Consumo refuerza la detección de falsas ofertas en las rebajas de verano

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que dirige Pablo Bustinduy, ha abierto dos nuevos expedientes sancionadores a dos grandes operadores de comercio electrónico por “presuntas” rebajas “engañosas” durante el último ‘Black Friday’.

Así lo ha anunciado este lunes el departamento de Bustinduy en un comunicado en el que ha precisado que estos nuevos expedientes se unen a los que este mismo ministerio abrió hace dos semanas a otras dos grandes empresas de compra online por esta misma práctica durante el conocido como ‘Viernes Negro’.

Subidas de precio antes de las rebajas

A este respecto, el gabinete de Bustinduy ha recordado que se entiende como rebajas “engañosas” el hecho de que estos operadores habrían subido el precio de varios productos antes del ‘Black Friday’ para luego rebajarlos a su precio original. Para mostrar en qué consiste esta práctica, ha ofrecido como ejemplo un caso real incluido en uno de los nuevos expedientes, abierto a una compañía que vende ropa deportiva de forma online.

En concreto, en la investigación, Consumo ha detectado que, entre el 18 y el 19 de noviembre, se ofertaban unas zapatillas deportivas por 29,99 euros; el 20 de noviembre, se subió el precio de las zapatillas a 48,95 euros y el 24 de noviembre, coincidiendo con el ‘Black Friday’, se volvió a bajar el precio de las mismas otra vez a los 29,99 euros.

“De esta forma, las personas consumidoras se exponen a la falsa creencia de poder adquirir un producto con una rebaja de 18,96 euros, algo que no se corresponde con la realidad ya que se elevó su precio en los días previos”, ha indicado el departamento de Bustinduy.

Infracción grave

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha señalado que estas prácticas supondrían una infracción del artículo 20 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, norma que indica que, cuando se oferte un artículo, debe mostrarse el precio anterior y que este precio “debe ser el menor que hubiese sido aplicado sobre ese artículo en los 30 días precedentes”.

De esta manera, según la ley, la persona consumidora podrá hacer una “correcta comparación” y Consumo ha subrayado que, en base a esta norma y también al Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, las “falsas rebajas” pueden considerarse “prácticas desleales” y pueden llegar a calificarse como “infracciones graves” con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se puede “sobrepasar” hasta alcanzar “entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido”.

La Dirección General de Consumo ha recabado información de este tipo de prácticas durante una investigación previa que puso en marcha por considerar que existían “indicios” de que dichas operadoras estarían llevando a cabo estas prácticas en sus ventas online.

Bajo esta premisa, se ha procedido a la monitorización diaria de más de 1.000 productos de cara al ‘Black Friday’, que se ha llevado a cabo mediante la herramienta ‘Price Reduction Tool’ de la Comisión Europea y ha desvelado que más de un 20% de los productos analizados presentaron “incumplimientos” y un 60% de las empresas investigadas habrían cometido esta “práctica fraudulenta”.

De hecho, según la Dirección General de Consumo, aún permanece abierta la investigación a otras empresas, a las que también se les podría abrir un expediente sancionador, ampliando así los cuatro actualmente abiertos.

Rebajas de verano

Por otra parte, el ministerio de Pablo Bustinduy ha anunciado su intención de “reforzar” la monitorización de más productos de cara a las rebajas de verano que, ha aseverado, “según suele ser habitual, arrancarán a mediados de junio”. El objetivo, según ha explicitado, es “velar” por los derechos de las personas consumidoras y “controlar” que las empresas no realicen estas “falsas rebajas”.

De ser así, ha avanzado, se abrirán expedientes sancionadores a los operadores que lleven a cabo esta práctica, siempre relativa a compras en línea por Internet. Asimismo, la Dirección General de Consumo ha hecho hincapié en que la apertura de los nuevos expedientes sancionadores “no prejuzga el resultado final de la investigación” y ha informado de que ahora se abre un periodo máximo de nueve meses para la instrucción de los mismos y para su resolución por los órganos competentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.