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Adicae (@ADICAE) ha respaldado la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero frente "a la campaña de acoso y derribo de la banca y el sector financiero", si bien ha propuesto ampliar las capacidades de este organismo, incluyendo aumentar el carácter vinculante de sus resoluciones a aquellos conflictos con un importe de hasta 50.000 euros.
Esta autoridad, cuyo anteproyecto aprobó el Gobierno en abril, resolverá las reclamaciones de personas físicas o jurídicas por posibles incumplimientos de normas de conducta, buenas prácticas y usos financieros, así como por abusividad de cláusulas declaradas como tales por los tribunales correspondientes en relación con los contratos financieros, en un periodo máximo de 90 días (salvo en casos complejos).
En el anteproyecto, que ha estado en audiencia pública para que los interesados pudiesen presentar las alegaciones que estimaran oportunas, se contempla que las resoluciones sean vinculante para la entidad financiera cuando el importe reclamado sea inferior a 20.000 euros. Además, el servicio será gratuito para los clientes, aunque las entidades financieras tendrán que pagar una tasa fijada inicialmente en 250 euros por cada reclamación admitida.
Adicae ha insistido, tal y como ya manifestó tras la aprobación del anteproyecto para crear esta autoridad, que se trata de un "avance histórico" y que es una de las reivindicaciones "que la asociación llevaba reclamando durante mucho tiempo".
Así, ha reiterado el carácter "necesario e imprescindible" de esta nueva autoridad, frente a la posición "reaccionaria" del sector financiero, que ha manifestado una postura de "oposición frontal y radical" a la aprobación del organismo, "apelando a una falsa 'eficacia' de los sistemas actuales de reclamación, pese a que la experiencia ha demostrado precisamente todo lo contrario".
Sin embargo, ha señalado que en mayo presentó al Ministerio de Asuntos Económicos, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y a la Junta Consultiva de Seguros un documento de valoración y propuestas para que "reforzar el alcance y la efectividad" de la actuación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.
Estos comentarios giran en torno a la posibilidad de realizar reclamaciones de carácter colectivo, la mejora de la accesibilidad e información para los consumidores y la inclusión de una perspectiva "proconsumidor" y no "simplemente técnica en la educación financiera".
También propone ampliar el carácter vinculante de las resoluciones de la autoridad a los conflictos con un importe de hasta 50.000 euros al afirmar que la nueva autoridad "no debería restringirse a las reclamaciones inferiores a 20.000 euros".
Al respecto, la asociación explica que, por ejemplo, en la comercialización de participaciones preferentes y productos híbridos en general se puede exceder "con facilidad" el límite inferior a los 20.000 euros, así como en los litigios vinculados a préstamos hipotecarios.
Por otro lado, también han reclamado la extensión de sus resoluciones a cuestiones que no necesariamente versen sobre reclamaciones económicas –como incumplimientos y déficits de servicio o de entrega de información precontractual o contractual– o el reconocimiento de su capacidad de valorar la abusividad de cláusulas en condicionados generales.
Igualmente, han solicitado la retirada de las sanciones de hasta 1.000 euros para aquellos consumidores que se consideren que actúan de 'mala fe', al tratarse de "un concepto indefinido y abstracto", entre otras cuestiones, al tiempo que han pedido que los consumidores también puedan optar a otras vías de resolución judicial o extrajudicial "durante el tiempo que se encuentre abierto el procedimiento ante la autoridad", así como "limitárselo a las entidades bancarias".
"El cambio y avance en los sistemas de resolución extrajudicial de conflictos ha sido defendido e impulsado por Adicae desde hace mucho tiempo, llegando ahora una imprescindible iniciativa la que ha sumado su apoyo la propia Dirección General de Seguros, frente a la ambigüedad o falta de posicionamiento claro por parte de Banco de España y CNMV", concluye la asociación.