Martes 6 de febrero de 2024
ACTUALIZADO : Miércoles 7 de febrero de 2024 a las 8:22 H
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Ni un municipio sin cajero automático. Ni un barrio en riesgo de exclusión financiera sin este servicio básico de acceso al efectivo. Y en esta ocasión, la lucha contra la exclusión financiera no dependerá de un código de buenas prácticas adoptado por el sector financiero, sino que, la banca, quedará obligada por ley a prestar estos servicios, y correr con sus gastos.
El Congreso ha dado luz verde a que sigue adelante una proposición de ley enviada por el Parlamento de Cataluña por la que se pretende garantizar el acceso a los servicios bancarios básicos mediante un servicio de cajero automático de proximidad, independiente del municipio de residencia.
La exclusión financiera de las personas en el medio rural, que sufren especialmente los mayores; y la exclusión que también comienza a sufrirse en barrios de grandes ciudades, por el cierre de sucursales bancarias ha logrado lo que parecía imposible en el Congreso: poner de acuerdo a la mayoría de diputados.
La iniciativa ha sido defendida por una Delegación del parlamento de Cataluña formada por los diputados Jordi Orobitg, de Esquerra Repblicana; Jordi Munell, de Junts; y por Joan Carles Gallego, de En Comú Podem. Y la han apoyado todos los grupos parlamentarios de la Cámara Baja, con la salvedad de Vox.
El grupo socialista, pese a apoyarla, ha tachado como “poco ambiciosa” la iniciativa. Como ha dicho la diputada Alicia Álvarez, en parte “ha sido superada” porque ya “se han puesto en marcha acciones para instalar cajeros en aquellas zonas más afectadas por la exclusión financiera”. No obstante, ha reconocido que “aún queda por hacer”.
“Damos el sí a la toma en consideración de esta proposición de ley, sin perjuicio de intentar mejorarla, con el objetivo de que sea una ley eficiente”, ha dicho el diputado del PP Santiago Rodríguez Serra. El popular se ha inclinado por no reducir la norma a los cajeros automáticos y apostar también por otras soluciones, “como son las oficinas, oficinas móviles, agentes financieros, cajeros no bancarios, terminales de punto de venta en comercios o carteros rurales, que ya están implantados y funcionando en muchos municipios”. El diputado también ha aprovechado para recordar que “la regulación de las entidades financieras es una competencia del Estado, y en este sentido, (señalado a los bancos vacíos) el Gobierno ni está ni se le espera”.
“Todos recordamos aquellos abrazos de la señora Calviño con Carlos San Juan”, ha dicho la diputada de VOX, Carina Mejías. “Pero ni las promesas del Gobierno llegaron a buen término ni tampoco el compromiso de la banca. Si hoy debatimos esta iniciativa es porque los compromisos no se han cumplido”, ha dicho.
La proposición de ley busca garantizar el acceso a servicios bancarios en municipios y barrios que estén en riesgo de exclusión financiera. El texto define el municipio en riesgo de exclusión financiera como aquel que no dispone de cajero automático en su término municipial, independiente de su tamaño o número de habitantes. Al tiempo, define barrio en riesgo de exclusión financiera como “la subdivisión de una ciudad, villa o pueblo con identidad propia y con reconocimiento administrativo municipal y un mínimo de cinco mil habitantes sin servicios bancarios”.
Los ponentes han defendido que la instalación de estos cajeros corra a cuenta de los bancos, sobre todo mirando las cuentas de resultados del 2023, cuando la gran banca española superó los 26.000 millones de euros en beneficios. Jordi Orobitg, de Esquerra, ha subrayado la necesidad de garantizar el acceso a los servicios bancarios básicos, especialmente a los más vulnerables. Sobre todo teniendo en cuenta que el número de sucursales ha menguado en los últimos años en España, pasando de cerca de 46.000 en 2008 a unas 17.000 en septiembre de 2023.
Con este panorama, y teniendo en cuenta que operar con una cuenta bancaria debería ser "un derecho fundamental", Orobitg ha reclamado implantar una fórmula de liderazgo público que movilice recursos privados para la prestación del servicio de cajero automático en los municipios en riesgo de exclusión financiera.
La propuesta denuncia en su preámbulo el “cierre constante y persistente de oficinas bancarias y cajeros automáticos en la última década”, que “se ha convertido en una realidad insoslayable, que afecta especialmente a colectivos vulnerables”.
Jordi Munell, de Junts, ha denunciado que la exclusión financiera afecta principalmente a personas mayores, pues muchas aprendieron a hacer gestiones como el cobro de la pensión o domiciliar recibos mediante atención en ventanilla y ahora se les está "exigiendo" que aprendan a utilizar herramientas "más complejas", como Bizum o la banca digital.
"La realidad es que no se acostumbran a ello. Eso les supone un verdadero problema y les genera una exclusión social que es una exclusión financiera", ha denunciado Munell, que ha recordado que tres de cada cuatro personas mayores no saben utilizar la banca móvil, según informes del Banco de España y otras entidades financieras.
De su lado, Joan Carles Gallego, de En Comú Podem, ha recordado que al tiempo que la banca registra beneficios de 26.000 millones de euros en 2023, hay 1.500 oficinas y 6.000 trabajadores menos que en 2021. Esto ha hecho, apunta el diputado, que si antes una oficina atendía unas 1.500 personas, en la actualidad atiende a más de 2.500.
