Suele decirse que, con el tiempo, todo se diluye. Una frase hecha que no puede ser más cierta, al menos, en el caso de las medidas adoptadas por las patronales bancarias para mejorar la atención a las personas mayores, y el compromiso de avanzar en esta mejora.
Las personas mayores siguen reclamando a sus entidades financieras una atención y un contacto más personal; sigue habiendo trabas a la operativa en ventanilla; los cierres de sucursales continúan, el Defensor del Cliente Financiero sigue paralizado y la banca a dejado de hacer seguimiento semestral de sus medidas, pese a que era uno de los compromisos adoptados. “Es el colmo”, dice en conversación con 65YMÁS, Carlos San Juan.
Fue impulsor de la campaña de recogida de firmas ‘Soy Mayor, no idiota’ para reclamar un trato humano y personalizado en la banca, que en apenas dos meses acaparó atención mundial, puso en jaque al Gobierno y logró arrancar un código de buenas prácticas con medidas concretas para mejorar la atención a las personas mayores y evitar su exclusión financiera. El que fuera tantas veces definido como un David frente Goliat, hoy quiere puntualizar: “David contra Goliat solo gana en la Biblia, aquí, en la vida terrenal, no, esa es mi impresión”, asegura.
“Los compromisos de la banca con los mayores, no es que se hayan diluido, porque decir eso es ser indulgente, es que están parados”, se lamenta.
“La banca mejoró cosas puntuales, pero no quiere que la mejora sea continua”, dice el médico jubilado. “Ahora mismo, de aquel decálogo con medidas que se impulsó con Nadia Calviño como ministra, ya no se acuerda nadie, y el Defensor del cliente financiero, que obligaría a que se cumpla, está paralizado”, mientras que "los cierres de oficinas continúan y sigue habiendo muchas injusticias" se queja San Juan. “Lo de la banca no lo puedo entender”.
El último informe de seguimiento de las medidas comprometidas por las patronales bancarias, para analizar si las entidades financieras están o no cumpliendo o no, y también para evaluar los avances realizados se publicó hace ya un año. Concretamente, el 17 de abril de 2024.
“Para garantizar la efectiva implementación de estas medidas, el Observatorio de Inclusión Financiera creado por las asociaciones bancarias hará un seguimiento semestral del cumplimiento” decía el propio ministerio de Economía. Y “la actualización del Protocolo suscrito por las tres asociaciones, en febrero de 2022, incluyó el compromiso, en el marco del Observatorio de Inclusión Financiera, de llevar a cabo la elaboración de un informe semestral de las medidas adoptadas”, ratificaba el primer informe anual de seguimiento de las medidas dirigidas a mejorar la atención personalizada de personas mayores en febrero de 2023.
“Estoy convocado a una reunión el 16 de julio con la banca. No me gusta nada la fecha”, nos cuenta Carlos San Juan. Así, será en verano cuando se publique el nuevo informe de seguimiento. Fuentes de la banca confirman que “será a mediados de año”.
“Esa reunión, la ponen en mitad de julio, supongo que para que vaya poca gente y tenga poca trascendencia. En la última reunión yo tenía muchas esperanzas porque asistió por primera vez el Defensor del Pueblo, pero tampoco sirvió de nada”, dice San Juan.
“Yo creo que el ministro Carlos Cuerpo es una persona con mucha sensibilidad por el tema de los mayores, me consta. Pero tiene las manos atadas. No sé si porque la banca es muy poderosa, porque ahora hay otras prioridades o por qué, pero esto es un desastre, un completo desastre”, concluye.
Carlos San Juan empieza a perder la esperanza. No le falta razón. La figura del Defensor del Cliente Financiero, clave para impulsar la inclusión financiera y acabar con la indefensión de los mayores y otros segmentos de población vulnerables, brilla por su ausencia. Después de tres años de espera, sigue encallado en el Congreso. “El defensor del cliente financiero data de la época de Rajoy, y ahí sigue, en el cajón de los olvidos. No sale la Ley. Por eso tengo que insistir en que no es que yo sea pesimista, es realismo”, asegura San Juan.
Era abril del 2023 cuando la entonces ministra de Economía, Nadia Calviño, anunciaba la puesta en marcha del nuevo regulador parra resolver las reclamaciones de los consumidores a los bancos (que retomaba, en efecto, un proyecto de 2017 del Gobierno Rajoy). En el último paso de su trámite parlamentario, con todos los grupos parlamentarios de acuerdo, se quedo en suspenso por la convocatoria de elecciones generales anticipadas del 23 de julio de 2023. El proyecto se retomó tras la formación del nuevo gobierno, pero el proyecto sigue encallado en el trámite parlamentario del Congreso, donde cada vez es más difícil sacar adelante ninguna ley.
“La Ley de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero ya no la nombra nadie, la han parado. El PP presentó enmienda a la totalidad, cuando hace dos años votó a favor, ahora basta que uno quiera votar algo para que el otro se oponga”, lamenta San Juan.
Fuentes de Economía reconocen que se está retrasando más de lo esperado, pero confían en que salga adelante. Para el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se trata de un proyecto “prioritario” y confía en llegar a un acuerdo con el Partido Popular para el texto final de la ley, ya que en la anterior legislatura fue consensuado. "Esperamos que ahora, en el desarrollo de las enmiendas y la negociación, podamos contar con ustedes”, decía Cuerpo, dirigiéndose a la bancada popular.
“Mientras no exista el Defensor no hay nada que hacer. El ministro tiene buena voluntad, me consta, porque he hablado con él en numerosas ocasiones, y me consta que sí. El ministro creo que es de lo mejor que tenemos, pero creo que tiene las manos atadas” dice Carlos San Juan. “La banca no quiere esa ley”, concluye.
La Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero busca encargarse de las reclamaciones de los clientes contra entidades financieras para descargar a los juzgados, muy saturados. Es una figura clave para acabar contra la indefensión de los clientes: será gratuito, sus dictámenes se emitirán en un plazo máximo de 90 días naturales y sus resoluciones serán vinculantes, cosa que ahora no ocurría.
Además, la nueva autoridad contempla aspectos de gran importancia para el colectivo de mayores: podrá resolver conflictos derivados de una mala atención o por incumplimiento del protocolo que la banca asumió de forma voluntaria. Además, los mayores estarán representados en el Consejo Consultivo de la nueva autoridad.
