La oposición de la banca a la nueva figura del Defensor del Cliente Financiero es frontal, y quiere dar la batalla por frenar la configuración con la que se aprobó, y así lo ha hecho constar en las alegaciones que ya han presentado al anteproyecto de ley para la creación de la nueva Autoridad, presetnado por el Gobierno en abril.
Tanto la Asociación Española de Banca (AEB) (@Aebanca) como la Confederación española de Cajas de Ahorros (CECA) (@sectorceca) consideran que la nueva figura de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero es “inconstitucional”, tal y como publica El Periódico, que ha tenido acceso a dichos documentos, pese a que ninguna de las patronales bancarias ha difundido el contenido de sus alegaciones.
El anteproyecto se enfrenta a “importantes obstáculos de constitucionalidad que determinan la necesidad de una profunda reconsideración del mismo”, cita textualmente dicho diario. Además, consideran que “el establecimiento de un sistema de resolución extrajudicial de controversias obligatorio y vinculante de las disputas entre partes privadas incurre en una evidente inconstitucionalidad al ser incompatible con las funciones de nuestro poder judicial” y choca con el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, que es el que tiene toda persona física o jurídica de acudir a la justicia en defensa de sus intereses. En suma, este nuevo organismo, tal y como se planteó, supone una “invasión del terreno reservado” a los jueces.
Otro punto que también provoca la oposición de la banca es la tasa de 250 euros que la nueva autoridad prevé imponer a los bancos por cada reclamación que gestione. Consideran las patronales bancarias que también es inconstitucional la “atribución de su pago en todo caso a las entidades financieras, al margen de en favor de quien se dicte finalmente la resolución, así como el establecimiento de una cuantía desconectada de la del asunto a resolver” y, además, provoca indefensión en el sector.
Tras la presentación del proyecto, las patronales bancarias ya cuestionaron su ideoneidad manifestando estar más “cómodos” con la regulación actual, en la que hay dos grandes supervisores de la actuación de los bancos, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Se trata de modelo ‘twin peaks’ habitual en Europa, frente al modelo anglosajón, que cuenta otra entidad de defensa del consumidor. Entonces dijeron de este nuevo organismo que podría crear una “inflación de entidades”.
La nueva figura de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero tendrá más poder sobre las competencias sobre reclamaciones que ahora tienen el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP). El nuevo Defensor será gratuito para los clientes y se encargará de resolver las reclamaciones de los usuarios que no hayan quedado satisfechos con la respuesta que le hayan dado los servicios de atención al cliente de su banco. Sus resoluciones serán vinculantes para importes de hasta 20.000 euros.
Las resoluciones del nuevo defensor del cliente financiero serán vinculantes para importes de hasta 20.000 euros. Cuando la cuantía en disputa entre el cliente y el banco sea inferior a esa cantidad, la entidad tendrá que aplicarla si el nuevo organismo da la razón al cliente. Se trata de la primera y más notable diferencia respecto a los actuales servicios de reclamaciones del Banco de España, CNMV (@CNMV_IFI) y DGSFP.
Ahora bien, esto también tiene letra pequeña, puesto que no garantiza que el cliente vaya a recuperar el dinero que reclama al banco. La entidad financiera podrá recurrir las resoluciones de la Autoridad Administrativa de Defensa del Cliente Financiero. “Cualquiera de las partes podrá recurrir dichas resoluciones vinculantes ante la jurisdicción contencioso-administrativa”, asegura el anteproyecto de ley. De esta forma, la última palabra la tendrá la Audiencia Nacional.
“Que la banca vaya a poder seguir recurriendo a la justicia va en contra de uno de los objetivos fundamentales que tendría que buscarse con la creación de una autoridad bancaria: descongestionar nuestros tribunales y ahorrar para las arcas públicas, así como para los consumidores, la elevada suma de dinero que supone acudir a tribunales”, valoran desde Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros. Eso sí, en el caso de que esta vía judicial diera la razón a la entidad financiera, no sería el cliente quien tendría que pagar las costas del juicio, dado que el recurso sería contra el Defensor, y no contra el cliente.
Ahora bien, si es el cliente quien recurre a la justicia, porque tampoco queda satisfecho con la resolución del Defensor del Cliente Financiero, y en los tribunales el juez opina como el defensor, será el cliente quien correrá con las costas.
Economía va recibiendo ya alegaciones en la fase de consulta pública y tramitación parlamentaria para introducir mejoras en el anteproyecto de ley de las diferentes partes implicadas. La semana pasada, la Asociación de Usuarios Financieros (@asufin_) hacía pública sus aportaciones en esta fase de consultas. La asociación, presidida por Patricia Suárez, pide que la nueva figura pueda exigir de oficio la reparación a los afectados por abusos bancarios al considerar insuficiente el régimen sancionador previsto para el nuevo organismo, en tanto que no se impone la obligación de reparar a todos los afectados de oficio, hayan reclamado o no, judicial o extrajudicialmente. También propone sancionar de manera ejemplar a las entidades con una mala praxis reiterada.
Otras organizaciones de consumidores, como OCU o Adicae también confirman que sumarán sus aportaciones en esta fase para mejorar el texto.
Una vez que termine el análisis de todas las aportaciones y sugerencias planteadas, y se incorporen o no al texto definitivo, debe pasar por el trámite parlementario del Congreso y el Senado. Antes de pasar por el Parlamento podría ser estudiado por el Consejo de Estado.
Sea como sea, los plazos están ya muy ajustados para que dé tiempo a que el proyecto sea finalmente aprobado dentro de esta legislatura.
