Aprobada la ley que da tres meses al Gobierno para acabar con la exclusión financiera de los mayores
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha mostrado su "satisfacción" por la aprobación, este jueves, en el Congreso de los Diputados, del proyecto de Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que da un plazo de tres meses, desde la entrada en vigor de la ley, para poner fin a la exclusión financiera de los mayores.
Para la Plataforma, con esta ley se da un "importante paso adelante" para proteger adecuadamente los derechos de las personas mayores respecto al acceso a los servicios bancarios, y garantizar un servicio de "banca física" que sea considerado "esencial y de carácter universal hasta su transición a la banca digital".
Dicha demanda queda reflejada en la nueva ley con la incorporación de dos disposiciones adicionales. En una de ellas se insta al gobierno a promover "en el plazo de tres meses a la aprobación desde la entrada en vigor de la ley, las modificaciones legislativas necesarias para garantizar la atención personalizada en los servicios de pagos a los consumidores y usuarios en situación de vulnerabilidad que lo demanden, sin discriminación motivada por 'brecha digital'".
En otra de ellas, consta que el Gobierno deberá promover en coordinación con el Banco de España, como supervisor y representantes de entidades de crédito, un plan de medidas que favorezca la inclusión de los más vulnerables, especialmente de los mayores, y que debe incluir: que el cierre de las oficinas bancarias no conlleve la desaparición de cajeros automáticos externos; el incremento del personal de apoyo para ayudar a las personas con menores capacidades digitales a realizar las operativas necesarias o la instalación de señales e indicaciones de prioridad en el uso de los cajeros automáticos por parte de personas vulnerables; tecnologías de acceso a la banca sencillas, comprensibles, inclusivas y seguras para embarazadas y personas dependientes, reservando en la medida de lo posible cajeros para su uso.
La PMP considera que para que todas estas medidas se lleven a cabo "es necesario modificar la política de reducción de personal que se viene manteniendo".
Del mismo modo, queda reflejado que el Ejecutivo continuará impulsando junto con la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, la instalación de cajeros automáticos en sus oficinas en los pequeños núcleos de población, o la firma de acuerdos de colaboración con las entidades bancarias para la realización de operaciones de ingreso o retirada de efectivo.
Todas las enmiendas transaccionales de esta ley entrarán en vigor dentro de tres meses, aunque la PMP ha asegurado que seguirá trabajando y reuniéndose con los representantes políticos e instituciones para que las medidas aprobadas sean evaluadas durante su proceso de implantación, y realizarán un seguimiento para que su efectividad sea real.
La plataforma ha vuelto a hacer hincapié en la necesidad de llevar a cabo actuaciones concretas reguladas a través de un marco legal, el cual debe obligar a las entidades a mejorar la atención de las personas mayores, al mismo tiempo que contemplar un cuadro de infracciones y de posibles sanciones ante el incumplimiento de lo establecido en la nueva norma.
