El 43,5% de las personas consumidoras en España está en situación de vulnerabilidad energética, según la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, ante lo que reclama una tarifa social. En su opinión, los problemas económicos y el desconocimiento de las ayudas disponibles son las principales barreras que encuentran las personas consumidoras para generar en sus viviendas la temperatura adecuada para su bienestar, según la nueva encuesta de la organización
Por ello, la entidad, junto a otras organizaciones sociales, demanda una tarifa social de energía para garantizar el derecho al suministro eléctrico frente a la "insuficiencia" del actual Bono Social. "En el contexto actual de crisis energética, económica y social, la pobreza energética, lejos de solucionarse, está aumentando de forma alarmante", sostiene la organización.
Este año 2023, en el marco de la Semana Europea contra la Pobreza Energética (del 17 al 23 de febrero), desde la Federación de Consumidores y Usuarios reivindicarán el derecho a un suministro energético asequible y no contaminante para todas las personas, como marca el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 establecido por la ONU.
Entre otras acciones y demandas ha constituido un grupo de trabajo para reunir opiniones y consensuar entre las organizaciones participantes cuáles serían las condiciones mínimas que debería tener una tarifa social que haga frente de manera eficaz a la pobreza energética.
"El Bono Social es, a día de hoy, la única herramienta de protección para los colectivos más vulnerables, pero es insuficiente", ha denunciado la entidad que recuerda que en España hay 3,5 millones de personas en situación de carencia material y social severa y solo 1.253.538 son beneficiarios de esta ayuda.
Según CECU, uno de los principales motivos de esta falta de cobertura es que coloca la responsabilidad sobre las personas consumidoras, ya que son estas las que deben solicitar la ayuda para poder recibirla. "Para muchas personas, realizar este trámite no es nada sencillo: no todas disponen de los medios técnicos para hacerlo, de conexión a internet o de la familiarización con los conceptos necesaria para entender el procedimiento", argumenta CECU.
Además, no interviene en el precio de la energía a pesar de sus "alarmantes subidas", sino que pone el foco en el porcentaje de descuentos de los beneficiarios y lo modifica en función de las variaciones del mercado eléctrico. "Tampoco pone el foco ni pretende transformar las necesidades energéticas reales de las personas, sino que se limita a aplicar el descuento en la factura, sin ayudar a evitar sobreconsumos. En definitiva, se trata de una medida asistencialista que pone un parche al problema, pero no transforma ni resuelve la situación", según CECU.
La entidad reclama que la tarifa debería reconocer el suministro eléctrico como un derecho de todas las personas y garantizar un mínimo vital de energía eléctrica. Debe introducirse en el marco de una reforma integral del sistema eléctrico, que tenga en cuenta parámetros como la justicia social, la redistribución y el cambio climático. Asimismo, debe ser una medida más dentro del escudo social y permanecer bajo el control de los poderes públicos y, según la CECU, debe permitir acceder en equidad de condiciones.
La organización reclama también sencillez en las condiciones para acceder a ella y debe incluir de manera prioritaria acciones por parte de la administración pública para la mejora de la eficiencia energética que contribuyan a reducir el consumo.
