El Congreso aprueba por la mínima la reforma laboral, sin medidas clave para trabajadores sénior

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La reforma laboral está en vigor en España desde el pasado 31 de diciembre de 2021, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero necesitaba ser convalidada en el Congreso de los Diputados, lo que se ha logrado este jueves, después de días de incertidumbre por si el Gobierno de Pedro Sánchez lograría o no la mayoría necesaria. La votación ha sido muy ajustada, con 175 votos a favor y 174 en contra. Tan ajustada, que los nervios han jugado una mala pasada a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, quien anunció por error que no salía adelante la reforma.

Ha habido sorpresa final y desconcierto, ya que los dos diputados de UPN, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, han votado en contra del decreto de la reforma laboral y se han saltado la disciplina de la dirección de su partido, que había acordado apoyar dicha norma. No obstante, un error técnico de un diputado del PP ha inclinado la balanza a favor del sí.

Finalmente, a los votos de las formaciones que sustentan el Ejecutivo, PSOE y Podemos, se ha sumado el respaldo de PdeCAT y Ciudadanos, entre otros apoyos, que han posibilitado la convalidación por los pelos de la reforma estrella de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La nueva norma deroga aspectos importantes de la aprobada por el Partido Popular en 2012 y cuenta con el consenso de los empresarios y los sindicatos, lo que de por sí es un pacto histórico, tal como han defendido desde la CEOE y los sindicatos UGT y CCOO. 

Además de agradecer a sindicatos, patronal y partidos que han apoyado la norma en el Congreso, Díaz ha celebrado que "la contratación indefinida es ya la norma, mientras que la contratación temporal deberá estar plenamente justificada", puesto que su ministerio está estrechando el cerco a los contratos por obra y servicio. Según sus cifras, en 2019 se suscribieron 8,2 millones de este tipo de contratos, que con la entrada en vigor de la reforma "ya no podrán seguir haciéndose". En sus palabras, son "ocho millones de contratos que pasarán a ser estables, es decir, ocho millones de personas se merecen tener un trabajo decente".

Las principales claves de la nueva norma son la apuesta por los contratos fijos, el impulso a la fórmula del contrato fijo-discontinuo, la prevalencia del convenio del sector sobre el de empresa (así quedan más protegidos trabajadores de empresas multiservicios o con convenios con salarios inferiores a nivel de empresa), la recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos, o la potenciación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para evitar despidos colectivos. De este modo, la legislación laboral ordinaria incluirá los ERTE que se han utilizado masivamente durante la pandemia, también en lo referente a los beneficios de cotización vinculados a la realización de acciones formativas y al mantenimiento del empleo, así como a la protección por desempleo.

Sin embargo, es muy llamativa la ausencia de medidas específicas que incentiven el empleo y la contratación de trabajadores séniors, precisamente porque los mayores de 50-55 años son los que mayor riesgo y probabilidades tienen de ser despedidos de las empresas en dificultades. Y resulta sorprendente, sobre todo en estos momentos, cuando ha entrado en vigor una reforma de las pensiones, que persigue el alargamiento voluntario de la edad de jubilación y la mayor permanencia de los séniors en el mercado de trabajo.

Un error del PP salva la votación 

La convalidación de la reforma en el Congreso ha estado a punto de fracasar, después de que el Gobierno pareciera haber logrado el respaldo de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y del PDeCAT, ya que los dos diputados de UPN han cambiado su voto a última hora. Tras esa traición, el decreto ley ha salido adelante con 175 votos gracias al error telemático de un diputado del PP, que ha votado sí.

A los 154 votos que suman PSOE y Unidas Podemos, se han añadido Más País-Equo y Compromís, Nueva Canarias, el Partido Regionalista Cántabro y Teruel Existe, con un voto cada uno.

El presidente de UPN, Javier Esparza, explicaba por la mañana que la formación regionalista iba a apoyar la reforma laboral con "convencimiento" y por "responsabilidad y sentido de Estado". "Lo cómodo era votar 'no'. Pero lo imprescindible para traer prosperidad es votar 'sí'", aseguraba. Unas palabras que desde luego no comparten sus dos diputados, que se han saltado la disciplina votando no.

Por su parte, el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferrán Bel, ha destacado que el PDeCAT llevaba en su propio programa electoral la aprobación de una reforma consensuada en el diálogo social, lo que justifica el respaldo de su formación. "Si los sindicatos y las empresas, renunciando a sus postulados iniciales, son capaces de consensuar una posición, esto debería tenerse en cuenta de forma muy significativa", ha razonado.

Asimismo, Ciudadanos y Coalición Canaria también han apoyado el decreto ley.

