Las autopistas AP-4 entre Sevilla y Cádiz y AP-7 entre Tarragona, Valencia y Alicante suprimen a partir de las 00.00 horas de este miércoles, 1 de enero, el cobro de peaje a sus usarios. Los conductores que diariamente circulan por estas vías, que con una media de entre 20.124 y 24.477 usuarios diarios guran entre las más transitadas del país, dejarán de pagar tasa alguna desde la medianoche del martes. La supresión de las barreras de peaje en estas autopistas es consecuencia de la conclusión del contrato de concesión de su explotación que actualmente tiene Abertis y su consecuente reversión al Estado.
Se trata de las segundas vías de pago en alcanzar el fin de su concesión, levantar el peaje y pasar a estar gestionadas por el Estado un año después de que lo hiciera la AP-1 Burgos-Armiñón, vía que gestionaba el grupo Itínere y que quedó libre de peaje el 1 de diciembre de 2018. En todos los casos, es fruto de la decisión que adoptó el Gobierno actualmente en funciones de no prorrogar los contratos de concesión de autopistas de peaje que vencieran, para que reviertan así al Estado y dejaran de cobrar por su uso.
Entrará en vigor el 1 de enero
De esta forma, desde el miércoles 1 de enero los 467 kilómetros de longitud que suman estas autopistas quedarán libre de pago y pasarán a ser gestionadas por el Ministerio de Fomento. La AP-4 Sevilla-Cádiz cuenta con 93,8 kilómetros de longitud por los que actualmente circulan una media de 24.477 conductores al día, si bien esta cifra se eleva a casi 35.000 vehículos en los meses de verano.
De su lado, los tramos de la AP-7 Tarragona-Valencia y Valencia-Alicante, cuentan con 225,32 y 148,5 kilómetros de longitud, respectivamente. El primero de estos trazados registra un tráco medio de 22.707 vehículos al día, mientras que el que une la capital del Turia y Alicante contabiliza 20.124 tránsitos, si bien también en los meses estivales superan la cota de los 36.000 usuarios diarios, según datos ociales del Ministerio de Fomento.
Mantenimiento pasa al Estado
Este Departamento, al hacerse cargo de estas vías, deberá encargarse también de su mantenimiento, que pasará a depender del erario público. Hasta ahora, lo costeaba Abertis a partir del peaje que cobraba a los usuarios de las vías. No obstante, Fomento no ha podido resolver a tiempo el concurso público que lanzó para seleccionar la empresa a la que encargar estos trabajos de conservación y mantenimiento, estimado en 153 millones de euros.
Por ello, ha resuelto encomendarselo a través de 'contratos de emergencia' y hasta que se adjudique el contrato original a Sacyr, FCC y API Movilidad. Estas empresas serán también las encargadas de desmontar las playas y casetas de cobro de peaje que hasta ahora la AP-4 y los referidos tramos de la AP-7 tienen instaladas.
Fomento no ha podido resolver el contrato dado que ha sido recurrido por Abertis ante las discrepancias que el grupo y el Ministerio mantienen sobre los trabajadores de la compañía que deben subrogarse en los trabajos de mantenimiento. El grupo de autopistas ha pactado ya un ERE para 136 trabajadores de las autopistas, el 45,3% de su plantilla total, los ligados a la administración y cobro del peaje.
