El prometido alivio en la factura de la luz se va a quedar en la mitad de lo inicialmente previsto y, además, tendrá que esperar. La vicepresidenta tercera del Gobierno ha reconocido en Davos que se quedará en la mitad de lo esperado, un ahorro de un 15% frente al 30% de ahorro inicialmente calculado. Y, además, no llega. Pese a que el Gobierno aprobó en un Consejo de Ministros extraordinario una intervención en el mercado energético, y pese a que el Boletín Oficial del Estado (BOE) ya ha publicado el Real Decreto-Ley con el tope máximo al precio del gas para la generación eléctrica hace días, la medida aún no ha entrado en vigor. Europa tiene que dar su visto, y aún no lo hecho. Y ya casi han pasado dos semanas. Cuando lo haga, la medida aún podría encontrarse con otro escollo: la adaptación de las facturas por parte de las eléctricas.
Aún no ha entrado en vigor, y el Gobierno ya rebaja sus expectativas respecto al ahorro que supondrá el tope del gas en la factura de la luz. Bajará en torno a un 15%, la mitad del 30% inicialmente calculado. “Puede no ser de las dimensiones que nos hubiera gustado” ha dicho en el foro de Davos, la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera (FOTO), en declaraciones a RTVE. “Esto tiene mucho que ver con el precio del gas, con la secuenciación que hemos acordado con la comisión”, ha justificado”. Aun así, ha destacado que “se produce un ahorro, un ahorro muy importante, un beneficio para todos los consumidores”.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado sábado día 14 de mayo el Real Decreto-Ley por el que se establece un mecanismo para limitar el precio del gas para la generación eléctrica a una media de 48,8 euros por megavatio/hora durante 12 meses. Pero su entrada en vigor efectiva depende de que la Comisión Europea adopte formalmente el respaldo a la norma.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró durante la rueda de prensa de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó este tope al gas, que el visto bueno de Bruselas podría retrasarse “unas dos semanas”. “Creo que va a ir muy rápido. No puedo poner la fecha en un procedimiento que gestionan los propios servicios de la Comisión Europea. Estoy segura de que irá en plazo”, decía Ribera.
A escasas horas de que se cumpla este plazo, Ribera ha insistido en que el visto bueno definitivo de Bruselas podría llegar en los próximos días. En el momento en el que la Comisión Europea dé su visto bueno oficial, el mecanismo debe ser rubricado por una orden de la ministra para su aplicación.
La financiación de la diferencia entre el coste político del gas (el precio tope máximo marcado por el Gobierno) y el que marque el mercado será asumida por los propios clientes. Es decir, las centrales de gas van a seguir pagando el gas a su coste real, aunque después lo vendan por debajo de su precio de coste, una diferencia que no asumirán ni ellas ni el Estado, sino los consumidores.
Los hogares que tengan contratada la tarifa regulada de la luz, es decir, los que estén adscritos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) serán los que se beneficien de la medida, y al mismo tiempo los que la financien. Es previsible que el ahorro que obtendrán será mayor que la compensación que tengan que pagar.
Según cálculos del sector, citadas por Europa Press, esta compensación se comerá en los primeros meses casi la mitad del ahorro obtenido. Si está previsto que la rebaja por el tope ascienda a 40 euros por megavatio hora, hasta el mes de octubre los clientes con tarifa regulada y los clientes industriales con un contrato de abastecimiento ligado al mercado mayorista pagarán tendrán que compensar en su factura unos 20 euros el megavatio por hora. En total, más de 500 millones de euros.
Aquellos usuarios, ya sean empresas o consumidores domésticos que estén en el mercado libre, es decir, que tengan contratado un precio fijo anual de la electricidad, también tendrán que pagar en sus facturas esta compensación en el momento en el que se produzca la renovación de sus contratos.
Las prórrogas de los contratos a plazo de electricidad en España no están exentas de pagar el coste del ajuste por el tope al gas, al contrario que Portugal, que no incluye en su decreto estas prórrogas. Así, los consumidores españoles podrían asumir cerca de 600 millones de euros de más que los portugueses por el coste de aplicar la “excepción ibérica”.
Según las estimaciones preliminares del sector, la demanda de los pequeños clientes a precio fijo en el mercado ibérico eléctrico suma unos 73 gigavatios hora de un total de 300 GWh de España y 40 GWh de Portugal.
Como la financiación de la medida se hace de forma gradual, se podría estimar que hay 31,5 GWh de demanda española, en torno a la mitad, que financian la medida, mientras que los consumidores portugueses no lo hacen.
Por ello, si la compensación media se sitúa en unos 20 euros, supondría unos 600 millones de euros de compensaciones que pagarían los clientes españoles de más. El coste total de la compensación rondará algo más de los 3.000 millones de euros, según datos del sector.
Una vez que el tope al gas se ponga, definitivamente, en marcha, los consumidores aún podrían encontrarse con un último escollo: que sus compañías eléctricas adapten sus facturas a tiempo y sin errores. Aún colean los errores en la facturación y la tramitación de reclamaciones después de que, en junio del año pasado entrara en vigor el sistema de peajes con los nuevos tramos horarios. Fuentes del sector pronostican nuevos retrasos y errores en las facturas inmediatamente posteriores a la entrada en vigor de este tope al gas, una medida compleja. Aún se desconoce cómo deben realizarse las facturas y como debe reflejarse la compensación que deben aportar los clientes.
