La banca española ha seguido reduciendo su red de sucursales en el segundo trimestre de este año, hasta situarla por debajo de las 17.600, según los datos aportados por el Banco de España. A cierre de junio, había en España 17.597 sucursales, 55 menos que en marzo y 516 menos que en el mismo mes de 2022. Además, el dato del pasado mes de junio marca el nivel más bajo desde diciembre de 1975, cuando la red se situaba en 17.514 oficinas.
El ritmo de cierres, sin embargo, se ha ralentizado respecto a los cierres registrados durante la pandemia del coronavirus, cuando diversas entidades bancarias realizaron reestructuraciones para ganar en eficiencia y optar, en cambio, por la digitalización de parte de sus servicios. Como ejemplo, a finales de 2019 había 24.004 oficinas, una cifra que contrasta con las 17.735 sucursales de diciembre de 2022. Sin embargo, el peor año fue 2021: en solo un año se había cerrado 3.288, pasando de 22.392 en diciembre de 2020 a 19.104 en diciembre de 2021.
La frustración por el cierre de sucursales, la reducción de cajeros automáticos y la imposición de la operativa online motivaron la queja de los mayores, encabezada por Carlos San Juan que, en febrero de 2022 cristalizó en el compromiso de la banca para mejorar la atención a las personas mayores. Urgidos por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, las principales patronales bancarias (AEB, CECA y Unacc) firmaron un protocolo de atención a las personas mayores y con discapacidad con medidas concretas, como mantener la atención presencial y personalizada para estos colectivos. Este protoloco se sumaba al de inclusión financiera en las zonas rurales.
Una de las medidas estrella de este protocolo fue ampliación del horario para operaciones de caja en la ventanilla, con atención preferente para las personas mayores. Fue la primera medida aplicada por la banca y la mejor valorada por las personas mayores. Sin embargo, si el ritmo de cierres de oficinas continua, la atención presencial y los horarios ampliados de caja caen en saco roto. "Despidieron a demasiada gente y no han dejado en ningun momento de cerrar sucursales", denuncia Carlos San Juan quien, augura la tendencia de la banca: "Mantener en el centro de las ciudades una gran oficina y cerrar todas las demás". No va descaminado. En efecto, la banca se ha sumado a la tendencia de contar con grandes 'flagships' en el centro de las ciudades, al tiempo que cierran las sucursales de barrio.
A medida que pasa el tiempo, la banca también parece relajarse en la aplicación del protocolo para mejorar la atención a las personas mayores. Uno de los compromisos era reportar cada seis meses los avances en la aplicación de las medidas. Pues bien, tenía que haber presentado el seguimiento del protocolo a principios del pasado mes de septiembre y seguimos sin noticias. Ya va con casi dos meses de retraso.
Hasta que las medidas adoptadas por la banca para mejorar la atención y el trato a las personas mayores no sean de obligado cumplimiento habremos hecho muy poca cosa. Es el mensaje repetido por las principales asociaciones de mayores, organizaciones de consumidores y Carlos San Juan desde el mismo momento en que se acordó el citado protocolo, en febrero de 2022. Y el tiempo les está dando la razón. “Si la banca se sigue autoevaluándose y sin obligaciones no habremos conseguido nada. Nadie nombra la ya la imprescindible Ley del Defensor del Cliente Financiero y los bancos, en general, siguen ignorando su faceta de servicio púbico”, insiste San Juan.
Entre los meses de junio de 2023 y de 2022, las comunidades autónomas que más vieron recortada su red de oficina en términos relativos fueron Cantabria (-4,9%), Castilla-La Mancha (-4,7%), Madrid (-4,4%), Baleares (-4,4%), Extremadura (-3,6%), Comunidad Valenciana (-3,6%), Andalucía (-2,8%), Cataluña (-2,7%), Asturias (-2,5%), la Rioja (-2,3%) y Canarias (-2%).
Por detrás se situaron País Vasco (-1,9%), Murcia (-1,5%), Castilla y León (-1,3%), Navarra (-1,2%), Galicia (-1,1%) y Aragón (-0,7%).
Si la comparación se realiza con junio de 2020, más de la mitad de las comunidades autónomas han visto reducida su número de sucursales en más de un 20%. Solo Navarra, con un recorte del 12%, Aragón (-13,5%), Extremadura (-17,4%), País Vasco (-18,2%) y Castilla-La Mancha (-19,7%) se sitúan por debajo.
En cambio, las que mayor recorte registraron son Baleares (-33,12%), Madrid (-32,9%), Cantabria (-30,4%) y Cataluña (-30,2%). Le siguen Murcia (-28,2%), Castilla y León (-27,3%), Comunidad Valenciana (-27,2%), Canarias (-25,9%), La Rioja (-25,3%), Asturias (-23,1%), Galicia (-22,6%) y Andalucía (-21,1%).
