Subidas ilegales de tarifa, recibos sin emitir durante meses, falsas acusaciones de manipulación de contadores, lecturas que no corresponden o cuantías en la factura erróneas. El rosario de motivos que llevan a los consumidores a denunciar a su proveedor de electricidad o gas son variados. En relación a la compañía objeto de la denuncia, esa variedad se reduce enormemente. Endesa y Naturgy acaparan un 78% de las denuncias planteadas por los consumidores en Facua-Consumidores en Acción contra compañías energéticas.
A la brutal subida de tarifas, que convirtió 2021 en el año con la factura más cara de la historia, se suman las numerosas irregularidades cometidas por las compañías eléctricas. Dos de ellas acapararon casi ocho de cada diez. En primer lugar, Endesa provocó el 61% de las denuncias dirigidas contra energéticas. A gran distancia, destaca también Naturgy, con el 17% de las quejas.
El energético fue el cuarto sector con más reclamaciones en Facua durante 2021, tras la banca, la compra y reparación de vehículos y las compañías de telecomunicaciones.
Recibos que no llegan o lo hacen con errores
Las compañías de gas y, sobre todo, las de electricidad, provocaron multitud de denuncias relacionadas con errores en los recibos o la no emisión de estos durante meses, la invención de que los consumidores manipulan sus contadores para intentar cobrarles multas de cientos o miles de euros y subidas tarifarias contrarias a la legislación.
En 2021 destacaron especialmente las reclamaciones por la paralización de la emisión y cobro de millones de recibos durante meses o la existencia de errores en los mismos como consecuencia de un error masivo por parte de las distribuidoras desde junio, cuando comenzó la facturación en tres tramos horarios. Algo que se unió a un fallo informático en Endesa iniciado en septiembre del año anterior que provocó problemas similares.
Pasividad de las autoridades
Ante el cúmulo de irregularidades, Facua denuncia la pasividad de las autoridades competentes. En el caso de las autoridades autonómicas, imponen escasas sanciones y de muy reducida cuantía, por lo que no ejercen un papel disuasorio frente a los incumplimientos de la legislación por parte de las compañías.
Ante las denuncias presentadas por Facua por fraudes masivos, solo Baleares ha anunciado sanciones. La última ha sido una multa de 24.000 euros a Naturgy por haber publicitado sus tarifas en su web ocultando los impuestos.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sigue sin anunciar sanciones contra las distribuidoras eléctricas que han sembrado el caos en la facturación al no haber adaptado el pasado junio sus sistemas de lectura de los contadores con la nueva tarificación por tramos. La asociación denunció los hechos ante la CNMC el pasado septiembre. En cuanto a las comunidades autónomas, solo Cataluña ha anunciado un expediente sancionador por estas irregularidades contra la distribuidora del grupo Endesa, EDistribución.
Por otro lado, el Ministerio de Consumo sigue sin dar respuesta a las denuncias presentadas por Facua contra Podo y Bulb -ahora propiedad de Holaluz- en octubre y enero, respectivamente, por aplicar subidas de tarifas sin respetar el año de duración de sus contratos.
Tampoco ha contestado el Ministerio de Alberto Garzón a las denuncias presentadas por Facua el pasado diciembre contra 48 comercializadoras de luz y gas por no facilitar en sus webs un teléfono gratuito de atención al consumidor.
