El Defensor del Pueblo ha abordado las barreras que ponen en riesgo de exclusión financiera a colectivos vulnerables como las personas mayores y personas con capacidades diferentes, así como las dificultades para acceder a los servicios bancarios en el medio rural, y ha emitido recomendaciones concretas a diferentes administraciones y organismos públicos. “El Defensor del Pueblo ha querido prestar una especial atención a los problemas derivados de la inclusión financiera, servicios bancarios y personas vulnerables” ha dicho Ángel Gabilondo durante la presentación el Informe Anual de la institución, que ha entregado este martes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; así como al presidente del Senado, Pedro Rollán, en el Palacio del Senado. “En 2024 el Defensor presentó un informe monográfico sobre esta importante cuestión”, ha señalado.
“El Defensor del Pueblo presentó, en mayo de 2024, el informe monográfico ‘Retos de la inclusión financiera. Servicios bancarios y personas vulnerables’”, dice el anuario de la institución. Dicho monográfico, se centró “en los factores que suponen diversos riesgos de exclusión financiera para las personas y las familias por la mera dificultad para relacionarse con las entidades bancarias o para hacerlo a través de los canales que se van estableciendo para relacionarse con ellas”. Tal y como destaca la institución, “se trata de una problemática que afecta muy especialmente a ciudadanos que viven en zonas alejadas de los grandes núcleos urbanos, así como a los mayores y a personas vulnerables”. Es una problemática que tiene que ver con “dificultades de domiciliar cuentas bancarias, o acceder a las propias cuentas y hacer operaciones financieras, disponer de dinero en efectivo sin obstáculos o disponer de informaciones relevantes”.
Las quejas recibidas en la institución sobre este asunto en la última década –3.475– reflejan que este tipo de operaciones cotidianas se convierten a veces para ciertos colectivos en tareas no exentas de dificultad. A juicio de la institución Defensor del Pueblo, "a pesar de que la actividad bancaria es un servicio básico, potenciado por el incremento de los pagos por medios digitales, el modelo vigente de atención al cliente ha de ser optimizado por presentar lagunas que afectan, sobre todo, a los usuarios más vulnerables”.
Tal y como recoge la Memoria Anual, el citado estudio monográfico “contiene 32 Recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, al Banco de España, a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), a la Sociedad Correos y Telégrafos y a las propias entidades bancarias”.
La institución propone declarar servicios económicos de interés general la retirada de efectivo, la realización de movimientos bancarios y la apertura de cuentas corrientes y cuentas de pago básicas. También propone garantizar la existencia de un cajero y oficina en núcleos poco poblados; o crear un grupo de trabajo con Correos para ver la viabilidad de que este organismo público preste servicios adicionales por cuenta de las entidades bancarias.
“Conocedor de los problemas que en ocasiones genera la contratación de productos financieros conocidos como préstamos rápidos o microcréditos, como consecuencia de sus elevados intereses o de los plazos breves previstos para su devolución”, dice el Informa Anual, el Defensor del Pueblo “inició una actuación de oficio para analizar la regulación aplicable a esos productos”. Se trata de un expediente aún en tramitación, por el que se están llevando a cabo actuaciones con el Banco de España y con el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, con el fin de dispensar un régimen adecuado de protección a los consumidores.
