La Asociación de Usuarios Financieros ha denunciado a la banca ante la autoridad sancionadora del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Asufin quiere atajar lo que considera una mala práxis bancaria habitual. Asegura que muchas entidades financieras, por un lado, comercializan productos de manera poco transparente; y por otro, retrasan los procedimientos en los tribunales, recurriendo a instancias superiores a sabiendas de que la jurisprudencia les es contraria. "Esto genera una indefensión manifiesta en los consumidores, que supone una patente infracción en materia de consumo". asegura.
Por ello Asufin ha elevado el asunto hasta este organismo de reciente creación, y que ya ha emprendido una acción contra las aerolíneas 'low cost'. Como explica la denuncia de Asufin, presentada ante la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador del ministerio, “de acuerdo con la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, cuando una infracción en materia de consumo produzca lesiones o riesgos para los intereses de los consumidores o usuarios de forma generalizada la competencia corresponderá a los órganos competentes en materia de consumo de la Administración General del Estado”.
La denuncia expone que los consumidores financieros se enfrentan al colapso de la justicia desde la creación de los juzgados especializados de cláusulas abusivas, una situación que se prolonga con la reciente creación de los juzgados especializados en revolving, como el 104 bis de Madrid. Al contrario de lo que se pretendía con la creación de éstos, facilitar las reclamaciones de los clientes, lo que se ha producido es un evidente abuso por parte de las entidades financieras y de crédito, que abocan a sus clientes a la reclamación judicial a pesar de ser conocedores de que el resultado será favorable para el consumidor.
El motivo no es otro que disuadir a sus clientes, dificultando en el tiempo la reclamación, obligándoles a la contratación de abogado y procurador, quedándose muchísimas reclamaciones sin presentar. El efecto económico es favorable a las entidades: muchos desisten de reclamar y los que lo hacen, recibirán la compensación pasados muchos años.
La denuncia aporta datos sobre esta saturación judicial que no mejora año a año. El Consejo del Poder Judicial muestra los asuntos tramitados cada año, arrojando un total de 850.402 asuntos ingresados, desde el tercer trimestre de 2017, cuando empiezan a funcionar estos juzgados, hasta el cuatro trimestre de 2023, últimos disponibles; frente a 711.688 asuntos resueltos, en esa misma horquilla temporal. "Hablamos de un total de 138.714 procedimientos que aún quedan por resolver", dicen desde la Asociación.
Pero si atendemos a uno de los juzgados especializados más importantes, y que mayor número de litigiosidad concentra, el 101 bis de Madrid, el dato es más preocupante. En este mismo espacio temporal, han ingresado un total de 120.021 asuntos, de los que han sido evacuados 65.105, apenas la mitad de éstos.
Además, el Colegio de Procuradores de Madrid viene ofreciendo desde hace años datos de admisión a trámite en el 101 bis de Madrid que desesperan a los profesionales y los propios afectados. Concretamente, en el último boletín, correspondiente al 17 de febrero, "nos encontramos que los asuntos que se están admitiendo a trámite datan de 2018, en el caso de la cláusula suelo y las hipotecas IRPH, y de 2020, en el caso de las hipotecas multidivisa y los gastos hipotecarios, es decir, 7 y 5 años respectivamente solo iniciar el procedimiento".
