La Diputación de Barcelona financiará la instalación de cajeros automáticos en municipios con menos de 5.000 habitantes que no tengan ningún cajero, con lo que prevé que sean 1 millón de euros anuales. Así lo ha anunciado este miércoles el diputado de Innovación, Gobiernos Locales y Cohesión Territorial de la corporación, Josep Arimany.
En declaraciones a los periodistas, ha aclarado que esta partida presupuestaria dependerá de las características que tengan los cajeros que finalmente se instalen en estas localidades, así como de las obras y el mantenimiento, entre otros motivos.
En la primera fase de la iniciativa se podrían beneficiar entre 50 y 60 municipios de los más de 100 que la Diputación estima que no tienen cajero, empezando por las localidades que tenían un cajero y ahora ya no. Para "asegurar la viabilidad del proyecto", la Diputación está trabajando para que los ayuntamientos que pidan instalar un cajero automático asuman una parte del coste del nuevo servicio, como la cesión del espacio.
Arimany ha lamentado el "agravio" que supone para la población de estas localidades que debe desplazarse a otro municipio cuando necesita los servicios de una oficina bancaria, y perjudica sobre todo a personas mayores, también por el impacto de la brecha digital.
Ofrecer un servicio justo
La Diputación cerrará este mes la lista de ayuntamientos afectados por la falta de cajeros automáticos y que están interesados en la iniciativa, para concretar el número de peticiones que debe responder.
En las próximas semanas empezará el proceso de licitación del servicio --de una duración mínima de cuatro a cinco años--, que "podría estar ejecutado a finales de año o a principios del 2023" en esta primera fase.
Arimany ha resaltado que los pliegos de la licitación serán "exigentes" con las entidades bancarias que participen en el concurso, para --entre otras razones-- evitar el cobro de comisiones y ofrecer un servicio justo dirigido, sobre todo, a personas vulnerables, ha dicho.
Ha reconocido un "riesgo" de que este proceso quede desierto si son exigentes en los pliegos, pero ha reivindicado que la Diputación está para garantizar un servicio, no para sustituir a alguien en su negocio.
Tutorización y pedagogía
Arimany ha destacado que la voluntad de la Diputación es que este proyecto también garantice la "tutorización y pedagogía" de los usuarios, por lo cual quiere que la instalación se haga en oficinas municipales.
Ha subrayado que la iniciativa va dirigida, sobre todo, a personas de edad avanzada afectadas por la brecha digital, de manera que "tiene que haber una tutorización y apoyo" para facilitar a este colectivo el uso del servicio.
