Viernes 4 de febrero de 2022
ACTUALIZADO : Viernes 4 de febrero de 2022 a las 6:18 H
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Adaptar horarios, ampliar la atención en ventanilla a todo el horario en que operen las oficinas, dar una atención más personalizada y colaborar con la administración para favorecer la formación de las personas mayores, son algunas de las peticiones que muchos ayuntamientos por toda España están planteando a los bancos que operan en sus territorios. En definitiva, una mejora del servicio que prestan a las personas mayores.
En numerosas localidades de la Comunidad Valenciana, Compromís ha impulsado mociones para pedir a la banca un mejor trato a las personas mayores. A petición de esta formación política ya se han aprobado por unanimidad en localidades como Sedaví, Puçol, Alfafar o Sagunto. Piden "una atención personalizada en ventanilla, durante el horario en que las oficinas estén abiertas al público, facilitar una atención más comprensible a la gente mayor y no cobrar comisiones por estos conceptos. Para el alcalde de Elche, Carlos González, se trata de un problema grave que dificulta y limita el acceso a los servicios bancarios de los mayores, y que exige respuestas.
Salamanca, acaba de aprobar la puesta en marcha de cursos de formación específica para las personas mayores para reducir la brecha digital y a enseñar a estas personas a manejarse on line. Por otro lado, elevará a las entidades bancarias la petición de que mantengan, con suficiencia horaria y de personal, la atención presencial en sus oficinas.
Ahora bien, más allá de las declaraciones de apoyo a este movimiento de los ‘mayores, pero no tontos’ y de lanzar peticiones al sector financiero, ya hay localidades que han querido dar un paso más allá y echar mano de la tributación local. Estos son los ayuntamientos que proponen medidas concretas para la banca, ya sea de incentivo o de castigo, a través de impuestos:
La ciudad de Valencia quiere encabezar la lucha contra la exclusión financiera de las personas mayores. No en vano, Carlos San Juan es vecino de Valencia. El jubilado que con su petición en Change.org (que se acerca ya a las 600.000 firmas), ha conseguido que le llame personalmente desde el Gobierno y el Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández del Cos y que la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño haya dado un plazo de un mes al sector financiero para presentarle medidas concretas para garantizar el acceso de las personas mayores a los servicios financieros.
El alcalde de Valencia, Joan Ribó (@joanribo) va a estudiar la posibilidad de incentivar a los bancos a ser accesibles y mejorar la atención a las personas mayores mediante la tasa que abonan estos por ocupación de la vía pública con cajeros automáticos.
“Nosotros estudiaremos diferenciar la aplicación de la tasa a los cajeros automáticos entre aquellas entidades financieras cooperativas, que ayudan a la gente mayor, y las que no lo hacen. Se trata de un paso concreto para que la banca entienda esta necesidad, ha dicho Ribó que, incluso, podría ir un paso más allá, al asegurar que buscará “no favorecer a aquellas entidades que anteponen sus beneficios a un trato humano y cómo endurecer la tasa de los cajeros a los bancos que no tienen una actitud colaborativa con las personas mayores".
Eso sí, desde Valencia, su alcalde, ha lanzado el testigo al Gobierno central. “Además, pediremos a instancias estatales que resuelva este asunto y que imponga una serie de obligaciones al sector financiero como servicio público que es”.
Además, el Ayuntamiento de Valencia ha aprobado en su última sesión plenaria, por la vía de urgencia, una moción presentada por la portavoz socialista, Sandra Gómez, pero que han apoyado los grupos en la oposición, PP y Ciudadanos, con el objetivo de que la relación entre las entidades bancarias y las personas mayores mejore. La moción insta tanto al Ministerio de Asuntos Económicos como a las propias entidades financieras a tener en cuenta las recomendaciones y las propuestas que lleva trabajando la Defensora de las Personas Mayores en Valencia, Asunción Pérez Calot, en este sentido.
Esta localidad de Tarragona está estudiando incrementar la tasa de ocupación de la vía pública a las entidades bancarias que no garanticen atención presencial a los mayores durante toda la jornada laboral. En concreto, el Ayuntamiento, en su último pleno municipal ha aprobado una iniciativa del grupo Primàries Catalunya para evitar la brecha digital que sufren las personas de avanzada edad en sus gestiones bancarias.
El texto plantea subir considerablemente la tasa de ocupación que las entidades pagan por tener cajeros a pie de calle, pasando de los 848 euros actuales a 10.000 euros. Una subida más que considerable que incluye una bonificación del 90% para los bancos que sí atiendan presencialmente a las personas mayores. En este sentido van a redactar un anteproyecto de modificación de las ordenanzas.
El Ayuntamiento de El Vendrell también ha acordado trabajar preferentemente con las entidades bancarias que tengan deferencia con las personas mayores.
Otra localidad que también estudia gravar el mal servicio a los clientes mayores, en esta ocasión en Galicia, concretamente en Ourense. O Barco de Valdeorras está estudiando aumentar los impuestos a los cajeros automáticos ubicados en la calle por ocupación de la vía pública con hasta 10.000 euros. Además, propone que la modificación de la ordenanza incluya una bonificación del 90% para las sucursales que se preocupen de atender personalmente a los mayores. Reclaman a las entidades bancarias del Concello que refuercen sus recursos para ofrecer un servicio adecuado durante todo el horario de oficina y sin cobrar comisiones a los colectivos vulnerables.
En el próximo pleno, el Ayuntamiento de Sanlúcar debatirá la posibilidad de aplicar un tributo o tasa a los cajeros automáticos de los bancos que descuiden la atención a las personas mayores y vulnerables. Lo hará a petición de Izquierda Unida. La moción incluye que el Ayuntamiento, a la hora de elegir entidad bancaria para sus operaciones propias, tenga en cuenta a aquellas que atiendan correctamente a las personas vulnerables.
La moción izquierdista para la Corporación local propone también que el Ayuntamiento adopte los protocolos de atención ciudadana para incorporar la figura de la persona consumidora vulnerable, desarrollando una normativa específica si fuese necesaria; e inste al conjunto de las entidades bancarias que operan en la ciudad a reforzar los recursos para ofrecer un servicio adecuado.
“Varios Ayuntamientos de nuestro país ya se han movilizado con medidas para conseguir un mejor trato a sus vecinos, algunas de las cuales pasan por retirada de cuentas o aumento de las tasas a los cajeros automáticos”, señala Alberto Martínez, concejal de Podemos en este municipio cántabro a través de un comunicado conjunto con el portavoz de Izquierda Unida, Pablo Villansante. Por eso, solicitan al ayuntamiento que inste a las empresas y entidades prestadoras de servicios con presencia en el municipio a ofrecer una atención personalizada a los consumidores vulnerables, como las personas mayores. Por el momento, la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán no ha dicho nada ni el resto de grupos parlamentarios del ayuntamiento castreño.