En el bloque del 'No' se han mantenido el PP (88 diputados, pero uno ha votado sí por error), Vox (52), Foro Asturias (1) y Junts (4), a los que se han sumado también Esquerra Republicana (13), EH-Bildu (5), el PNV (6), la CUP (2) y el BNG (1), Foro Asturias (1), el diputado fugado de Cs, Pablo Cambronero, así como Sergio Sayas y Carlos García Adanero, ambos de UPN, han votado no, pese a que estaba anunciado que su grupo apoyaría la reforma. 

Sin medidas específicas para los 'baby boomers'

Es indudable que los trabajadores séniors, los baby boomers, se podrán beneficiar especialmente de algunas medidas contempladas en esta reforma, como la revisión de los ERTE, que tan buen resultado han dado durante la pandemia; o el nuevo mecanismo RED, que supone la consolidación de los ERTE como sistema permanente de protección del empleo; o la recuperación del papel central de la negociación colectiva y la ultraactividad indefinida de los convenios, que podrían evitar ladinas prácticas de devaluación salarial.

Sin embargo, en el texto de la reforma no figura un marco específico de protección del empleo sénior que evite que los trabajadores de mayor edad sean los más prescindibles a ojos de las empresas. Para los mayores, no se aborda una tipología de contrato específico, como por ejemplo sí se hace con los jóvenes, que a partir de ahora dispondrán de un contrato de formación hasta los 30 años. En detalle: la reforma revisa los contratos formativos, que son de dos tipos: formativo "en alternancia", mientras se están cursando estudios; y "para la obtención de la práctica profesional", destinado a quienes ya tienen un título y están aprendiendo la profesión.

Mecanismo RED: flexibilidad para evitar despidos

Uno de los logros de la reforma es la introducción de los mecanismos de flexibilidad para evitar los despidos y la destrucción de los puestos de trabajo, según resaltan tanto el Gobierno como los sindicatos. Y es una de las principales palancas que pueden beneficiar a los trabajadores séniors. Así, los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) utilizados durante la pandemia han servido de referencia para la creación del Mecanismo RED, que permite la adaptación temporal de la jornada de trabajo y el cobro de una prestación que no consuma desempleo de las personas trabajadoras a cambio de restricciones en el despido.

Fomento del contrato indefinido y multas de 10.000 euros

La reforma laboral establece que el contrato indefinido será el predominante y solo permitirá los contratos temporales por causas muy concretas como, por ejemplo, circunstancias de la producción y sustituciones.

El contrato de obra en la construcción pasa a ser indefinido y cuando finalicen las tareas de la obra para la que ha sido contratado un trabajador, la empresa tendrá que recolocarle en otra obra o formarle y recualificarle con cargo a la empresa, a través singularmente de la Fundación Laboral de la Construcción. Los sectores que estacionalmente recurren a la temporalidad tendrán que utilizar el contrato fijo-discontinuo, que dará lugar a los mismos derechos que el resto de indefinidos, incluyendo la indemnización por despido, superior a la de los contratos temporales.

Asimismo, la norma reduce a 18 meses en un periodo de 24 meses el plazo de encadenamiento de contratos para adquirir la condición de trabajador indefinido, frente a los 24 meses en un periodo de 30 meses vigente actualmente. El incumplimiento de las normas que regulan la contratación temporal llevará a que el trabajador sea considerado indefinido.

De hecho, se elevan las sanciones contempladas en la Ley de Infracciones y del Orden Social (LISOS) por el uso fraudulento de la contratación temporal desde un máximo de 8.000 euros a un máximo de 10.000 euros por infracción. Estas multas se aplicarán por cada situación fraudulenta y no por empresa, como se hacía hasta ahora. Además, la reforma penalizará a las empresas que incurran en una rotación abusiva de contratos temporales con una tasa fija.

Ultraactividad plena de los convenios

Con esta nueva norma se recupera la ultraactividad plena, de forma que los convenios colectivos se prorrogarán hasta que sean sustituidos por otros nuevos, sin un límite de tiempo, frente al plazo de un año establecido anteriormente. Además, el convenio de sector recuperará su prevalencia sobre el convenio de empresa. Éste podrá regular la elección entre abono o compensación de horas extras; el horario y la distribución del tiempo de trabajo; la adaptación de la clasificación profesional y las medidas de conciliación familiar, pero no la jornada laboral ni el salario.

En defensa de la reforma, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha insistido en que la normativa "ha priorizado los derechos del precariado", subrayando que la convalidación del Real Decreto-Ley en el Congreso no implica renunciar a negociaciones posteriores sobre cuestiones como el endurecimiento de los despidos, uno de las principales reclamaciones de los socios del Gobierno que se oponen a la reforma.

Asimismo, Pepe Álvarez, secretario general del UGT, recuerda que la reforma laboral introduce los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como mecanismo estructural, pero considera que los ERTE Covid deberían ampliarse al menos hasta junio para que no se pierdan empleos y se cierren empresas.

Tanto el secretario general de UGT como el de CCOO han asistido al Pleno del Congreso de los Diputados que ha convalidado la reforma laboral.