Obligar a los clientes a contratar productos vinculados para abrir una cuenta de pago básica es alguna de las malas prácticas en las que incurre la banca, tal y como denuncia la Asociación de Usuarios Financieros, Asufin. Sin embargo, los colectivos más vulnerables se encuentran con otros frenos a la hora de acceder a este productos financieros, como es la maraña burocrática o una normativa farragosa que, en ocasiones, colisiona entre sí.
Son algunas de las principales conclusiones del estudio ‘Acceso a las cuentas básicas, propuestas de mejora’ elaborado por Asufin y presentado durante la jornada ‘Materializando el derecho a la inclusión financiera de las personas migrantes y refugiadas’
Lejos de impulsar el desarrollo de la cuenta de pago básica, el estudio detecta que uno de los principales problemas es que la normativa dificulta estas cuentas.
uno de los principales problemas, detectados por el estudio, reside, precisamente, en una normativa que lejos de impulsar dificulta el desarrollo de la cuenta de pago básica. Por ejemplo, la normativa de prevención de blanqueo de capitales, que es “uno de los principales motivos que la industria bancaria alega frente al derecho a la apertura y mantenimiento de la cuenta de pago básica”. El cumplimiento de la misma lleva al cierre de muchas cuentas, es decir, nos encontramos con que una norma “colisiona” con un “derecho básico”.
Frente a esta situación, Asufin insta a las entidades para que apliquen estas exigencias “de manera flexible y razonable en función del perfil de riesgo”, tal y como ya indica la propia regulación. Y que atiendan al criterio ya manifestado por el Banco de España, en su memoria de reclamaciones de 2021, al pedir “un juicio de proporcionalidad en el que se ponderen los diferentes intereses en juego”. O lo que es lo mismo, “evitar que conductas u omisiones con una relevancia mínima de cara a la prevención del blanqueo de capitales puedan suponer la imposición de medidas restrictivas muy gravosas para los interesados, sean éstos individualmente considerados o por mera pertenencia a un colectivo determinado”.
Otro freno lo constituye el “entramado burocrático de las personas migrantes y refugiadas” y que a menudo hace imposible la apertura de una cuenta bancaria, un elemento que marca la diferencia entre cobrar un salario o prestaciones que permitan la supervivencia de estos colectivos. Para paliar esta situación, Asufin propone que “se permita a las entidades sin ánimo de lucro que forman parte del Sistema Nacional de acogida solicitantes y beneficiarios de protección internacional, así como a otras entidades del Tercer Sector a emitir certificados de riesgo de exclusión financiera” para contribuir a la agilización en la apertura de estas cuentas.
En el terreno de las malas prácticas, Asufin considera que es indudable que “las entidades tendrían que reportar periódicamente por escrito las solicitudes de denegación de la cuenta de pago básica” de modo que podamos saber cuáles resultan denegadas y cuántas acaban en apertura de un producto diferente.
Yendo más allá, la asociación ve necesario “incorporar la posibilidad de solicitar por escrito la apertura de una cuenta de pago básica, obligando a la entidad a entregar copia sellada al solicitante”. Un documento que permitiría contabilizar las solicitudes reales y obligaría a la entidad a responder y resolver, en tiempo y forma.
Por otro lado, nos encontramos ante “un grave incumplimiento por parte de las entidades cuando aparecen casos en que se obliga al cliente a contratar algún producto vinculado a la apertura de la cuenta básica”, lo que supone una “vulneración directa de la norma que difícilmente puede justificarse por desconocimiento de la red”.
Aunque sean casos aislados, el estudio también advierte de que “es difícil dimensionar el problema, ya que no queda constancia en caso de que el cliente decida, por este motivo, no abrir la cuenta, lo que dificulta la posible reclamación”.
Las entidades deben, en líneas generales, reforzar el conocimiento de la ley que regula la cuenta de pago básica entre todos los empleados y gestores de la red para eliminar, minimizar y perseguir las malas prácticas en la comercialización.
