Al fin, el Gobierno ha intervenido el mercado eléctrico para rebajar la factura que pagan los consumidores. Ha establecido un techo máximo al precio del gas para la generación eléctrica a una media de unos 50 euros por megavatio/hora (MWh) durante un periodo de doce meses. Han pasado semanas –con sus correspondientes facturas disparadas para los consumidores– desde que España y Portugal consiguieran el visto bueno de la Comisión Europea a la denominada excepción ibérica.
La gran pregunta es: ¿cómo afectará al bolsillo del consumidor esta intervención sobre el mercado mayorista? El Gobierno espera que esta media logre una rebaja en la factura de la luz doméstica cercana al 30%. Ahora bien, este respiro no será para todos y, sobre todo, es difícil de cuantificar con exactitud, dada complejidad técnica de la medida aprobada.
Por el momento, no sabemos cuándo entrará en vigor esta medida ni cuanto ahorro exacto supondrá en una factura media de la luz. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no ha aclarado fechas ni ha aportado una previsión concreta del ahorro que puede suponer para el bolsillo de los consumidores.
El Gobierno ha calculado en las últimas semanas que la factura de la luz doméstica podría bajar un 30%, pero Teresa Ribera ha evitado dar cifras concretas durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Sí ha sugerido que el precio del pool podría quedarse en una media anual de 130 euros, frente a los 210 de media que ha marcado en el primer trimestre, lo que supone un abaratamiento del 38%.
La medida entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que podría ocurrir este mismo sábado. Sin embargo, la medida aún depende del respaldo formal de la Comisión Europea (CE), y esto podría llevar “unos días o incluso dos semanas”, según Ribera. Esta medida de topar el precio del gas estará vigente durante un periodo de doce meses, de manera que cubrirá el próximo invierno, período en el que los precios de la energía son más caros.
La medida consiste en poner un tope al precio del gas que se usa en algunas centrales para producir electricidad. El mecanismo durará unos 12 meses y establece un precio de referencia del gas de 40 euros/MWh durante seis meses, que se incrementa en 5 euros/MWh al mes a partir de entonces, terminando en 70 euros/MWh para que haya una convergencia a la normalidad.
Bajo el término ‘pool eléctrico’ está el mercado mayorista de la energía eléctrica en la península ibérica. En este pool, los generadores de energía y las comercializadoras negocian el precio al que van a comprar y vender la electricidad, y establecen, por tanto, el precio diario de la luz por horas.
Los generadores son las centrales de gas, las nucleares, las hidráulicas y las renovables. Cada uno aporta su coste, y el precio final de la electricidad se fija en función de la más cara. Es decir, el precio disparado del gas estaba marcando el precio final de la electricidad, aunque en su generación intervengan otras fuentes mucho más baratas, como son las renovables.
Ahora mismo el precio del gas está en 81 euros, según MibGas, el mercado ibérico mayorista. Es decir, establecer un tope en 40 euros supone una rebaja considerable. Cada día, a la hora de fijar el precio de la electricidad en el pool, se tendrá en cuenta estos 50 euros.
Este tope al precio del gas no beneficiará a todos los consumidores o, al menos, no a todos por igual. El tope en el precio del gas beneficiará directamente a los diez millones de clientes que están abonados al mercado regulado, es decir, el del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), cuya tarifa está ligada al mercado mayorista de electricidad. También afectará a la industria que compre directamente la energía en el mercado mayorista.
No supondrá ningún cambio, sin embargo, sobre los consumidores que estén en el mercado libre, es decir, los que tengan una tarifa a un precio fijo. Hablamos del 60,1% de los consumidores eléctricos, más de 16 millones de personas. En el momento de la renovación del contrato, eso sí, que suele ser cada año en la mayoría de los casos, se suele actualizar esa tarifa en función de los precios mayoristas, de manera que, indirectamente, sí podría afectarles también cuando toque esa renovación.
Este tope en el precio del gas es, en realidad, es una medida ficticia. Es decir, se establece un máximo para negociar el precio de la electricidad, pero el precio el gas seguirá siendo el mismo. En otras palabras, las centrales de gas van a seguir pagando el gas a su coste real, aunque después lo vendan por debajo de su coste.
La pregunta es:¿quién pagará la diferencia? ¿lo asumirán ellos?.Pese a que la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que “por primera vez no pagarán los mismos”, la realidad es que el sobrecoste sí que se repartirá entre todos los usuarios, los consumidores beneficiados por esta medida. El Gobierno espera, no obstante, que este sobrecoste será menor que el ahorro proporcionado por la medida.
La titular de Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha advertido también que las compañías eléctricas deberán aportar la información "detallada" de sus contratos 'retail', "no los que firman con su comercializadora, sino los contratos reales que pagan los consumidores", para controlar que ese volumen de "beneficios deja de ser pagado por los consumidores".
"Lo que no significa que entren en pérdidas, van a seguir obteniendo beneficios", recalcó, lamentando que las eléctricas no hayan tenido "un comportamiento más acorde a la situación del momento" haciendo unas ofertas en el mercado libre "más ajustadas a las necesidades de los hogares o de los industriales".
Desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley, que no la aplicación del mecanismo, las comercializadoras contarán con un plazo de cinco días para ofrecer una "foto fija" de cuál es su demanda del mercado expuesto al mercado 'spot' y que parte tiene a coberturas o contratos fijos. Posteriormente, habrá otro plazo de siete días para que el operador del mercado y del sistema ponga en práctica los procedimientos y los sistemas para la aplicación del mecanismo.
Además, se establecerá un régimen sancionador para evitar acciones contrarias al correcto comportamiento de todos y cada uno de los agentes del mercado, con "infracciones muy grave" en el caso de que no cumplan.
