Tras años de retraso, el Gobierno creará al fin la Autoridad de Protección del Cliente Financiero

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Sánchez promete a los mayores "vigilar" que los bancos atiendan presencialmente

Tras el éxito de la campaña de Carlos San Juan en favor de la atención presencial de la banca a las personas mayores, y la polvareda levantada por las asociaciones de mayores contra la nueva práctica comercial de los bancos, basada en una digitalización que excluye a numerosos clientes de edad avanzada, el Gobierno y el Ministerio de Economía están dando pasos al frente.

Uno de ellos será la creción este año de la  Autoridad de Protección del Cliente Financiero, una iniciativa que velará por los derechos de los usuarios con resoluciones vinculantes y que arrastra varios años de retraso. Tal y como recoge Europa Press, el nuevo Plan Anual Normativo 2022 incluye el objetivo del MInisterio liderado por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, de crear una entidad de resolución alternativa de litigios, un mandato recogido en la disposición adicional primera de la ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013.

Más en detalle, el documento incluye la aprobación de una ley de creación de la Autoridad de Protección del Cliente Financiero, así como un real decreto para desarrollar aspectos relativos a esta figura, como los procedimientos de tramitación de reclamaciones o los nombramientos, entre otros.

Crecen las reclamaciones ante el Banco de España

El Banco de España ha constatado un incremento "sostenido y relevante" de las reclamaciones presentadas por los ciudadanos al Departamento de Conducta de Entidades, que pasaron de 14.638 en 2019 a 21.320 en 2020. Solo en la primera mitad de 2021, el organismo recibió 18.753 reclamaciones de ciudadanos y sus estimaciones pasan por tramitar entre 36.000 y 42.000 reclamaciones anuales entre 2021 y 2023.

En estos momentos, el Departamento de Conducta de Entidades del Banco de España analiza las reclamaciones y, si considera que la actuación de la entidad no es correcta, le hace un requerimiento para que presente las alegaciones y la documentación que estime conveniente, lo que puede concluir con la emisión de un informe favorable al consumidor.

Sin embargo, estos dictámenes no son vinculantes, por lo que en algunos casos son desoídos por los bancos. La intención del departamento que dirige Nadia Calviño es que la futura Autoridad de Protección del Cliente Financiero sea gratuita para los usuarios y sí pueda emitir dictámenes vinculantes para las entidades financieras hasta un determinado importe que deberá determinarse.

La iniciativa llega con años de retraso

Las organizaciones de usuarios financieros, como Asufin o Adicae, llevan tiempo reclamando que se acelere la creación de esta autoridad para evitar posibles abusos desde el sector financiero y ahorrar costes adicionales a los clientes a la hora de reclamar.

Es además una iniciativa que lleva años en el tintero. El anterior Gobierno del Partido Popular la planteó, y el presidente Pedro Sánchez la recogió en 2018, con la intención de que viera la luz al año siguiente, pero las elecciones generales en 2019 y después la pandemia, provocaron su retraso.

Además, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia también incluye el compromiso del Gobierno de sacar adelante la creación de la Autoridad de Protección del Cliente Financiero.