Reclamar a la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero será gratis para el cliente

El Ministerio de Asuntos Económicos, que dirige la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha asegurado a las organizaciones de consumidores que las reclamaciones dirigidas a la futura Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero serán gratuitas para los clientes, de forma que la tasa de 250 euros para financiar la Autoridad se cobrará solo a las entidades financieras.

Esta aclaración del Gobierno se produce tras detectar un error en el documento enviado a los órganos de consulta, con detalles del proyecto de Ley para la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, y que hizo saltar las alarmas. Esta autoridad, cuyo anteproyecto aprobó el Gobierno en abril, resolverá las reclamaciones de personas físicas o jurídicas por posibles incumplimientos de normas de conducta, buenas prácticas y usos financieros, así como por abusividad de cláusulas declaradas como tales por los tribunales correspondientes en relación con los contratos financieros, en un periodo máximo de 90 días (salvo en casos complejos).

El Ministerio ha admitido el error en el documento, que ya este miércoles ha generado protestas airadas. De hecho, tras haber tenido acceso al documento, desde Facua-Consumidores en Acción advirtieron de que la disposición adicional primera indicaba que eran sujetos pasivos del pago de la tasa las entidades financieras y los clientes, cuando en el primer borrador se especificaba que eran únicamente las entidades financieras las que debían hacer frente al pago de los 250 euros. Así, la asociación instó al Ministerio de Asuntos Económicos a modificar el texto para excluir a los clientes del pago de la tasa, y el departamento dirigido por Nadia Calviño ha remitido una comunicación en la que asegura que "los servicios a los usuarios son gratuitos".

"Es cierto que en el articulado de la norma se recoge por error que la tasa la pagan las entidades financieras y los clientes, si bien os informamos oficialmente de que se trata de un error, como se constata en la exposición de motivos del proyecto de ley", señala el comunicado enviado a Facua. Una vez detectado el fallo, Economía informará del mismo a los órganos consultivos a los que se envió el proyecto de ley para que lo tengan en cuenta.

Trámite parlamentario en otoño

Por otro lado, en sus alegaciones al documento, Facua ha recogido otra serie de propuestas y medidas, como el plazo máximo de un año para reclamar ante la Autoridad Independiente, el hecho de que solo sean vinculantes las resoluciones por cuestiones económicas de menos de 20.000 euros y que se pueda sancionar a los usuarios si interponen una reclamación en la que se aprecie "temeridad" o "mala fe".

Una vez que los órganos de consulta emitan su dictamen, el proyecto de Ley deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros en segunda vuelta para que se inicie su tramitación parlamentaria, lo que está previsto que suceda durante el otoño.