El presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), Pedro Campo, ha considerado "imprescindible" abordar un plan económico y políticas concretas para el comercio en "estrecha" colaboración con las organizaciones empresariales más representativas del sector, al tiempo que ha reclamado ayudas directas a los subsectores más afectados por la crisis del coronavirus, tras unas pérdidas de facturación que ha cifrado en 12.000 millones de euros y el cierre de cerca de 63.000 negocios.
En su comparecencia en la Mesa de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Congreso, el pasado martes, Campo ha señalado que tras casi un año de cierres forzados de establecimientos, "son muchas las empresas del sector que se encuentran en una situación muy vulnerable" tras "continuas y rigurosas" limitaciones en su actividad.
Según datos de CEC, el comercio minorista ha registrado en 2020 una caída de facturación acumulada sin precedentes (20%-25% de media), afectando de forma particular a los negocios ligados al equipamiento de la persona, que han registrado una caída que alcanza el 40%, así como aquellos ubicados en los territorios más dependientes del turismo.
"Los datos reales indican unas pérdidas de facturación de 12.000 millones de euros que ya ha provocado el cierre de cerca de 63.000 negocios. Un escenario que, según los principales servicios de estudios, seguirá empeorandodebido a la contracción del consumo privado en casi un 14% a causa de las restricciones y cierres de actividad decretados de manera sucesiva por las diferentes Administraciones Públicas", ha resaltado.
En términos de empleo, en 2020, el conjunto del comercio cerró el año con una caída de 94.000 afiliados respecto a 2019, una cifra que se espera se vea incrementada "notablemente" cuando finalicen los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), según ha indicado Campo.
"El sector del comercio es una pieza estratégica en el desarrollo económico y social del país, y más allá de las medidas paliativas urgentes que esta pandemia requiere, es imprescindible abordar el 'día después', de modo que podamos afrontar las consecuencias que sin duda alguna producirá esta pandemia, en relación con la oferta comercial derivada de los cierres", ha señalado.
Medidas de recuperación
El presidente de la patronal ha presentado además al Gobierno un conjunto de medidas orientadas a la recuperación del sector en “el día después”. Entre ellas, ha señalado la necesidad de “establecer una moratoria legislativa que no añada más complejidad a la ya de por sí difícil gestión de las más de 3.000 normas europeas, nacionales, autonómicas y municipales que soportan en la actualidad los establecimientos de comercio en España, máxime en un periodo en el que está en juego la supervivencia de miles de comercios”.
En esta línea, y en cuanto a los costes normativos de naturaleza medioambiental, Campo ha reafirmado el “total compromiso del sector con la sostenibilidad”, pero ha reclamado “iniciativas eficientes y eficaces impulsadas por las administraciones dado el alto coste que suponen”. En este sentido, ha criticado el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) obligatorio para la gestión de envases, “por su incompatibilidad con el modelo de distribución comercial, especialmente el del pequeño comercio, y por su discutible impacto en términos de mejora de las tasas de reciclado”.
Sobre Amazon
Respecto a la grandes plataformas del comercio electrónico, entre ellas Amazon, el presidente de la CEC ha indicado que "no hay que tomar medidas contra nadie, siempre que todos trabajen en las mismas condiciones y paguen los mismos impuestos"
"El comercio de proximidad es el más rápido en dar el género, cobra en el momento y no antes y cambia en el momento el producto", ha señalado Campo, quien ha señalado además que el embalaje de un producto en un comercio físico es 2,5 veces menos que el que se compra a través de la red.
No obstante, ha considerado "muy necesario" potenciar e incentivar la digitalización del sector, especialmente a la micropyme, para lo que ha propuesto la creación de las Oficinas Técnicas de apoyo digital al comercio local.
Por otro lado, durante su intervención, Campo ha resaltado que el impacto que tendría la limitación a 1.000 euros del pago en efectivo sobre la actividad comercial podría ser "nefasto".
"Resulta una medida desproporcionada que puede poner en cuestión el propio concepto de curso legal del dinero y sus efectos en la lucha contra el fraude están en entredicho. En este sentido, en los pocos países dónde se ha implantado no ha funcionado. No hagamos experimentos en plena contracción del consumo", ha indicado.
