Andalucía firma un convenio con los bancos para mejorar la atención a los mayores

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía ha firmado un convenio marco de colaboración con varias entidades bancarias con representación en Andalucía para mejorar la atención de las personas mayores y reducir la brecha digital que afronta este grupo de población, según indican desde la Junta en una nota. 

Explican además que se trata de la primera iniciativa de este tipo desarrollada en nuestro país. La consejera Rocío Ruiz, detallaba que incluye también compromisos concretos por parte de las entidades para involucrarse en aspectos como mejorar la formación financiera de este colectivo. "Desde la Consejería entendemos que es nuestra responsabilidad impulsar actuaciones para mitigar los problemas relacionados con el ámbito financiero que afrontan nuestras personas mayores, y estos convenios son el mejor ejemplo de esa unidad de la sociedad para promover medidas y procedimientos amigables con las personas mayores ", señalaba.

Los convenios marco han sido suscritos por Caja Rural del Sur, Cajasur Kutxbank, Unicaja, Banco Santander, Caixabank, Ibercaja y Banco Sabadell. Todas estas entidades, junto a la oficina en Sevilla del Banco de España, se sumaron a la mesa de trabajo auspiciada por la Consejería tras los trabajos preparatorios que comenzaron en junio de 2021. La finalidad es abordar las dificultades de acceso a distintos trámites bancarios que afrontaban las personas usuarias mayores de 65 años. "Hoy en día, la edad es un obstáculo en una sociedad cada vez más digitalizada, que exige siempre más conocimientos en este ámbito. Sin olvidar que el edadismo que conlleva esta situación es también un tipo de discriminación que desde cualquier gobierno se debe combatir", destacaba la consejera.

Esta mesa, celebrada en el marco de la elaboración del primer Plan Estratégico Integral para las Personas Mayores 2020-2023, ha sido calificada por Ruiz de "histórica" por suponer el primer encuentro de los últimos 12 años en el que coinciden todas las entidades.

Esta iniciativa llega "20 años después de que lo mandatara la ley", según señalaba Ruiz. Está dotada con 164 millones de euros "para hacer políticas transversales que permitan que nuestros mayores sigan siendo un activo social, sigan participando plenamente en la vida y tengan unos recursos públicos de calidad", y pone el acento en la prevención de la dependencia y el mantenimiento de la máxima autonomía posible para las personas mayores al apostar por un modelo desinstitucionalizado. De esta forma, las personas podrán escoger cómo y donde quieren pasar esta etapa de su vida y tendrán a su disposición los recursos pertinentes. Incluye también medidas para prevención de los malos tratos, la atención a la vulnerabilidad o la defensa de los derechos de los mayores LGTBI.

Reto de futuro

"Las personas mayores en Andalucía ya se han pronunciado en diversas ocasiones sobre la dificultad de acceso a algunos trámites y la sensación de haberse quedado descolgados del mundo digital en su vida cotidiana", ha destacado Ruiz, razón por la cual "quisimos adelantarnos y dialogar con las entidades en busca de soluciones". La consejera valoraba el "compromiso de estas entidades para ofrecer una respuesta individualizada y de calidad a este grupo de población".

En 2021, las personas mayores representaban el 21.93% de la población andaluza mayor de 18 años, un porcentaje que alcanzará el 36% en 2040. Por esta razón, Ruiz ha destacado la sensibilidad de las entidades bancarias por buscar iniciativas para mejorar y brindar una atención preferente a las personas mayores. "Se trata de una reto de futuro, y por lo tanto es urgente que tanto las administraciones públicas como las instituciones y la sociedad en general nos pongamos cuanto antes manos a la obra para atender estas demandas".

La consejera aseguraba a su vez que este tipo de acciones supondrán un "avance importante" en la mejora de la reputación y la confianza de las personas mayores usuarias en sus entidades bancarias de referencia. El proceso general de digitalización ha generado una brecha digital que dificulta el acceso de las personas mayores a ciertos trámites, "lo que hace más necesario que nunca la colaboración público-privada y la implicación de los agentes administrativos, económicos y sociales para ofrecer una solución individualizada, que combine atención presencial y formación y frene esa sensación de exclusión del ámbito financiero".

La consejera de Igualdad ha explicado que el logro de estos convenios marco radica en que "se establecen compromisos tanto para las entidades bancarias como para el Gobierno andaluz, que reconoce la importancia de involucrarse en resolver esa brecha digital para atender a un colectivo muy numeroso". "No es un simple protocolo de intenciones, sino que asumimos compromisos concretos en materia de formación financiera, cuyos detalles de ejecución se desarrollarán en posteriores acuerdos específicos", ha detallado.

Actividades didácticas sobre entorno digital

Este acuerdo marco establece el desarrollo de actividades didácticas y formativas sobre operaciones financieras básicas en el entorno digital, que contemplan la retirada de efectivo a consulta de saldos, la operativa a través de aplicaciones móviles o páginas web y similares.

El proceso de formación se llevará a cabo en los centros de participación activa (CPA) de la Junta de Andalucía, que cuentan con más de 460.000 personas asociadas en toda la región, y también en los centros residenciales de personas mayores que gestiona el Ejecutivo andaluz. Para ello se empleará material pedagógico de las entidades bajo los principios del Código de buenas de prácticas elaborado por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La asistencia personal permanente y desarrollar procesos de comunicación adaptados al perfil de sus clientes de mayor edad es uno de los compromisos de las entidades, "según los procedimientos y la operativa interna que cada una determine". Además, podrán colaborar en el diseño de herramientas que faciliten el acceso universal a dinero en efectivo, con independencia de su lugar de residencia, así como de procedimientos adaptados a las características generales de las personas mayores y enfocados a facilitar su inclusión.

Ruiz señalaba que ya se han llevado a cabo iniciativas en esta dirección junto a la Agencia Digital de Andalucía (ADA), entidad adscrita a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. La aplicación tecnológica es una de ellas, desarrollada recientemente junto a Caja Rural del Sur y Vodafone para acercar las sucursales bancarias a las zonas rurales mediante atención personal a distancia.