Las 5 lagunas de las ayudas y pensiones relacionadas con los cuidados

Las ayudas y pensiones que reciben tanto los familiares que cuidan como los que son cuidados constituyen una maraña burocrática que, para muchos, es difícil de entender. Los importes pueden resultar bajísimos y no se adaptan siempre a la renta de los hogares, mientras que los criterios con los que se conceden las ayudas no son estables. Las partidas presupuestarias de dependencia son tan insuficientes que, en 2030, más de 100.000 personas podrían no acceder en España a la atención que necesitan. 

La gama de este tipo de ayudas y pensiones en nuestro país es de una complejidad sorprendente. Intervienen numerosos porcentajes oscuros y discutibles -del 33% de discapacidad al 65% o el 75%-, una larga lista de criterios, baremos y plazos… y hasta un régimen de incompatibilidades entre los distintos tipos de ayudas. Por ejemplo, la pensión de invalidez no contributiva es incompatible con la pensión de jubilación no contributiva. A todo esto hay que añadir las competencias solapadas o exclusivas del estado y las comunidades autónomas a la hora de concederlas y, cómo no, la opacidad habitual del lenguaje administrativo. 

En consecuencia, no es infrecuente que algunas personas, mayores incluidos, se vean obligadas a pedir asesoramiento profesional en una asociación aunque no les sobre el dinero. Y esto es importante cuando hablamos de un colectivo que incluye a una capa de la población que ingresa como máximo 5.500 euros al año y que, como advierte Almudena Velázquez, responsable legal del Departamento de Banca de Reclamador.es (@reclamador), “es muy común que, si acude a los tribunales para reclamar una ayuda o pensión, tenga que hacerlo acogiéndose a la asistencia jurídica gratuita”. 

 

Precisamente, la segunda gran laguna de este tipo de ayudas y pensiones tiene que ver con la escasa cuantía y adaptación a la situación económica de las distintas familias. La prestación económica por hijo o menor a cargo con discapacidad puede alcanzar los 1.000 euros anuales si es menor y sufre una discapacidad igual o superior al 33%. La familia cobraría solo 250 euros cada tres meses. Cuando, por ejemplo, un matrimonio mayor cuida a su hijo discapacitado, que suele superar los 18 años, pueden ocurrir dos situaciones: que la persona cuidada arrastre una discapacidad igual o superior al 65% y la familia perciba 390 euros mensuales o que su discapacidad ascienda como mínimo al 75% y necesite a un tercero que lo ayude a comer, vestirse, etcétera. En este caso, quien lo tenga a su cargo percibiría 590 euros mensuales.    

Naturalmente, con cada cifra surge una duda. ¿Se puede mantener remotamente a alguien gravemente discapacitado con 250 euros cada tres meses? ¿Existe una diferencia sustancial entre lo que cuesta mantener a un menor severamente discapacitado y a un mayor de edad en su misma situación? ¿Hasta qué punto mejora la vida de los mayores que cuidan a sus hijos discapacitados con una prestación que no llega ni a los 600 euros mensuales? 

Por otro lado, como señala Javier Sagardoy, abogado laboralista de EJASO ETL Global en Zaragoza, “uno de los aspectos más injustos de estas ayudas es que se dan con independencia del nivel de renta de cada uno”. Y pone un ejemplo personal: “Mi hijo tiene síndrome de Down y nosotros, que somos una familia que se puede permitir llevarlo a un logopeda privado, recibimos para cuidarlo la misma ayuda que una familia sin recursos”. 

 

La renta

Es verdad que, a veces, la renta sí que influye, como cuando los mayores que necesitan cuidados perciben una pensión no contributiva. Para disfrutarla, según la ley, tendrán que sufrir una discapacidad del 65% y cosechar unos ingresos individuales que no lleguen a los 5.500 euros al año. Si conviven con su marido o mujer, los ingresos del hogar apenas pueden superar los 9.300 euros y, si el matrimonio mayor vive con un hijo, y con nadie más, los ingresos familiares no podrán rebasar los 23.330 euros.

En estas circunstancias, la persona cuidada recibirá de pensión no contributiva entre algo menos de 400 euros al mes y algo menos de 600 euros mensuales.  Si en un mismo hogar hay más de un discapacitado, la ayuda por cabeza será aún más baja y puede caer, si por ejemplo son cuatro, hasta bordear los 300 euros.

Almudena Velázquez considera que “hay que plantearse si, con este nivel de pensiones no contributivas, nos podemos creer que estamos ayudando realmente a alguien o deberíamos empezar a aceptar que no es así y que, simplemente, les damos un dinero para tranquilizar nuestras conciencias”.  Sagardoy recuerda que “tendría más sentido apostar más por unos servicios públicos que ayudan a las familias que por unas ayudas económicas tan escasas”.

Además, los criterios con los que se conceden las prestaciones, como advierte el abogado, “varían dependiendo del tribunal médico que te toque, aunque es cierto que no tanto como en las prestaciones de incapacidad permanente”. Y, nuevamente, cree que un ejemplo vale más que mil palabras: “En la escuela especial de mi hijo que, como decía, padece síndrome de Down, hay otros dos niños que tienen casi exactamente las mismas dificultades que él… y a ninguno de los tres le han reconocido el mismo grado de discapacidad”. Por si esto fuera poco, la administración, para ahorrarse una parte de los subsidios, califica al mismo niño con síndrome de Down con distintos porcentajes de discapacidad en distintas edades hasta que llega a los 18 años, que es cuando le reconoce, finalmente, el 65%. 

 

El grado de discapacidad, el porcentaje, es el que va a marcar el acceso de ese niño a las ayudas y las pensiones no contributivas, y el caso de estos menores es relevante para los mayores, porque los tribunales médicos de unos y otros aprecian los porcentajes de discapacidad con el mismo grado de subjetividad. 

Finalmente, según un informe del Área de Estudios e Investigaciones de la Fundación Lares, el incremento demográfico de las personas mayores se catapultará en más de un 60% en los próximos años. Por eso, incluso si se mantuviera un compromiso de crecimiento de 830 millones euros en el presupuesto de dependencia durante la próxima década, en 2030 más de 125.000 personas se quedarían sin asistencia. El déficit de financiación del sistema ascendería a los 1.300 millones de euros.

Esta urgencia impone una cuenta atrás no solo para añadir más recursos, sino también para corregir otras deficiencias como la falta de claridad de las ayudas, su escasa cuantía, la insuficiente flexibilidad a la hora de adaptarse a los distintos niveles de renta de los hogares y los excesivos niveles de subjetividad de los tribunales médicos.