El Defensor del Pueblo va a investigar los microcréditos y el grado de protección de los consumidores frente a este tipo de crédito rápido. Junto con el Banco de España y la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, el organismo encabezado por Ángel Gabilondo ha iniciado una actuación de oficio. Su objetivo es examinar el grado de protección que tienen los consumidores de los conocidos microcréditos o préstamos rápidos.
Se trata de la primera actuación del organismo en este 2024 y se produce por la ingente cantidad de quejas que los usuarios de este tipo de productos financieros han planteado. Según ha explicado el Defensor del Pueblo en un comunicado, las quejas están centradas principalmente en los “elevados intereses” y los breves plazos para la devolución de las cantidades concedidas por empresas comercializadoras que, en muchos casos, no tienen la consideración de entidades de crédito.
El Defensor ha preguntado al Banco de España y a la Secretaría de Estado de Economía si, en función de las competencias que les otorga la Ley 10/2014, de 26 de junio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito, están llevando a cabo algún tipo de actuación sobre las entidades que conceden estos productos, y si se ha emitido alguna directriz aplicable a los microcréditos.
El organismo que dirige Ángel Gabilondo también quiere conocer si está previsto que el nuevo Defensor del Cliente Financiero incluye entre sus competencias la protección de los clientes en las reclamaciones derivadas de la contratación de estos productos. El Gobierno ha vuelto a retomar la creación de esta Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, después de que su tramitación decayera por la convocatoria de elecciones en julio del año pasado.
“Los microcréditos suelen dirigirse hacia un tipo de consumidores que atraviesan situaciones económicas difíciles, incluso desesperadas, y que optan por relegar su derecho a la información y al asesoramiento financiero además de carecer de toda capacidad de negociación”, explica el Defensor del Pueblo. “A ello se suma que estos préstamos, cuyas cantidades suelen situarse entre los 1.000 y los 10.000 euros, se conceden casi de manera automática, incluso vía online o telefónica, sin un análisis de riesgos o de solvencia, lo que conduce a muchas personas a una situación de sobreendeudamiento”, añade.
En opinión del Defensor del Pueblo, al margen de la autorregulación que puedan practicar las empresas que ofrecen estos productos y de las numerosas sentencias judiciales que han fallado a favor de los consumidores, no parece que exista una normativa específica que discipline su actuación, más allá de las normas de protección de consumidores y usuarios, o las previstas en el Código Civil y en el Código de Comercio.
Según los datos del Banco de España, el incremento interanual de los préstamos al consumo es del 4,3%, hasta un saldo vivo de más de 98.600 millones de euros. Se trata de la cifra más alta desde 2009. Según el comparador financiero Banqmi, el 40% de los españoles financiará sus compras durante la actual campaña de rebajas a través de su tarjeta de crédito. Un porcentaje que supera a los que pagan sus gastos con su sueldo mensual, el 26%.
La Asociación de Usuarios Financieros, ASUFIN (@asufin_), también alerta del peligro de sobreendeudamiento. “El principal riesgo viene de acumular una deuda que puede unirse a otras a lo largo del año", aseguran fuente de la Asociación.
