Trato humano y cajeros interiores, entre las reivindicaciones de los pensionistas a los bancos

A lo largo del año 2021, la banca española ha obtenido unos beneficios superiores a los 20.000 millones de euros, de los cuales, gran parte proviene de la reducción de oficinas, restricciones del horario de atención personal y la necesidad de solicitar cita previa para ser atendido "en un teléfono que nadie responde", señala la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Lugo (AJYPEL). Todo esto, obliga a usar las nuevas tecnologías, sin importar que las personas mayores de 65 años, "y también de menos edad", no tengan las mismas habilidades para acceder a ellas, evidenciando así la "enorme brecha digital" de este grupo de población "a las que la banca menosprecia continuamente". 

De igual modo, la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Lugo señala que son muchos los concellos y parroquias de la provincia, donde el número de personas mayores se aproxima al 20% de la población total, que se han quedado sin sus oficinas bancarias y sus cajeros automáticos, obligando a las personas a tener que desplazarse. 

"Las entidades financieras buscan aumentar su rentabilidad, obtener más beneficios, y para ello no duda en reducir sus gastos", explican en una nota, "sin importarles mucho los medios utilizados a tal fin". 

Estos beneficios obtenidos en el año 2021, "que les ha supuesto un incremento porcentual muy alto al año 2019, antes de la pandemia de la Covid-19", se debe principalmente a cierre de oficinas (3.000 por el momento); despido de personal (más de 12.000); reducción o eliminación de los horarios de atención al público en general, lo cual dificulta la atención al cliente, "especialmente a las personas mayores"; desviando y redirigiendo, a su vez, esa atención que debería ser personal a los medios ofimáticos, medios y herramientas que muchas veces son "inentendibles", sobre todo para quienes no están familiarizados con su uso; y la colocación de gran parte de los cajeros automáticos en la calle, obligando a realizar las operaciones fuera, lo cual expone sobre todo a las personas mayores a ser robadas. 

"Demasiadas veces muestran poca o ninguna comprensión por los problemas de gestión que afectan a sus clientes, y la realidad es que no hemos de subyugarnos a los intereses de la banca, han de ser las entidades financieras las que deben adaptarse a las necesidades de las personas, que al fin somos sus clientes y el dinero que depositamos es nuestro y está en nuestras cuentas", comenta AJYPEL.

Recuerdan, además, que este es un problema que afecta a los usuarios de los servicios de las administraciones, locales, provinciales, comunitarias o estatales, o la sanidad, donde se es necesaria la informática para la mayoría de los trámites, donde se ha suspendido gran parte de la atención personal y las solicitudes de cita previa tienen que hacerse por medios "difícilmente alcanzables para muchas personas".

"Es evidente que la informática es ya el presente y el futuro, pero no podemos obviar que para muchas personas la informática no estaba en su pasado y el tener que enfrentarse a una máquina en lugar de a esa persona, muchas veces amable, que la atendía en sus dudas antes, generándoles inseguridad, ansiedad, miedo e indefensión", señalan.

"Los grandes perjudicados"

"Ante todo esto, los mayores son los grandes perjudicados, al ser la franja de edad en la que son más numerosas las personas a las que les va a resultar imposible manejarse con las nuevas tecnologías", destacan.

Desde AJYPEL consideran que el hecho de que los mayores tengan que soportar largas colas ante un cajero automático en plena calle, haga frío o calor, a veces con problemas de movilidad y pidiéndose ayuda entre ellos para entender "la dichosa máquina", para poder pagar un recibo o sacar su dinero, con todo el peligro que eso supone para su economía y su físico, "no habla muy bien de nuestra sociedad".

"Son los poderes públicos los obligados a darle una pronta y definitiva solución", porque "no todo vale para obtener beneficios". Según el artículo 51 de la Constitución, "los poderes públicos garantizaran la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud, y los legítimos intereses económicos de los mismos", por lo que no es comprensible el trato que muchos mayores están soportando. 

Cada vez son más las voces que exigen un cambio para que las personas mayores sean atendidas dignamente y "en su legítima relación con aquellas entidades en las que se les obliga a ser cliente", donde se les abona su pensión y han de tener domiciliados sus pagos.

En este sentido, ABANCA, entidad que cuenta con 1.084 cajeros automáticos, 883 de los cuales están en Galicia, ha iniciado la colocación de cajeros en municipios de Galicia en los que no hay ninguna entidade financiera que de servicio. En concreto se trata de 38 nuevos cajeros que, desde AJYPEL destacan que "son subvencionados, lo que hace todavía más rocambolesca esta situación". Es decir, "les pagan con dinero público para que atienda a sus clientes". Y señalan que ABANCA tuvo unos beneficios en el ejercicio 2021 superiores a 300 millones de euros y fue una de las entidades beneficiadas con los 60.000 millones de euros que en su día se inyectaron a la banca y "de los que nunca más se supo".

Las propuestas de AJYPEL

Por todo ello, desde AJYPEL proponen a los grupos políticos que conforman la corporación del Ayuntamiento de Lugo la aprobación de esta moción con los siguientes acuerdos:

• Realizar "de manera urgente" una evaluación de la atención que reciben las personas mayores por parte de las entidades financieras de la población, poniendo especial énfasis en los núcleos y parroquias para dotarlos del servicio que precisen.
• Que la Diputación Provincial opere preferentemente con aquellas entidades que atiendan con un trato humanitario y próximo a los mayores, lo que sitúan en la atención personalizada dada por empleados dispuestos a desempeñar su trabajo con cercanía y amabilidad.
• Que, dado que la calle no es una oficina, se valore y estudie la posibilidad, ya propuesta por algunos ayuntamientos, de incrementar la tasa por la ocupación de la vía pública por cada cajero automático de forma notable.
• Que las oficinas bancarias que "los han abandonado a su mejor conveniencia" mantengan los cajeros automáticos interiores para servicio de los clientes.
• Por último, solicitan que si se aprueba algún acuerdo, se traslade y comunique a las distintas entidades bancarias y administraciones de Lugo.