Consumo
El plan de choque para abaratar el precio de la luz, a debate en el Congreso
Este jueves se votan las nuevas medidas propuestas el 14 de septiembre por el Ejecutivo
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Con los precios de la luz en máximos históricos, los ojos están puestos este jueves en la votación en el Congreso de los Diputados del “plan de choque” para abaratar la factura que el Gobierno aprobó el pasado 14 de septiembre.
Desde las 9.00 horas, la Cámara Baja debatirá esta norma que contempla medidas con las que el Ejecutivo prevé rebajar la factura de la luz en un 22% hasta final de año, situándose en un gasto medio algo superior a los 600 euros anuales, una cifra similar a la de 2018.
La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, confía en que el real decreto ley salga adelante, tal como declaró este miércoles antes de si reunión con las eléctricas, pero son varias las voces que plantean cambios.
Exigencias entre los socios de Gobierno
Aunque el presidente Pedro Sánchez ha señalado que el Gobierno está dispuesto a precisar la norma con el fin de no mermar la competitividad de las empresas, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha urgido le ha urgido durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso a "retocar y reorientar" el decreto. Según él, se avecina un invierno "complicado" y el Ejecutivo debe tomar "aquí y ahora" nuevas medidas ya que las eléctricas repercuten sus pérdidas en sus contratos fijos de clientes industriales "y esto de seguir así provocará nuevos ERTE".
Por su parte Unidas Podemos exige que las medidas del decreto para bajar la luz sean "estructurales" y no se limiten a marzo y subrayan que el PSOE no puede ceder a las presiones de las eléctricas, pues pondría en riesgo apoyos parlamentarios. "Si el PSOE cede a la "presión" de las compañías eléctricas sobre las medidas que afectan a los 'beneficios caídos de cielo', no tendrá "números en el Congreso que les respalden".
Principales medidas del Real Decreto
El decreto aprobado en septiembre, tras negociaciones entre los socios del Ejecutivo, obliga a las compañías eléctricas a devolver parte de los beneficios extraordinarios que obtienen al repercutir sobre las centrales de generación de electricidad los costes de gas que no soportan, un importe que el Ejecutivo estima en 2.600 millones de euros. Una minoración que no es permanente sino limitada a marzo de 2022, cuando el Gobierno estima que termine la actual escalada del precio del gas.
El paquete de medidas contempla además una rebaja del Impuesto de la Electricidad del 5,1% al 0,5%, prolonga la suspensión del impuesto a la generación hasta fin de año y destina otros 900 millones adicionales de las subastas de CO2 a rebajar los cargos del sistema, alcanzando un total de 2.000 millones este año. Asimismo, se limita la tarifa regulada de gas natural con un tope de alrededor del 5% –en vez de 28%– durante cada uno de los dos siguientes trimestres, incentiva las subastas de compra de energía a largo plazo y la prohibición de cortes de suministros a consumidores vulnerables, las familias y las pymes ante situaciones de impago.
Cambios en la contratación de la luz y tarifa PVPC
Una de las novedades es la creación de un nuevo mecanismo para fomentar la contratación de electricidad a plazo, que beneficiará especialmente al tejido industrial. Se trata de subastas de las que la primera tendrá lugar este año, y en la que Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP deberán subastar 15.830 megavatios hora (MWh) para que sean adquiridos por pequeñas comercializadoras y grandes industrias.
La norma prevé también la reforma de la tarifa regulada –el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC)– para que incorpore la referencia de precio de la subasta con una ponderación máxima del 10%. Las comercializadoras libres que adquieran energía por esta vía deberán indicarlo en las facturas de sus clientes.
Paralelamente, se modifica la Ley de Aguas para ordenar el uso del agua como bien ambiental y social de primer orden. Así, nuevos límites mensuales al ritmo de desembalsado y volúmenes mínimos de reserva protegerán el medio ambiente y permitirán el desarrollo de actividades económicas sostenibles ligadas a la dinamización de los municipios ribereños.
Se pretende una reducción del 50% de la parte fija de la factura
El conjunto de medidas a debate se unen a las ya aprobadas el pasado mes de junio para abaratar la factura de la luz. Fue entonces cuando el Ejecutivo rebajó el IVA sobre la electricidad del 21% al 10% hasta final de año para suministros hasta 10 kilovatios (kW), y suspendió el Impuesto del 7% a la generación durante el tercer trimestre.
Según las estimaciones del ministerio de Transición Ecológica, el objetivo es que la parte regulada de la factura, –la que forman los cargos y los impuestos–, se reduzca un 50% para un hogar medio, un 60% para una pyme y entre un 25 y un 40% para las grandes industrias. Sin embargo las asociaciones de consumidores consideran que su impacto será mucho menor. Según Facua, en octubre podríamos podríamos acabar pagando 71 euros más que hace un año.
