Hipoteca inversa: convertir la vivienda en renta y que paguen los herederos
Vuelve la hipoteca inversa: un producto de alto riesgo para los mayores
Hipoteca inversa, nuda propiedad y renta vitalicia inmobiliaria: qué son y en qué se diferencian
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (@Cermi_Estatal) ha solicitado al Banco de España (@BancoDeEspana) que investigue a los bancos por "excluir" a las personas con discapacidad de la hipoteca inversa, que es la que permite a mayores de 65 años, personas dependientes y con una discapacidad superior al 33% convertir a dinero el valor patrimonial de la propiedad de su vivienda sin perder la titularidad.
Así lo ha trasladado el presidente de esta organización, Luis Cayo Pérez Bueno (@luiscayoperez), en una misiva en la que solicita en nombre del Comité que "se compruebe si se está produciendo esta situación de discriminación", tal y como lo ha detectado esta entidad, para sancionar, si este fuese el caso, a los bancos y para que se dicten instrucciones para ofrecer la hipoteca inversa a las personas con discapacidad.
Según el escrito, la hipoteca inversa, que constituye una modalidad de autofinanciación, está regulada por el Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero. Entre los requisitos para solicitarla y resultar beneficiario se encuentra tener una edad igual o superior a los 65 años o ser dependiente, así como el reconocimiento de una discapacidad con un grado igual o superior al 33 por ciento.
El CERMI también ha pedido al Banco de España que revise su información oficial online porque "elude mencionar", entre las personas beneficiarias de esta hipoteca, a las personas con discapacidad. A criterio de la entidad, es "llamativo" y "sintomático" que solo se centre este contenido en las personas mayores y dependientes.
En este sentido, esta organización advierte de que al impedir el acceso a este producto, "se incumple por ende" un derecho regulado por Ley y una "discriminación" que figura en la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, además de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas del 2006.
