Jueves 9 de marzo de 2023
ACTUALIZADO : Jueves 9 de marzo de 2023 a las 17:28 H
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La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño ha destacado como uno de los puntos más importantes del nuevo Defensor del Cliente financiero que podrá resolver conflictos derivados de una mala atención a las personas mayores o por incumplimiento del protocolo que la banca asumió de forma voluntaria.
“Es importante ensanchar el esquema de protección, por eso, el proyecto de ley incluye también en el ámbito de la autoridad los códigos de buenas prácticas” ha dicho Calviño durante la defensa del proyecto de ley de este nuevo organismo de supervisión de reclamaciones entre banca y clientes en el Congreso. “La nueva Autoridad de defensa de cliente financiero podrá resolver controversias relativas a los compromisos del propio sector, códigos de buenas prácticas como el suscrito para mejorar la atención de las personas mayores”.
“Esta misma tarde, hay una reunión con las entidades financieras y con los representantes de los consumidores y usuarios y de las personas mayores, para abordar el cumplimento de estos códigos de buenas prácticas” ha señalado Calviño. “El hecho de que la autoridad pueda resolver estas controversias supone un refuerzo muy importante del papel y la capacidad de protección de los ciudadanos frente a estos compromisos, en principio, voluntarios de las entidades”.
La vicepresidenta primera ha dicho que el Gobierno está abierto a negociar durante la tramitación parlamentaria la tasa de 250 euros con que la banca financiará la nueva Autoridad del Cliente Financiero, el nuevo organismo que llega para unificar los servicios de reclamaciones entre el sector financiero y los clientes. "Son cuestiones que se podrán abordar a lo largo de la tramitación parlamentaria", ha dicho la ministra durante la defensa del proyecto de ley den el Congreso, abriendo la puerta a negociar este punto, que la banca rechaza frontalmente.
“Es preciso tener mecanismos ágiles que resuelvan los conflictos de manera alternativa a los tribunales de justicia”, ha dicho Calviño. Para financiarse, el Gobierno propone una tasa de 250 euros que cada banco tendría que abonar a la nueva agencia, por cada reclamación que acepte a trámite. La vicepresidenta también ha aclarado que esta tasa no se tiene que abonar por cualquier reclamación o demanda que un cliente pueda presentar, ya que primero esta tiene que ser aceptada a trámite por la Autoridad. Responde así a la Asociación Española de Banca (AEB), que ha insistido en los últimos días en que esta tasa podría provocar el efecto llamada de la "industria del pleito", de modo que se produzca un aluvión de reclamaciones por comisiones que sean "perfectamente legales".
Pese a que el Gobierno considera este organismo "clave" para la protección de los ciudadanos dos grupos parlamentarios habían pedido la devolución al Ejecutivo del proyecto de ley que contempla su creación. Concretamente, Esquerra Republicana (ERC) y Vox presentaron sendas enmiendas a la totalidad al considerar que la Autoridad del Cliente Financiero no es necesario, aunque por razones diferentes en cada caso.
Esquerra Republicana de Catalunya considera sería suficiente con plantear la obligatoriedad de los sistemas alternativos de resolución de conflictos ya existentes, como es el caso de Arbitraje de consumo. Vox, por su parte, cree que el actual sistema de reclamaciones extrajudiciales cumple su función.
La ministra ha explicado durante su intervención que esta agencia no elimina los mecanismos actuales, sino que los refuerza, sobre todo teniendo en cuenta la dificultad de legislar los diferentes productos financieros relacionados con el ámbito de criptoactivos o de grandes plataformas tecnológicas, entre otros.
Hay que recordar que una de las principales novedades de esta nueva figura es la ampliación del tipo de quejas que podrán presentarse, y que organismos como el Banco de España han aplaudido. “Estoy hablando del mundo cripto, de las empresas fintech, de nuevas tecnologías en el ámbito financiero, que pueden ser empresas de pequeño tamaño o incluso startups o también las grandes plataformas tecnológicas, asi ocurre por ejemplo en el ámbito de los pagos electrónicos, de agregación de información financiera, crédito rápido online, por citar algunos ejemplos y todos aquellos que se puedan desarrollar en el futuro y que no podemos ni siquiera imaginar en este momento”, ha dicho Calviño.
"Tienen que cambiar los mecanismos para resolver las controversias que inevitablemente surgen entre los clientes y las entidades financieras", ha indicado Calviño.
“El proyecto de ley hace que las resoluciones que pongan fin a la controversia sean vinculantes” ha destacado Nadia Calviño. “Este es un elemento muy importante que diferencia la propuesta del régimen aplicable hasta ahora porque así el ciudadano tendrá un vehículo de reclamación verdaderamente eficaz. Esta es una de las novedades que más consenso ha despertado en todas las personas que han comparecido ante el congreso para valorar este proyecto”.
Ahora mismo, los dictámenes de los tres supervisores sectoriales no son de obligado cumplimiento, lo que hace que sean ignorados por las entidades en muchas ocasiones. En concreto, las decisiones del defensor sean vinculantes para las entidades financieras cuando la cantidad reclamada no supere los 20.000 euros.
