Tres motivos por los que el banco no querrá abrirte una cuenta de pago básica
Esta es la comisión máxima que puede cobrarte el banco por una cuenta de pago básica
Una cuenta de pago básica es una cuenta corriente en euros, que podrá ser contratada por cualquier persona física que resida legalmente en la Unión Europea, sea solicitante de asilo o, aún no teniendo permiso de residencia, no pueda ser expulsada, siempre y cuando no disponga de una cuenta de pago en otra entidad en España.
Las cuentas de pago básicas forman parte del catálogo de todos los bancos que operan en nuestro país, desde que pasado año el Consejo de Ministros aprobara el real decreto que regula el acceso gratuito a las cuentas bancarias básicas a personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social.
Estas cuentas están pensadas para todas aquellas personas que, en condiciones normales, no sean capaces de abrir una cuenta corriente en una entidad, como, por ejemplo, quienes no tengan unos ingresos regulares o quienes solo estén en España de paso y no tengan una residencia habitual que dar a su banco. Las entidades financieras tienen la obligación de informar y ofrecer la apertura de esta cuenta en las condiciones establecidas a las personas que lo soliciten y acrediten su situación. Pero no podrá utilizarse para finalidades profesionales distintas de las que corresponden a un consumidor.
El PSOE ha reclamado ahora en el Congreso de los Diputados la adopción de medidas para facilitar el acceso a las cuentas de pago básicas y evitar malas prácticas por parte de las entidades financieras que acaban perjudican a personas vulnerables, fundamentalmente migrantes y solicitantes de asilo.
Estas cuentas de pago básicas son imprescindibles para poder a percibir prestaciones sociales y, de hecho, según el PSOE, "muchos ayuntamientos", señalan "están detectando que personas vulnerables no están teniendo acceso a determinadas rentas y ayudas" por no disponer de ellas.
La normativa en España exige a los bancos ofrecer estas cuentas sin condicionar otros servicios, publicitar su existencia y sus requisitos pero, tal y como expone el PSOE, su funcionamiento está revelando una serie de "deficiencias", malas prácticas y un "comportamiento arbitrario" por parte de las entidades financieras.
En una proposición no de ley registrada en el Congreso, los socialistas hablan de problemas a la hora de informar del servicio, en el sistema de reclamaciones o al condicionar la contratación de productos bancarios.
También denuncian "la exigencia de documentación arbitraria para demostrar la situación de exclusión social y el bloqueo, sin previo aviso, de cuentas de pago básicas abiertas por el hecho de no tener ingresos, supuesto contrario a la normativa vigente".
La banca ya ha advertido de problemas para reconocer documentación de los solicitantes, como la tarjeta roja de los solicitantes de asilo o los resguardos de protección internacional, aludiendo que no es posible acreditar con veracidad su identidad. Por ello, una de las peticiones del PSOE es que el Gobierno de coalición adopte las medidas necesarias para que esos documentos que expide el Ministerio de Interior sean reconocidos como válidos para la apertura de una cuenta bancaria.
Además, indican que hay solicitudes que son "automáticamente denegadas" por el banco por ser de personas de países de un "potencial blanqueo de capitales" conforme a la normativa del Banco de España, por lo que el PSOE exige al regulador que aclare qué normativa prevalece en esos casos de colisión, ya que se podría estar produciendo una situación de discriminación por razón de origen.
Protección al cliente financiero
Asimismo, piden que ante la demora de la atención directa de determinados ayuntamientos, cuando el solicitante no disponga de documentación acreditativa de la vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera a efectos de ser beneficiario de la gratuidad del servicio, baste con aportar un informe emitido por los servicios sociales, locales o autonómicos.
Por último, llama a agilizar la creación de la Autoridad de Protección del Cliente Financiero para resolver de manera extrajudicial casos derivados de malas prácticas de las instituciones que comercializan productos financieros y evitar así el colapso de los tribunales y el perjuicio de ciudadanos que no pueden permitirse una reclamación judicial.
