y dispersos este porcentaje no supera el 50%.
"Esta brecha en conectividad sigue siendo un desafío para el desarrollo de servicios bancarios electrónicos y otros servicios digitales, lo que pone de manifiesto la necesidad de seguir avanzando en la mejora de infraestructuras tecnológicas en estas regiones", puntualiza.
