Gobierno y patronales bancarias acordaron en octubre del año pasado una hoja de ruta con el objetivo de que las entidades de crédito aseguren el acceso a servicios financieros presenciales para el 100% del territorio. Un objetivo ambicioso para luchar contra la despoblación y contribuir a una adecuada vertebración territorial, que ahora tendrá que esperar por las elecciones autonómicas y locales previstas para el próximo 28 de mayo, la cita electoral del 28M tal y como ha confirmado la principal patronal bancaria.
“No sé si esto es ineludible, ha confesado María Abascal Rojo directora general de la Asociación Española de Banca (AEB), pero ha apuntado a la necesidad de ampliar “la hoja de ruta”.
En octubre del año pasado, las principales patronales del sector financiero se comprometieron a poner en marcha diferentes medidas para que todos los municipios de España tuvieran acceso a servicios financieros, diferenciando dos fase de seis mese cada una, en función de que esos municipios tuvieran más o menos de 500 habitantes. El límite marcado para la primera fase, quedaba establecido en este mes de abril.
Dos meses antes, sin embargo, reconocen que no llegarán por dificultades relacionadas con las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Así lo ha dicho María Abascal, quien ha comparecido en el Senado ante la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico para informar en relación con el objeto de la Ponencia de estudio para la adopción de medidas que garanticen la inclusión financiera en el mundo rural.
El acuerdo establece un marco de actuación para garantizar al menos un punto de acceso a servicios bancarios presenciales a través de distintas modalidades a las más de 660.000 personas que residen en los 3.230 municipios que no disponen de este servicio. “Para aquellos municipios con más de 500 habitantes, el compromiso es asegurar un punto de acceso a servicios financieros a través, bien de una oficina bancaria, un cajero automático, una oficina móvil o un agente financiero. El sector ha concretado que disponemos de 12 meses para implementar dichos compromisos” ha dicho Abascal.
El sector financiero ha establecido dos fases. “Una primera fase de seis meses, en la que las entidades podrán dotar el punto de acceso, bien directamente según su esquema de negocio y estrategia comercial o bien acudiendo a licitaciones o actuaciones administrativas equivalentes que las propias administraciones públicas afectadas puedan realizar”, ha dicho la responsable de la AEB.
“Nos preocupa que algunos ayuntamientos, con la proximidad a las citas electorales, nos dicen que muchas de estas actuaciones las tienen que paralizar”, ha dicho María Abascal, directora general de la AEB.
Para la segunda fase “se prevé que el sector ponga en marcha una solución colectiva para cubrir aquellos municipios que no hayan quedado cubiertos en la fase anterior, a través de un operador genérico, y siempre con escrupuloso respeto a la normativa de la competencia”, ha dicho la representante de la banca en relación a los casi 3.000 municipios de menos de 500 habitantes.
Sin embargo, estas poblaciones tendrán que esperar. “Es una pena, porque la voluntad de colaboración mutua está ahí, pero las citas electorales nos pueden frenar”. En este sentido, ha insistido en que “la interlocución es buena y la disposición está”, tanto por la parte del sector financiero como de los entes locales.
Según el acuerdo alcanzado, en aquellos municipios que transcurridos los seis meses fijados no cuenten con un punto de acceso, el sector se compromete en el plazo adicional de seis meses, a través de una iniciativa conjunta, a la instalación de un cajero genérico, gestionado por un operador específico, con las funcionalidades necesarias para la prestación de servicios bancarios básicos y que permita la retirada de efectivo. Esta iniciativa se completará con el desarrollo de acciones formativas dirigidas a facilitar el uso del nuevo servicio.
Pero la instalación debe correr a cargo del dinero público. Hay entes locales “que han dotado una partida presupuestaria porque entienden que son servicios que le quieren garantizara los ciudadanos”, explica. “Donde sí es absolutamente necesaria la colaboración público-privada, que es en la cesión de ese espacio público que sea apto para la instalación, por ejemplo, de un cajero, si es que esa es la solución más correcta. Porque si la entidad de crédito no está presente, el cajero, no se puede poner en mitad del campo”.
Tal y como ha explicado la directora general de la AEB, “necesitamos un sitio que reúna las condiciones de seguridad adecuadas, con conexión a Internet, entendemos que tiene que venir por parte de las administraciones”, ha concluido.
