El Banco de España va a comenzar a regular la actividad de los ‘servicers’, es decir, las plataformas de gestión inmobiliaria de grandes carteras, así como de créditos dudosos. Hasta ahora, era una actividad que no contaba con una regulación específica ni estaba sometida a supervisión más allá de la normativa que rige una compraventa de inmuebles. Respecto al crédito, la actividad del recobro tampoco está regulada. Ahora mismo, en España cualquier empresa puede ceder el crédito o su gestión a un tercero para poder cobrar la deuda, sin mayores requisitos.
Esto tiene los días contados. España se adapta y traspone la directiva europea sobre los Administradores de Crédito y los Compradores de Crédito, que marca, como plazo máximo, el 30 de diciembre de 2023. Antes de esa fecha, España ya habrá hecho los deberes, al igual que han hecho ya otros países europeos como Alemania, Francia o Italia.
Los denominados con el término anglosajón ‘servicers’ son gestoras de activos inmobiliarios y entidades que se dedican a la compra y alquiler de activos inmobiliarios, de cualquier tipo. Pueden ser viviendas nuevas o usadas, naves, suelos, activos terciarios, oficinas, edificios, centros comerciales, etc, que se adquieren a bajo precio en subastas.
Estas plataformas inmobiliarias se han convertido en la última década en actores imprescinibles en el mercado inmobiliario y sector financiero español. Nacieron para gestionar la enorme carga de ladrillo y créditos dudosos que la banca absorbió tras el estallido de la crisis financiera, así como la de SAreb, la empresa controlada por el Ministerio de Asuntos Económicos a través del FROB, más conocido como el ‘banco malo’. Aún hoy, hay activos que la banca quiere sanear y vender, y sacarlos de sus balances, por lo que el negocio de estos denominados services tiene buenas perspectivas.
El objetivo es claro: establecer un marco común y dar seguridad a los compradores y a los consumidores, al tiempo que dar certidumbres y reglas del juego claras e iguales a los actores del sector. La norma, según recoge Expansión, obliga a obtener una autorización administrativa, que puede ser revocable, del Banco de España. Además, se crea un registro oficial de todos los gestores de carteras inmobiliarias autorizados y se analiza la capacidad para recibir y mantener fondos. Una vez se haya traspuesto la norma, los servicers que estén bajo la supervisión del Banco de España podrán prestar servicio en otros países y serán los supervisores de esos estados los que se encarguen de registrar las operaciones que se realicen bajo su jurisdicción.
El Banco de España, como entidad supervisora, podrá investigar e imponer sanciones administrativas y medidas correctoras a los gestores de los activos tóxicos.
El recobro no está regulado en España, a diferencia de otros países de nuestro entorno. Ahora, con la transposición de esta directiva Europea sobre administradores y compradores de créditos, las entidades de crédito tendrán que informar al Banco de España cada seis meses de todas las ventas de carteras que realicen en ese periodo especificando comprador, saldo pendiente agregado, número de créditos y las garantías que aseguren estos préstamos. El consumidor quedará así más protegido.
No obstante, desde el sector del recobro piden ampliar los términos específicos de esta directiva y crear una regulación más amplia.
Con una inflación que viene desafiando en lo que va de año a las economías desarrolladas a uno y otro lado del Atlántico, con los tipos de interés al alza, el Euribor también por las nubes y con previsiones económicas más que modestas, en muchos países corregidas a la baja; es previsible que morosidad crezca. Las carteras inmobiliarias y de crédito dudoso de la banca podrían aumentar y también es previsible que las empresas de recobro vean crecer su volumen de trabajo. Así, esta regulación llega en el mejor momento, la supervisión del Banco de España es siempre una garantía para los compradores y los consumidores.
