La Asociación de Usuarios Financieros (@asufin_) considera “insuficiente” el régimen sancionador previsto para la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, en tanto que no se impone la obligación de reparar a todos los afectados de oficio, hayan reclamado o no, extrajudicial o judicialmente, tal y como ocurre en otros países. Por ello, Asufín pide que la nueva figura del defensor del cliente financiero pueda exigir de oficio la reparación a los afectados por abusos bancarios.
Es una de las aportaciones que la asociación ha enviado al Ministerio de Asuntos Económicos, en el marco de la consulta pública al anteproyecto de ley por el que se creará la nueva autoridad de protección del cliente financiero.
Además, la asociación presidida por Patricia Suárez (@WonderWomanPSR), ha incidido en la necesidad de sancionar de manera ejemplar a las entidades con una mala praxis reiterada y considera que se debería valorar la posibilidad de que se destinen total o parcialmente las multas para financiar proyectos de educación financiera en colaboración con organizaciones sin ánimo de lucro.
Por otro lado, Asufin no está de acuerdo con la composición del comité consultivo del organismo, en la que aprecia "una carencia de criterios de género", ni con el procedimiento para nombrar a los miembros, que cree que debería estar abierto a distintos ámbitos de la industria, consumidores y académicos.
Asufin también pone de manifiesto que la efectividad de esta Autoridad Independiente dependerá, en buena parte, de las medidas que incentiven a las entidades financieras a resolver sus reclamaciones en sus respectivos Servicios de Atención al Cliente (SAC). Así, por ejemplo, valorarían muy favorablemente una medida similar a la recogida en el art. 20 Ley del Contrato del Seguro (LCS) que obliga a pagar un 20% de intereses cuando la aseguradora ha sido condenada. Una disposición que algunos magistrados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han llegado a proponer para descargar los juzgados especializados.
La asociación también ha puesto el foco en la "falta de independencia del organismo" sobre la que tiene dudas. Consideramos indispensable que en la configuración final del organismo se salvaguarde la independencia, como siempre hemos defendido, lo que a priori no parece estar asegurado totalmente si jerárquicamente va a depender del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital”
Asimismo, ha puesto de manifiesto que la efectividad de la autoridad independiente dependerá, en buena parte, de las medidas que incentiven a las entidades financieras a resolver sus reclamaciones en sus respectivos servicios de atención al cliente. "Valoraríamos muy favorablemente una medida similar a la recogida en el artículo 20 de la Ley del Contrato del Seguro (LCS) que obliga a pagar un 20% de intereses cuando la aseguradora ha sido condenada", ha planteado.
Junto a Asufin, otras organizaciones de consumidores también han confirmado que acudirán a esta fase de consulta pública y tramitación parlamentaria para introducir mejoras. Es el caso de la OCU, para quien esta ley es “fundamental para mejorar la protección de los consumidores” o Adicae, organización que “acudirá con todos sus esfuerzos a la llamada" del Ejecutivo para implantar” este nuevo organismo.
Desde el sector bancario, también CECA ha confirmado que participará en el proceso de consulta, tratando de aportar propuestas y reflexiones “que contribuyan a mejorar la calidad técnica del anteproyecto de ley”. Recordemos que las principales patronales bancarias rechazan la creación de este nuevo organismo. Consideran más apropiada la regulación actual, en la que hay dos grandes supervisores de la actuación de los bancos, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y creen que la creación de un nuevo organismo puede desembocar en una “inflación de entidades”.
