Las 10 medidas de la banca para acabar con la exclusión financiera de los mayores
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha manifestado su "satisfacción" ante el "avance significativo" en cuanto a la resolución de sus reivindicaciones, que ha supuesto la ampliación del 'Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca', firmado este lunes por las principales asociaciones bancarias en el Ministerio de Asuntos Económicos, aunque demanda que se complete con "un marco legal específico".
El protocolo, que incluye nuevas medidas para mejorar la atención en las entidades financieras hacia las personas mayores y personas mayores con discapacidad, ha sido suscrito por el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán; el director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), José María Méndez, y la secretaria general de la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc), Cristina Freijanes.
El acto estuvo presidido por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y contó también con la presencia del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
Previamente al acto de la firma, la vicepresidenta Calviño, junto al secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés; la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, y el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, mantuvieron una reunión con el médico jubilado Carlos San Juan, que ha conseguido recabar más de 640.000 firmas con la campaña Soy mayor, no idiota; el presidente de la PMP, Ángel Rodríguez, y la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), Patricia Suárez.
La PMP ha destacado de este encuentro que "ha sido una reunión muy fructífera", en la que la ministra mantuvo "un discurso sólido, comprometido y sensible hacia las personas mayores".
Entre las principales medidas que incluye este nuevo protocolo, la PMP destaca la ampliación de los horarios de servicios de caja, una atención que se proporcionará a través de la ventanilla o del cajero; la prioridad de atención para mayores de 65 años y personas con discapacidad, en caso de alta afluencia de público; o la formación específica obligatoria del personal de los bancos sobre las necesidades del colectivo, que permita ofrecer una atención más ajustada al perfil de las personas mayores.
En lo que respecta a la atención a distancia, el protocolo contempla la implementación de la atención telefónica preferente sin coste adicional para personas mayores o con discapacidad. Asimismo, garantías de adaptación y accesibilidad y sencillez de uso de cajeros automáticos, aplicaciones móviles y páginas web.
Modificar la política de reducción del personal
La PMP señala que, si se quiere implementar adecuadamente las medidas, "es necesario modificar la política de reducción de personal que se viene manteniendo".
Además, si bien la plataforma valora la ampliación y mejora de dicho protocolo como un "paso adelante" en la consecución de las demandas que viene realizando desde hace meses, reitera que "lo más importante" es la consecución un marco normativo que proteja adecuadamente los derechos de las personas mayores respecto al acceso a los servicios bancarios, y que conlleve que el servicio de "banca física" sea considerado "un servicio esencial y de carácter universal" hasta su transición a la banca digital.
Para la plataforma, "no solo se trata de que exista un protocolo estratégico para reforzar el compromiso social y sostenible de la banca", sino que pide "actuaciones concretas reguladas" a través de un marco legal que "debe obligar a las entidades a mejorar la atención de las personas mayores" y que incluya "un cuadro de infracciones y de posibles sanciones ante el incumplimiento de lo establecido en la nueva norma".
A este respecto, la PMP recuerda que Calviño anunció la ampliación de los objetivos del Observatorio de Inclusión Financiera, el cual realizará un seguimiento continuado de la implementación de las medidas incluidas en el protocolo, elaborando un informe semestral que recoja datos sobre el cumplimiento de dichas medidas por parte de las entidades financiera.
Sobre ello, la PMP manifiesta que le gustaría "participar en los comités de seguimiento, al mismo tiempo que considera que la periodicidad del informe debería ser menor a seis meses".
La vicepresidenta también apuntó al refuerzo de otros ámbitos regulatorios, como el proyecto de ley de servicios de atención al cliente por el que se mejorarán los canales y la atención personalizada a todo tipo de usuarios, así como el anteproyecto de ley de creación de la autoridad de defensa del cliente financiero, cuyo texto se presentará en marzo y que servirá como mecanismo de control de conducta de las entidades financieras.
