Aunque probablemente no tenga prisa, la banca lleva ya cinco días esperando para cumplir con Hacienda. Los bancos deberían estar pagando ya el nuevo impuesto creado por el Gobierno para los sectores financiero y energético. Sin embargo, un error de cálculo en el tiempo necesario para tramitar la Orden Ministerial, ha impedido a Hacienda cumplir el plazo inicial.
Las compañías afectadas debían hacer frente al pago del tributo entre el pasado miércoles día 1 de febrero y el próximo día 20. Pero aún están esperando. El problema radica en que el modelo de declaración de este gravamen, el 798, aún no ha finalizado su tramitación. Queda pendiente el informe, preceptivo y no vinculante, del Consejo de Estado. En cuanto emita su dictamen, solo quedaría la publicación en el BOE de la Orden Ministerial para que el nuevo impuesto quede aprobado definitivamente. Y esto podría ocurrir en la primera parte de la semana que entra.
A pesar de que el plazo para comenzar a pagar el tributo se está retrasando, por el momento el Gobierno no ha dicho que vaya a extender más allá del 20 febrero el plazo para presentar la primera liquidación. Salvo que digan lo contrario desde Hacienda en los próximos días, por tanto, el plazo máximo de pago se mantiene en el 20 de febrero.
El impuesto a la banca, que pretende recaudar 3.000 millones, parte de aplicar una tasa impositiva del 4,8% sobre el margen de los intereses y de las comisiones que cobran las entidades financieras. Se aplicará a aquellos bancos que en el año 2019 hubiesen ingresado más de 800 millones de euros, sumando estos dos conceptos. Es decir, se trata de un impuesto sobre los ingresos, no sobre los beneficios.
Las entidades que cumplen con este requisito se reducen a once, las más importantes de nuestro país: BBVA, Santander, CaixaBank, Bankinter, Sabadell, Unicaja, Abanca, Kutxabank, Ibercaja, Cajamar y BNP Paribas. Se quedan fuera entidades pequeñas como las cajas rurales, Pueyo y algunos bancos extranjeros.
El importe de la prestación y su pago anticipado no puede ser objeto de repercusión económica ni de forma directa ni indirecta. Es más, se considerará una infracción muy grave el incumplimiento de esta obligación y sancionará con una multa pecuniaria proporcional del 150% del importe repercutido. Será una infracción sometida al régimen administrativo sancionador general.
Será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el organismo encargado de vigilar que este impuesto no se traslade a los ciudadanos de ninguna manera. En su caso, también será el organismo encargado de la tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores por incumplimientos de la misma.
Aun así, son muchos los expertos que descuentan que, tarde o temprano, acabará ocurriendo. Incluso el Banco Central Europeo advirtió que este nuevo tributo debe trasladarse a los clientes.
También la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) considera difícil detectar si cuando la banca suba sus precios, será por las condiciones del mercado o por este nuevo impuesto.
“A pesar de que el impuesto dota de competencias a la CNMC y al Banco de España para reforzar la supervisión, se nos antoja difícil que esto pueda llevarse a cabo, máxime cuando sabemos que para que las entidades cumplan con el mandato de dar préstamos responsables están obligadas a repercutir todos los costes en el precio de los productos”. Aun así, la asociación recuerda que lleva a cabo un registro pormenorizado de los precios de préstamos, hipotecas y comisiones, y que se mostrará "vigilante" ante cualquier cambio.
Algunas entidades han confirmado que recurrirán antes los tribunales. Se prevé que presenten sus recursos “al día siguiente” de pagar el impuesto. Otras entidades, se limitan a decir que están estudiando si dar la batalla legal o no.
