La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), a través de su revista mensual nº 112 correspondiente al mes de mayo OCU Inversiones, revela el abuso de las entidades bancarias en la petición de información personal a los usuarios.
La normativa obliga a las entidades a identificar a los clientes, su actividad profesional o empresarial, y en su caso, al titular real de los bienes, todo ello con la finalidad de detectar cualquier operación que se pueda considerar sospechosa de estar relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Ahora bien, para OCU este amparo legal no puede servir de escudo para solicitar documentos, como la declaración del IRPF, donde aparecen datos de carácter personal (estado civil, minusvalías, pertenencia a sindicatos…) que están altamente protegidos por la normativa de protección datos, resultando además que esa petición suele ir acompañada de una amenaza de bloqueo de la cuenta corriente del usuario.
El sondeo revela que a uno de cada cinco socios de OCU encuestados su entidad bancaria le había solicitado información extra sobre su información financiera. Y prácticamente a la mitad de ellos les solicitaron la declaración de la Renta.
Por otro lado, solo a un tercio de los requeridos les pareció adecuada la petición mientras que a los dos tercios restantes les pareció improcedente y algo excesivo. A pesar de ello, el 91% accedió al requerimiento enviando su declaración. Lo alarmante es que de los que no accedieron a enviar nada, a 10 de ellos les bloquearon la cuenta corriente.
OCU ha denunciado esta práctica al supervisor bancario, si bien el Banco de España considera adecuada la petición de la declaración de la Renta y cualquier otra certificación de ingresos. Eso sí, antes de proceder al bloqueo de la cuenta considera necesario avisar y justificar las razones. Postura que no ha modificado a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2020 por la que se le prohibió exigir a sus propios trabajadores la entrega de la declaración del IRPF en procesos de verificación de operaciones financieras privadas por vulnerar el derecho a la protección de sus datos personales.
OCU considera que la petición de la declaración de la Renta en la mayoría de los casos no supera el triple juicio constitucionalmente exigido de ser idónea, necesaria y proporcionada, por lo que exige una modificación normativa para que la solicitud de cualquier documentación complementaria que vaya más allá de su mera identificación esté restringida y pueda hacerse solo cuando las actuaciones del cliente –por su volumen, destino o naturaleza– estuvieran tipificadas como sospechosas de blanqueo u otras actividades ilícitas. Dando por sentado, además, que el usuario ha de tener la garantía de que sus datos serán utilizados exclusivamente con dicho fin de comprobación y no para ningún otro.
