La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto una investigación a bancos y funerarias a raíz del buzón que habilitó la semana pasada para denunciar prácticas anticompetitivas relacionadas con la crisis sanitaria por el COVID-19.
La CNMC ha recibido medio centenar de consultas y denuncias de particulares y empresas en el buzón activado específicamente para la detección de prácticas anticompetitivas relacionadas con la crisis sanitaria creada por el COVID-19. Algunas de estas denuncias han dado lugar al inicio de investigaciones, concretamente en los mercados financieros y de servicios funerarios, según informa el organismo en una nota de prensa.
El pasado 31 de marzo la CNMC anunció el lanzamiento de un buzón (covid.competencia@cnmc.es) para centralizar todas las denuncias y consultas relacionadas con la aplicación de las normas de competencia en el contexto del Covid19.
Se trata de un canal específico para que ciudadanos y empresas realicen cualquier denuncia por conductas anticompetitivas en el contexto actual de la pandemia como, por ejemplo, abusos de posiciones dominantes mediante precios excesivos; acuerdos anticompetitivos entre operadores o conductas desleales consistentes en engaños masivos en bienes y servicios afectados por la crisis sanitaria.
Además, este buzón está a disposición de las empresas que quieran consultar posibles acuerdos con otros operadores (incluidos competidores) para hacer frente a los efectos de la crisis y poder así evaluar su compatibilidad con las normas de competencia.
Desde la puesta en marcha de dicho buzón, hace tan solo una semana, la CNMC ha recibido medio centenar de consultas y denuncias enviadas por particulares y empresas. Las denuncias se refieren en su mayoría a posibles conductas anticompetitivas en los sectores financiero y de comercialización de bienes y servicios de primera necesidad.
Inicio de investigaciones
A la vista de dichas denuncias, la CNMC ha iniciado diversas investigaciones por posibles prácticas contrarias a la competencia.
En lo que respecta al sector financiero, se está analizando la exigencia por parte de algunas entidades financieras de una garantía adicional (en particular, la suscripción de un seguro de vida) para la concesión de los préstamos garantizados con el aval del Estado (Líneas de crédito ICO) y de otras ayudas financieras derivadas de la normativa extraordinaria dictada para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En concreto, se analiza si tal exigencia podría constituir una conducta desleal que, por falsear la libre competencia, afecte al interés público en un contexto de crisis derivada del COVID-19.
Asimismo, se está investigando si los precios aplicados por diversas empresas funerarias durante la crisis sanitaria podrían deberse a acuerdos anticompetitivos entre competidores o a conductas agresivas desleales, objetivamente contrarias a las exigencias de la buena fe y susceptibles de mermar de manera significativa la libertad de elección de los destinatarios (familiares de los fallecidos).
Por otra parte, el aumento de la demanda global de determinados productos de protección de la salud como los geles hidroalcohólicos está provocando sustanciales incrementos del precio de estos productos y de las materias primas que se emplean en su fabricación (etanol) empleados en su producción, además de situaciones de desabastecimiento en el mercado. Por ello, se está analizando de manera pormenorizada la evolución de estos mercados en España para identificar y, en su caso, sancionar la existencia de conductas anticompetitivas derivadas de tales incrementos de precio.
