El anuncio de adelanto de elecciones generales realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la consecuente disolución de las Cortes Generales este mismo martes impedirá la tramitación y aprobación definitiva del proyecto de ley por el que se crea la Autoridad del Cliente Financiero.
El proyecto de ley se aprobó este mes en el Pleno del Congreso con una holgada mayoría y fue enviado al Senado para rematar su tramitación, pero eso ya no será posible por la disolución de las Cámaras.
La ley consistía en la creación de una nueva agencia de supervisión que venía a unificar los criterios para gestionar las reclamaciones entre clientes y entidades bancarias. De hecho, el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, llegó a decir que este organismo era "muy esperado" y había conllevado "mucho trabajo" con diferentes ministerios, la industria, asociaciones de clientes financieros, así como asociaciones de mayores.
La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) (@asufin_) ha lamentado que, ahora, con el giro de guión que supone el adelanto electoral, los avances conseguidos en la protección de los consumidores, peligran. “No nos podemos resignar y asistir sin más a retrocesos tan críticos cuando se había tomado conciencia de la importancia de proteger al consumidor de la mala praxis de la banca y las compañías financieras. Es muy frustrante saber que no sale adelante en esta legislatura un organismo tan necesario, confiamos en que el nuevo Gobierno no abandone este proyecto”, ha dicho Patricia Suárez, presidenta de Asufin.
“Hacía décadas que las asociaciones de consumidores pedíamos un organismo similar que llegara para atajar de una vez por todas la sensación de impunidad de la banca y las compañías financieras que agotan el recorrido judicial, con el coste en tiempo y dinero que ello representa, antes de resolver los conflictos con los clientes y, en su caso, resarcirlos del daño económico causado” dice la asociación en un comunicado. Con la nueva figura del defensor, los clientes contarán con una figura de protección, inédita en nuestro país y que nos homologa con los países más avanzados de nuestro entorno.
Otras iniciativas en el limbo
Queda en el limbo el defensor del cliente financiero, pero también la Ley de Acciones de Representación Colectiva, con la que nuestro país daba cumplimiento a la trasposición de la Directiva europea para impulsar este tipo de acciones. “Una iniciativa legislativa de suma importancia que va a permita que todos nos podamos ver recompensados por las empresas que infrinjan los derechos de los consumidores en ámbitos como los servicios bancarios, los viajes, la energía, la sanidad, las telecomunicaciones y la protección de datos, sin necesidad de ir a juicio individual”, dice Asufin.
Pero estos dos no son los únicos proyecto de ley económico que decaen con la disolución de Cortes. Es también el caso de la Ley de Movilidad Sostenible, de Función Pública y de la creación de un organismo para investigar accidentes e incidentes en trenes, aviones y barcos; que ya habían recibido las enmiendas al articulado de los grupos para su tramitación parlamentaria.
La ley de vivienda, la última aprobada
Esto sucede también con aquellos decretos que, aunque entraron en vigor, se aceptaron tramitar después como proyectos de ley, con la intención de poder incluir enmiendas al articulado.
Esto pasa con la reforma del sistema de pensiones, con los decretos anticrisis, del Plan '+ Seguridad para tu energía', de mejora de las condiciones de trabajo en personas trabajadoras al servicio del hogar y de nuevo sistema de cotización para autónomos. También cabe recordar que el Gobierno tenía previsto aprobar "de inmediato" la Ley de Industria en Consejo de Ministros para su posterior envío a la Cámara Baja.
Con todo ello, en clave económica ha sido la prórroga de la 'excepción ibérica' en el gas y la Ley de Vivienda la última aprobada en esta Legislatura.
Eso sí, teniendo en cuenta que la puesta en marcha de esta norma, como es el caso de la definición de grandes tenedores de vivienda, depende en buena medida de las comunidades autónomas. De este modo, el PP, que conquistó en las elecciones varias plazas autonómicas como Comunidad Valenciana, Baleares, o La Rioja, ha reiterado en varias ocasiones que no aplicará esta norma.
