El grupo popular en el Senado ha presentado dos enmiendas a la Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica para que, entre otras cosas, se incluya en esta norma la garantía de que las entidades bancarias sigan dando atención presencial para las personas mayores, entre otros colectivos vulnerables. Una segunda enmienda propone ampliar la cartera de servicios financieros de Correos.
“La edad supone una barrera a la hora de obtener información y hacer defender tus derechos” nos explica el portavoz adjunto del PP en el Senado, Antonio Román. “Cuando se van cerrando las oficinas bancarias y disminuye la red de cajeros en el mundo rural muchas personas mayores se ven obligadas a ir a las ciudades para sacar dinero o a depender de sean los hijos quienes se lo llevan al pueblo”, dice. Además, “también en el mundo urbano, ahora mismo hay horarios para la atención presencial en los bancos, lo que genera muchos problemas a personas mayores, con dificultades para relacionarse con la tecnología”, añade.
Los de Pablo Casado pretenden incluir en esta ley, que se debate este mismo jueves día 10 de febrero en Ponencia y Comisión del Senado, esta reivindicación que en las últimas fechas ha cogido especial relevancia gracias la campaña 'Soy mayor, no idiota' de Carlos San Juan en Change.org, el jubilado valenciano de 78 años pide un trato más humano en los bancos y que ha logrado poner en jaque a todo el sector financiero y al Gobierno.
"La ministra Nadia Calviña, en su encuentro con Carlos San Juan plantea buenas intenciones". Nuestra enmienda pretendeincorporar a la ley" esta reivindicación. "En lugar de presentar iniciativas que insten al gobierno a solucionar este problema, qué mejor oportunidad que llevar este asunto a la ley de consumidor vulnerable, que está ahora mismo en debate", insiste en senador.
Así, el texto de la enmienda, al que ha tenido acceso 65ymás, pide que el servicio financiero bancario tendrá la consideración de servicio básico y universal, garantizando la atención presencial en los servicios financieros bancarios a los consumidores vulnerables que lo demanden, sin discriminación motivada por brecha digital.
Para los populares los servicios bancarios son servicios esenciales para todos los ciudadanos, imprescindibles para cobrar, pagar, comprar, vender, invertir. Por ello, y al menos mientras dure la transición a la digitalización accesible y comprensiva para toda la población, el “servicios bancario físico” debe ser considerado como un “servicio básico y universal” y el Gobierno debe garantizar que llega a toda la población, igual que las telecomunicaciones o Correos. De la misma forma, la formación azul considera fundamental que el Gobierno vele porque la tecnología de acceso a las gestiones bancarias básicas sea sencilla, comprensible, inclusiva y segura, para facilitar las operaciones básicas a las personas mayores y con limitaciones digitales.
"Una vez que se aprueba esta ley, los mayores tendrán este derecho y los bancos tendrán que poner los medios para no tener que obligar a las personas mayores a una atención que no sea prsencial, si así lo desean y reclaman" explica Román.
Asimismo, solicitan que Correos y las entidades financieras bancarias, mediante convenios entre ambas, faciliten que las últimas presten sus servicios financieros a través de las oficinas de correos o Unidades Móviles Financieras para dar cobertura suficiente en el medio rural donde no existen sucursales bancarias ni red de cajeros automáticos.
"Los servicios postales cada vez son menores, ahora mismo su nicho de negocio es la paquetería, en competencia con otras muchas empresas privadas" nos cuenta el senador por Guadalajara, Antonio Román. "Oficinas de correos hay en muchísimos pueblos y hablando de una empresa de capital 100% público, ésta es una solución, no es la única, pero es una buena solución", explica.
No obstante, el senador señala que su grupo no está encorsetado al texto de las enmiendas, sino que pretenden incluir esta reivindicación en esta ley, que actualmente está en tramitación en el Senado, por lo que siguen negociando con el PSOE y otros grupos ya que este problema "está por encima de ideologías".
