Si en el medio rural muchas personas viven sin un centro de salud, también pueden vivir sin oficina bancaria. Es el argumento con el Presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, ha justificado el cierre de oficinas. Las zonas rurales sufren desde hace mucho la pérdida progresiva de servicios, que se ha agudizado desde 2008 por la pérdida de los servicios financieros. El número de oficinas bancarias ha pasado de más de 45.700 a las escasas 20.000 que se esperan al final de este año, cuando culmine la actual fase de concentración bancaria.
"Hay más gente sin atención primaria que gente que no tiene banco" ha dicho el presidente de la patronal bancaria durante la cuarta jornada del XXXVIII Seminario de la APIE, l'a economía de la pandemia', parte de la programación de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
José María Roldán ha justificado estos cierres por el entorno presente y futuro de intereses bajos, donde la rentabilidad bancaria está en peligro. Además ha asegurado que existen otras soluciones para paliar los efectos de estos cierres, como utilizar los supermercados, las farmacias o los ayuntamientos como proveedores de efectivo, y ha puesto como ejemplo el acuerdo alcanzado entre Correos y Banco Santander para que la empresa pública intermedie algunas operaciones del banco en zonas rurales.
Al mismo tiempo, Roldán ha celebrado la iniciativa sectorial para mejorar la reputación de la banca, salpicada por los reajustes, los despidos masivos, el cierre de oficinas y los altos sueldos de los bancarios. "Nosotros siempre estamos intentando mejorar el servicio a la sociedad, en la crisis de la COVID-19 fuimos parte imprescindible de la solución” ha dicho.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha exigido "medidas urgentes" para "atajar los problemas" de acceso a los servicios bancarios para "una gran parte de la población". La organización considera que los servicios bancarios son "esenciales" y ha expuesto algunos de los resultados de una encuesta realizada en la que se recogen "las dificultades reales a las que se enfrentan los usuarios".
Concretamente, el 58% de los encuestados indica que presta ayuda a algún familiar, amigo o conocido mayor para realizar operaciones bancarias online porque está persona no es capaz de hacerlo, según indica OCU. En este sentido, hay dos variables que influyen: la edad, y el nivel educativo, es decir, los menores de 60 y quienes tienen mayor nivel educativo son quienes más ayudarían.
Sobre los problemas habituales que más han experimentado la mayoría de los usuarios, se encuentra el no poder realizar una gestión presencial, como pagar recibos, con un 59% de los casos, porque "en ese día o en ese horario no se ofrecía atención en ventanilla para esa gestión".
Otro de los problemas que destacan los usuarios en la encuesta de OCU es el de tener que pagar por realizar una gestión bancaria de manera presencial que anteriormente era gratuita, lo que le ha ocurrido al 40% de los usuarios.
Por otro lado, el 35% de los encuestados ha tenido que acudir a una oficina más lejana de lo que solía ser habitual dentro de su propia localidad. OCU destaca, sin embargo, que uno de cada diez usuarios ha tenido que desplazarse a otras localidades para llevar a cabo gestiones financieras. "Esta situación afecta principalmente a quienes residen en áreas rurales", con una proporción de uno de cada cuatro usuarios afectados, según los datos destacados por la organización.
El acceso a los servicios financieros es cada vez más restrictivo para una buena parte de la población en zonas despobladas y que estemos ante un desmoronamiento del sistema financiero en amplias zonas rurales de España. Es una de las principales conclusiones del estudio Análisis del papel del dinero en efectivo en áreas despobladas de España, elaborado por la Universidad de Zaragoza.
Pagar en efectivo es una especie de derecho, que en el rural más periférico no pueden ejercer justamente las personas más frágiles, mayores, inmigrantes, los más jóvenes, en las que la liquidez es el modo más habitual” dice Luis Antonio Sáez Pérez, coordinador de este estudio y profesor de la Universidad de Zaragoza, especializado en desarrollo rural. “De alguna manera, la capacidad de ciertas personas que ya tienen limitaciones en otros ámbitos, en su autonomía, ven en esta cuestión otra pérdida, que, aunque no es decisiva, se suma a varias, más aún en las pequeñas poblaciones”.
