¿En qué afecta que no haya Presupuestos 2024?: ayudas, impuestos y gasto en Dependencia, en el aire
¿Qué sucede con la subida de pensiones al no haber nuevos Presupuestos Generales de 2024?
Impuestos afectados por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado
El Gobierno, con la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al frente, ya trabaja en los presupuestos Generales del Estado de 2025. Para este año, quedarán prorrogados los PGE de 2023. Una prórroga que puede suponer un nuevo revés para el Defensor del Cliente Financiero, que en estos momentos se encuentra en trámite parlamentario, después de que en la anterior legislatura quedara en suspenso en el último instante, por la convocatoria anticipada de elecciones generales.
El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa quiere que esté en funcionamiento cuanto antes. Así, se acordó su tramitación urgente para acortar los plazos en su paso por las cámaras legislativas. Y aunque el objetivo del Gobierno es que la nueva Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero sea financiada por las propias entidades (bancos, aseguradoras y gestoras), el funcionamiento efectivo del nuevo organismo “se condiciona” a que cuente con una dotación presupuestaria propia en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
El Defensor del Cliente Financiero cobrará a cada entidad financiera una tasa anual que será variable y dependerá del número de reclamaciones que generen y del grado de resoluciones perdidas, de tal forma que pagarán más aquellas entidades que más quejas fundadas reciban.
Así, el ejecutivo pretende "asegurar la correcta financiación para que el organismo esté dotado de los medios necesarios, así como cumplir con la finalidad de ser disuasorio de las malas prácticas de la banca". Ahora bien, esa tasa anual que la banca tendrá que pagar llegará a posteriori, lo que hace necesario que el nuevo organismo requiera de una partida presupuestaria propia recogida en los PGE para echar a andar. Ahora, podría darse la situación de que se apruebe la figura del Defensor en los próximos meses, pero no pueda ponerse en marcha hasta la aprobación de presupuestos para 2025.
"Sin nuevos PGE, es muy difícil que salgan normas de alto calado, y algo que podría volver a fallar es el proyecto de ley de la autoridad de defensa del cliente financiero”, confirma a 65YMÁS Pau Monserrat, economista y profesor asociado de la UIB y CEO de Futurfinances.com. Estuvo a punto de ser aprobada antes de las elecciones, y decayó precisamente por culpa del adelanto electoral. Sin PGE, se acrecienta el temor a que no salga adelante", recuerda el economista.
Algunos expertos restan importancia al hecho de que los presupuestos de 2023, que quedarán prorrogados para todo 2024, no cuenten con una partida específica para el Defensor. “Lo que hay que intentar es que se apruebe el proyecto” aseguran fuentes de la Asociación de Usuarios Financieros, ASUFIN (@asufin_), que llega hasta la fecha con un enorme retraso, y que aún tiene que pasar el trámite parlamentario en el Congreso y el Senado.
“Cuando se apruebe, que es lo complicado, cabría una ampliación extraordinaria del presupuesto” explican desde ASUFIN. Una práctica que, como aseguran dichas fuentes, “es habitual”.
Al fin y al cabo, hay que tener en cuenta que la aprobación final del Defensor, podría llegar antes del verano, dada la urgencia con la que el Gobierno ha abordado el proyecto. Pero la luz verde definitiva podría llegar después, ya casi en la recta final del año.
La nueva autoridad es “una figura imprescindible para defender los derechos de las personas mayores”, recuerda Pau Monserrat, economista y profesor asociado de la UIB y CEO de Futurfinances.com. Coincide Carlos San Juan, el impulsor de la campaña ‘Soy mayor, no idiota’. El jubilado valenciano considera que la aprobación del defensor del cliente financiero sería la guinda del pastel de su lucha por un trato más humano de la banca a los mayores.
La nueva autoridad contempla aspectos de gran importancia para el colectivo de mayores. Como que su voz estará representada en el Consejo Consultivo del nuevo organismo, junto a organizaciones de consumidores y personas con discapacidad. Además, la norma introduce el principio de atención personalizada, haciendo hincapié en los colectivos en mayor riesgo de exclusión financiera, como los sénior.
El nuevo Defensor del Cliente financiero podrá resolver conflictos derivados de una mala atención a las personas mayores o por incumplimiento del protocolo que la banca asumió de forma voluntaria.
La nueva autoridad se encargará de las reclamaciones de los clientes contra bancos, aseguradoras y gestoras de inversión y nace con el objetivo de descargar a los juzgados, muy saturados. Su papel será clave para acabar contra la indefensión de los clientes financieros: será gratuito, sus dictámenes se emitirán en un plazo máximo de 90 días naturales y, sobre todo, porque sus resoluciones serán vinculantes, cosa que ahora no ocurría.
