Jueves 23 de febrero de 2023
ACTUALIZADO : Jueves 23 de febrero de 2023 a las 11:22 H
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La banca insiste en que el defensor del cliente financiero es inconstitucional y señala dos puntos en los que el nuevo organismo podría incurrir en inconstitucionalidad: por la invasión de competencias en materia judicial, y también por la tasa de 250 euros que los bancos tendrían que abonar cada vez que se acepte a trámite una reclamación de un cliente.
El secretario general de la Asociación Española de Banca (AEB), Javier Rodríguez Pellitero, ha insistido en la posibilidad de que la nueva Autoridad choque con la Constitución durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso, precisamente para posicionarse en torno al proyecto de ley por el que se crea la autoridad administrativa independiente de defensa del cliente financiero, que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria.
Rodríguez Pellitero ha indicado que el organismo podría vulnerar el artículo 117 de la Constitución, referido a la exclusividad e integridad de la función jurisdiccional. Cree que con esta autoridad existe "un riesgo" de vulneración al atribuir a esta entidad competencias "tan intensas en el ámbito judicial". "Se puede llegar a traspasar ese límite", ha advertido el secretario general de AEB. De hecho, ha echado en falta en el anteproyecto de ley un informe del Consejo General del Poder Judicial para pronunciarse al ámbito de actuación del nuevo organismo.
Por otro lado, el representante de la banca ha vuelto a cargar contra la tasa de 250 euros que los bancos tendrán que abonar por cada reclamación de un cliente admitida. Para el secretario de AEB esto "no tiene ningún sentido" y también puede llegar a ser inconstitucional.
A su juicio, esto podría conllevar un efecto perverso añadido provocada por la "industria del pleito" contra la banca. Esta industria del pleito a la que hace referencia Pellitero es la conformada por abogados de clientes que insisten en mantener litigios con la banca para su propio beneficio.
En este sentido, el secretario de la patronal ha indicado que en el caso de que un grupo de clientes articule una campaña de reclamación contra una comisión de mantenimiento de una entidad de, por ejemplo, 80 euros, y que sea "perfectamente lícita", a la entidad no le va a interesar defender cada caso, ya que le supondría abonar por cada caso 250 euros.
Esto, ha explicado Pellitero, implica una situación de "imposibilidad de racionalidad económica" de poder defender su posición, lo que explica la posible inconstitucionalidad de la tasa.
El principal objeto de este nuevo organismo pasa por resolver de manera extrajudicial conflictos entre las entidades financieras y sus clientes. Sin embargo, Pellitero observa que lejos de alcanzar este objetivo lo que podría incurrir es un riesgo de entorpecer las reclamaciones y de judicializarlas, tal como ha sucedido en Reino Unido a raíz de un organismo similar al planteado en España.
Además, Javier Rodríguez Pellitero ha indicado que a este posible aumento de reclamaciones se suma un incremento del personal del propio organismo, lo que conlleva evidentemente a un aumento del personal y el correspondiente gasto público.
Por otro lado, el secretario general de AEB ha señalado que el sistema de reclamaciones actual, que se divide en dos niveles de actuación, funciona "razonablemente bien".
Prueba de ello es que, del total de reclamaciones presentadas a los bancos, solo el 10% del total llega a los servicios de reclamaciones de los supervisores, que corresponde al segundo nivel del sistema. "La mayor parte de los clientes obtienen satisfacción en el propio servicio de reclamaciones de la entidad", ha remarcado Pellitero.
El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, considera, por su parte, que la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero puede suponer incentivos para que las entidades se "allanen" en reclamaciones de bajo importe y que haya mayor número de acuerdos entre entidades y usuarios previos a la resolución por parte de la nueva autoridad, o que también se incentive a los propios clientes a que realicen reclamaciones.
Buenaventura también ha comparecido en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso de los Diputados. Durante su intervención, ha señalado que las entidades podrían allanarse de manera más frecuente en reclamaciones cuyo importe esté por debajo de la tasa de 250 euros por reclamación admitida que incluye el proyecto de ley de la nueva autoridad, de tal manera que aumentaría el número de acuerdos entre entidades financieras y usuarios. O, en cambio, que haya incentivos a que más clientes reclamen a la autoridad ante el hecho de saber que el que la resolución sea vinculante compense el coste de presentar la reclamación.
El presidente de la CNMV ha valorado de forma positiva el carácter vinculante de las resoluciones de la nueva autoridad, así como el hecho de que este organismo puede "crecer y mejorar" en la función de resolución de reclamaciones. "Los clientes van a sacar una ganancia en ese sentido", ha resaltado.
Además, ha felicitado al Gobierno por haber logrado delimitar "en un altísimo porcentaje" las duplicidades entre la nueva autoridad y los supervisores financieros, como son el Banco de España, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y la propia CNMV, expuestas en el anteproyecto de ley.
