Los mayores reclaman a los políticos más compromiso por una atención personalizada de la banca

Paso atrás en la atención presencial a mayores en la banca: solo un 10% puede operar en ventanilla

 

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha reclamado a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados un mayor compromiso para que el proyecto de ley de creación de la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero, actualmente en trámite parlamentario, garantice la atención personalizada de las entidades financieras, especialmente para las personas mayores y con discapacidad mayores en mayor riesgo de exclusión financiera.

Así lo ha reflejado la Plataforma en el documento presentado ante portavoces de la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso, mediante la propuesta de enmiendas al articulado de la norma. En él, formula mejoras que tienen como finalidad reforzar y garantizar la inclusión financiera mediante el refuerzo de la protección a personas en riesgo de vulnerabilidad.

En concreto, las enmiendas presentadas por la PMP se centran en el avance en materia de accesibilidad; en las garantías del principio de prestación personalizada a través de las disposiciones finales cuarta, octava, décima y decimoctava; y en el régimen sancionador para que introduzca criterios de reincidencia, así como un principio de proporcionalidad y equilibrio entre entidades financieras y clientes.

Igualmente, ha propuesto que la Autoridad prevea expresamente una sección específica para la atención de las reclamaciones de los colectivos vulnerables y, en particular, de las personas mayores o con discapacidad, que permita ir fijando criterios interpretativos y de actuación que proporcionen a estas personas la necesaria seguridad jurídica para que puedan ejercer sus derechos y defender sus intereses legítimos en una situación de igualdad de condiciones.

En este sentido, la PMP ha señalado que “el colectivo de personas mayores y con discapacidad mayores requiere de un mayor avance y compromiso en las garantías para la prestación de servicios presenciales y la atención personalizada en el trato y acceso a los servicios bancarios”. Asimismo, ha recordado que “la atención personalizada es algo establecido desde hace años en nuestra legislación y consideramos que esta norma ha de ser lo más ambiciosa posible y transparente en cuanto a las garantías de este derecho”.

 

 

Para lograr estos objetivos, la Plataforma ha manifestado que el proyecto de ley debe de blindar medidas de atención personalizada a nivel de gestores y de atención telefónica, que todavía son insuficientes, así como medidas de accesibilidad en todos los dispositivos de comunicación a la clientela. 

Del mismo modo, ha reclamado garantías de disponibilidad de los canales presenciales, concretando algunos aspectos esenciales en la regulación de esta nueva Autoridad, tales como: que todas las oficinas de atención al público cuenten con un gestor del mayor con formación y cualificación específica para ello; o que los servicios de atención telefónica personalizada no conlleven costes adicionales y estén operativos en todo el horario comercial.

La PMP ha recalcado que resulta imprescindible avanzar en la concreción normativa de las medidas que hayan de implementarse en estos términos de inclusión financiera, así como la puesta en marcha de iniciativas que pongan solución a la grave situación existente, que afecta a un gran número de personas que padecen dificultades para acceder a los servicios financieros. “Es innegable que este es el momento de dar pasos en firme en la implantación de medidas claras y eficaces para afrontar esta problemática y este proyecto de ley constituye un instrumento fundamental para el conjunto de personas en riesgo de exclusión financiera”, ha manifestado.

Finalmente, la Plataforma ha urgido a la tramitación, con la mayor celeridad posible, de esta ley de creación de la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero, dado que es una norma que "ya llega tarde" y que ya contaba con el consenso de todos los grupos parlamentarios durante la legislatura pasada, quedándose a las puertas de su aprobación en la Cámara Alta, producto de la convocatoria electoral.