Preferentes 2.0: la banca coloca fondos de riesgo a los jubilados para ingresar más comisiones

La banca vuelve a las andadas. Cuando todavía no se ha resarcido a todos los afectados por las cláusulas abusivas de las hipotecas ni de las participaciones preferentes o los bonos convertibles en acciones (los famosos CoCos), las entidades financieras protagonizan un nuevo caso de malas prácticas que puede tener consecuencias legales: están ofreciendo a sus clientes más conservadores –los pensionistas jubilados– fondos de inversión ligados a la evolución de la renta variable, una práctica contra la que se ha manifestado en numerosas ocasiones el Banco de España.

La causa de esta búsqueda de ingresos se encuentra en la crisis de rentabilidad que sufre el sector tras más de una década de tipos de interés en mínimos históricos, la cual está siendo capeada gracias a las comisiones. A pesar de que trimestre tras trimestre los bancos comuniquen beneficios recurrentes –que en algunos casos alcanzan los miles de millones de euros– se trata tan sólo de un espejismo. Cuando se observa la parte alta de la cuenta de resultados –las de los márgenes de negocio– se descubre que son las comisiones de los fondos de inversión, las tarjetas y los seguros, las que sostienen los estados financieros de las entidades.

El problema surge cuando en las sucursales se comercializan productos de alto riesgo a clientes cuyo perfil inversor es de carácter conservador y que en muchas ocasiones ni siquiera comprenden realmente que es lo que están contratando. Para solventar esta cuestión la Unión Europea aprobó una directiva conocida por sus siglas en inglés como MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) en la cual se plantea, entre otras obligaciones, que los bancos realicen un adecuado perfil de riesgo de sus clientes y que en ningún caso les vendan activos que queden fuera del mismo.

Asufin: “El sector financiero no escarmienta”

Sin embargo esto no se está cumpliendo en todos los casos, a tenor de las denuncias que están recibiendo las asociaciones de consumidores y que múltiples afectados exponen también en blogs especializados en economía y finanzas. 

El caso tipo es el de una persona mayor de 60 años que ha recibido dinero de una herencia o de la venta de algún activo inmobiliario, o que simplemente ha ahorrado mediante depósitos sin riesgo. Cuando acude a su oficina para pedir asesoramiento con el objetivo de garantizar que su patrimonio esté protegido y que le permita disfrutar de la última etapa de su vida, el director de la sucursal o el asesor correspondiente le ofrece un fondo de inversión que, al estar ligado a la evolución de la Bolsa, no sólo puede no ser rentable, sino que arriesga el capital invertido.

“Parece que el sector financiero no escarmienta, la banca se queja mucho de la industria litigiosa y de que la gente acuda en masa a los tribunales pero no modifica su conducta”, apunta a 65Ymás Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin). 

“El problema de la contratación de los fondos de inversión de forma irregular es algo que nos preocupa mucho porque no es un producto adecuado para las personas mayores que no quieren especular con sus ahorros y cuya prioridad es mantener el capital”, indica.

Aunque a priori parece claro que existe una vía legal para que los afectados puedan reclamar, la existencia de la citada directiva MiFID II puede ser más un obstáculo que una baza para justificar las demandas de los afectados por esta práctica. “Si los clientes firmaron los contratos y toda la documentación que recoge la nueva directiva, en la que se informa claramente de los riesgos que tiene toda inversión, no hay posibilidad de tener éxito en la reclamación”, señalan fuentes de una de las entidades financieras del IBEX35.

Presión en las sucursales bancarias

“El tema de fondo es que aquí trabajamos por objetivos y cada sucursal recibe periódicamente instrucciones para vender determinados productos a los clientes con la exigencia de cumplir unos determinados porcentajes y cuotas, y la presión es creciente, sobre todo después de que se confirme que el Banco Central Europeo (BCE) vuelve a retrasar la esperada subida de tipos de interés”, admiten las fuentes bancarias consultadas.

La ofensiva comercial puesta en marcha por la banca española parece estar dando sus frutos. Según los últimos datos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco) el patrimonio en fondos de inversión roza los 265.000 millones de euros tras crecer un 2,7% en el arranque de 2019. 

En dicho informe, la CNMV comunica los resultados de su análisis de la información publicitaria de instituciones de inversión colectiva, teniendo en cuenta las buenas prácticas identificadas por el regulador comunitario (ESMA, European Securities and Markets Authority). Y concluye, entre aquellas que “no se ajustan a la normativa vigente” el utilizar argumentos “poco claros o engañosos, como por ejemplo que determinados tipos de fondos no suponen un riesgo para el inversor". 

Además, el organismo supervisor critica que los comerciales de las entidades financieras muestren al cliente “las rentabilidades históricas acumuladas para periodos superiores a un año” para ocultar que un determinado fondo de inversión está en rentabilidad negativa, lo cual atenta contra la legislación vigente. “Los resultados históricos no pueden ser el elemento más destacado de la comunicación”, señala la CNMV.

En la Asociación Española de Banca (AEB), organización que representa los intereses de las entidades, el mensaje es claro a este respecto: los cambios regulatorios aprobados en los últimos años han tenido como objetivo reforzar la protección del cliente y funcionan adecuadamente. “Partiendo en el caso de los fondos de inversión de que la propia CNMV ha considerado que son los productos más conocidos para los clientes y también los que menos cuestiones han planteado a los supervisores”, destacan a este diario fuentes del organismo.

En este sentido, la patronal bancaria expone que las normas de conducta han quedado reforzadas por MiFID II, especialmente en el caso de la prestación del servicio de asesoramiento que lleva implícito un estudio detallado y pormenorizado del perfil del cliente y de sus necesidades. “No basta ya con que el cliente conozca el producto, si no que el mismo debe adecuarse a sus objetivos de inversión y situación financiera”, indica el portavoz de la AEB.

"Nadie da duros a cuatro pesetas"

Los analistas y gestores de patrimonios también piensan que los controles regulatorios y supervisores son suficientes y que el origen de que perfiles conservadores se lancen a aventuras bursátiles tiene mucho que ver con la ausencia de rentabilidad en los productos de renta fija, que provoca que haya ahorradores que pretendan lograr rentabilidad sin asumir riesgos.

En esta línea se pronuncia Antonio Sales, analista de XTB, que insiste en que “con los tipos en el entorno del 0% la renta fija no ofrece apenas retorno y si el inversor quiere buscar rendimientos tiene que acudir a activos con riesgo, aunque es cierto que el producto que se contrate tiene que acotar ese riesgo a la rentabilidad potencial que pueda tener una cartera o un fondo”. 

Además, el analista considera que MiFID “está funcionando bien a la hora de medir el nivel de riesgo que puede asumir el cliente”, pero indica que, a su juicio, “el problema es que muchos de los ahorradores quieren lograr rentabilidades altas sin asumir riesgo y eso es imposible, es como querer obtener duros a cuatro pesetas”.

Para superar este obstáculo entre el objetivo y la manera de alcanzarlo Sales insiste en la importancia de la educación financiera, elemento central también en opinión de la presidenta de Asufin junto con la obligación que tienen las entidades financieras de informar adecuadamente a los clientes antes de contratar cualquier producto.