La tasa que financiará la futura Autoridad del Cliente Financiero, una nueva agencia de supervisión que unificará los criterios para gestionar las reclamaciones entre clientes y entidades bancarias, va a ser modificada en el Congreso para aplicar un nuevo sistema que premiará a aquellos bancos que más acuerdos alcancen con sus clientes.
Inicialmente, el Gobierno propuso en su proyecto de ley una tasa fija de 250 euros que los bancos tendrían que abonar cada vez que el organismo acepte a trámite una reclamación de un cliente. Sin embargo, la idea provocó el rechazo de varios grupos parlamentarios y también del sector bancario.
Pero este martes, la ponencia de la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso ha examinado una enmienda transaccional para cambiar este arancel. La propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, lleva la firma del PNV, Junts, PP, Ciudadanos y el PDeCAT, y fuente parlamentarias aseguran que el PSOE ha dado su visto bueno para introducir el cambio en el proyecto de ley.
La nueva idea ya no será exigir 250 euros por reclamación, sino que la Autoridad Financiera cobrará una tasa anual por la actividad de resolución de reclamaciones y su cuantía dependerá de los costes directos e indirectos, incluidos los de carácter financiero, amortización de inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y desarrollo razonable de la actividad por cuya realización se exige la tasa.
Así, la tasa se fraccionará en dos partes. En una primera, al 40% de los gastos en que haya incurrido la Autoridad en el ejercicio anterior se aplicará el porcentaje que individualmente representan el número de las reclamaciones resueltas frente a cada una de las entidades en ese ejercicio sobre el número total de reclamaciones resueltas frente a todas las entidades.
Y al 60% restante se aplicará el porcentaje que individualmente representan el número de las resoluciones favorables al reclamante frente a cada una de las entidades en el ejercicio anterior sobre el número total de las resoluciones favorables al reclamante frente a todas las citadas entidades.
Es decir, sobre el 40% de los gastos se tendrá en cuenta las reclamaciones resueltas, mientras que en el 60% irá en función de las reclamaciones favorables al reclamante. Esto en la práctica, según explican fuentes parlamentarias a Europa Press, supone premiar a aquellos bancos que "mejor lo hacen" y "castigar" a aquellos que menos cumplen, al depender la mayor parte del abono de la tasa las reclamaciones que han sido favorables al reclamante y contrarias al banco.
La competencia para la gestión, liquidación y recaudación en periodo voluntaria de la tasa corresponderá a la propia Autoridad, llevándose a cabo su gestión recaudatoria en periodo ejecutivo por convenio por los órganos de recaudación de la Agencia Tributaria.
Las grandes empresas no podrán presentar reclamaciones
Por otra parte, las grandes empresas no podrán presentar reclamaciones ante la nueva Autoridad del Cliente Financiero. Según han confirmado fuentes parlamentarias a Europa Press, los socios de Gobierno han acordado con Ciudadanos una enmienda transaccional que ya se ha incluido en el informe de Ponencia para hacer que aquellas empresas con una facturación superior a los 50 millones de euros y con más de 250 empleados no puedan presentar reclamaciones ante este nuevo organismo.
De este modo, serán considerados clientes financieros todas las personas físicas o jurídicas, y también las entidades sin personalidad jurídica, españolas o extranjeras y que sean usuarias de los servicios financieros prestados por los bancos; pero no las grandes compañías.
Más amparo para las cuentas de pago básicas
No es esta la única enmienda transaccional que ya ha sido introducida en la Ponencia de este proyecto de ley. En otra propuesta, donde figura la firma de PSOE, PP y ERC, se ha acordado una nueva disposición final para ampliar el alcance las cuentas de pago básicas.
Así, con la aprobación de la ley las entidades de crédito que ofrezcan cuentas de pago estarán obligadas a ofrecer y abrir cuentas de pago básicas a los titulares de un visado o autorización de estancia de larga duración y también para aquellos y aquellas que sean solicitantes de protección internacional.
También ampara esta disposición a las personas que se hallen en España en cualquier otra situación administrativa. Para acreditar esta circunstancia "bastará la mera presencia física de la persona solicitante en un establecimiento abierto al público" o también en el domicilio fiscal de la entidad de crédito ante la que se forumel la solicitud de apertura y la aportación de la documentación de la documentación que acredite su identidad.
Entre los documentos que tendrán validez para abrirse esta cuenta están el documento de manifestación de voluntad de solicitar protección internacional o apatridia, el resguardo de presentación de solicitud de protección internacional, el documento acreditativo de la condición de solicitante de protección internacional y el documento acreditativo de solicitante de condición de apátrida.
Asimismo, el Banco de España elaborará un modelo de solicitud de cuenta de pago básica normalizado que deberán utilizar las entidades de crédito y poner a disposición de los potenciales solicitantes en su página web y en sus oficinas.
Economía podrá vetar la apertura de una cuenta
No obstante, los bancos podrán denegar el acceso a las cuentas de pago básicas cuando, por ejemplo, su apertura "sea contraria a los intereses de la seguridad nacional o de orden público". Con la enmienda, también se da potestad al Ministerio de Asuntos Económicos para denegar la apertura de esta cuenta cuando concurran los motivos de seguridad nacional.
Por último, la enmienda establece que cuando el banco resuelva el contrato de una de estas cuentas tendrá que informar al cliente, gratuitamente y por escrito, al menos tres meses antes de que la resolución sea efectiva, los motivos y la justificación de la rescisión.
Tras superar su trámite en Ponencia, con el solo rechazo de Vox, el proyecto de ley para crear este ente llegará a comisión este mismo jueves, para previsiblemente enviarse a Pleno la semana que viene y ya pasar a tramitarse en el Senado.
La nueva agencia asumiría las funciones que ahora recaen en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, este último organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos.
Eso sí, este organismo informará de manera semestral a estas entidades de las prácticas en el sector financiero que generen reclamaciones de forma reiterada, así como aquellas que afecten de manera particular a las personas mayores de 65 años, las personas con discapacidad y cualesquiera otras personas que puedan encontrarse en situación de riesgo de exclusión financiera.
