El Defensor del Pueblo destaca en su Informe Anual 2022 publicado esta semana, los problemas que el coste de la energía supone para los consumidores, especialmente a los más vulnerables, a los que en una gran parte de casos no les llegan las ayudas existentes, en muchos casos por desconocer que existen.
Así, destaca el "gran desajuste" del 45% entre los hogares con penuria energética y aquellos a los que llegan las ayudas. Es decir, que de los casi dos millones de hogares con pobreza energética, las ayudas en forma de bono social eléctrico o térmico, apenas llegan a la mitad. Además, ha pedido que se reflexiones sobre la necesidad de crear también un bono social de gas y la necesidad de aprobar una normativa sobre electrodependientes.
Fallos en el algoritmo que decide a quién entregar el bono social eléctrico
En concreto, el informe de la institución hace referencia a los errores para ser reconocido consumidor vulnerable del algorritmo BOSCO, que el Ministerio para la Transición Ecológica pone a disposición de las comercializadoras, y señala que se han denegado solicitudes de personas que cumplían con todos los requisitos exigibles, sin que se les explique cómo pueden subsanar el fallo.
Según el Defensor del Pueblo, el procedimiento de recurso frente a la decisión está encomendado a las autoridades de consumo, pero no es conocido por la mayoría de los afectados ni se resuelve con agilidad. Por eso, propuso al Ministerio que valorara que los solicitantes del bono social eléctrico a los que se denegara la solicitud pudieran acudir directamente a las administraciones competentes en energía, pero el Ministerio no acogió su propuesta.
Extender el bono social térmico y la figura del electrodependiente
Además, el Defensor del Pueblo ha pedido a la Secretaría de Estado de Hacienda que la cuantía del bono social térmico tenga la misma exención que las ayudas de las comunidades autónomas y las administraciones locales para personas en riesgo de exclusión social.
Por otro lado, ha llamado a reflexionar sobre que la figura del consumidor vulnerable exista también para los consumidores de gas, ya que el bono social térmico cubre los gastos de calefacción, agua caliente y cocina, independientemente de si la fuente es electricidad o gas.
También solicita que se apruebe una normativa que regule con mayor detalle y alcance la figura de electrodependiente(personas que necesitan la electricidad para los equipos médicos de los que dependen diariamente) frente a la regulación mínima que hay ahora. A juicio de la institución, en estos casos debería contemplarse supuestos especiales de garantías no directamente vinculadas con la situación económica.
Numerosas quejas por cómo las eléctricas aplican la 'excepción ibérica' y los cortes de suministro
En cuanto a la "excepción ibérica" aplicada al gas para generación eléctrica, señala que la compensación que se paga a las centrales de gas por ese mecanismo y que se traslada al consumidor, ha generado "numerosas quejas" de clientes del mercado libre, a los que la institución ha intentando "explicarles la lógica global del mecanismo".
También hace referencia a la falta de garantías en los cortes de suministro y señala que ha recomendado a la Secretaría de Estado de Energía que regule un procedimiento que garantice la intervención de la Administración en la elaboración de las actas para cortar el suministro, al tiempo que ha pedido que los consumidores puedan formular alegaciones "en unos plazos razonables" antes de que se les suspenda el servicio.
Sobre el autor:
Marta Jurado
Marta Jurado es periodista especializada en Sociedad, Economía, Cultura, Política y redactora en el diario digital 65Ymás desde sus inicios. Licenciada en Periodismo por la Universidad Carlos III y en Filología Inglesa por la UNED, ha trabajado en medios de tirada nacional como El Mundo y Público y las revistas Cambio16 y Energía16. Tiene además experiencia en comunicación corporativa de empresas e instituciones como BBVA o INJUVE.